(07 de febrero, 2014).- El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Jaime Cárdenas, advirtió que las reformas constitucionales que ha impulsado la administración de Enrique Peña Nieto sólo servirán para que la “oligarquía nacional y las empresas trasnacionales sobrepasen la soberanía con la que emergió la Constitución de 1917″.
“Nuestra Constitución no es más lo que fue. Hoy en día, sus elementos sociales y nacionales se han disminuido formalmente”, alertó.
De este modo, dijo, la única propuesta con contenido “social” –la legislación en materia política– al no haber incluido la revocación del mandato y diversos mecanismos que “alienten la democracia participativa”, sólo servirá para ahondar el divorcio de la sociedad civil y la clase política.
Este hecho se presentó en la propuesta de reelección que, más allá de la creación del Instituto Nacional Electoral, propuso y aprobó, de facto, ante la negociación del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Institucional (PRI), darle cabida a una consolidación de les élites políticas y la no rendición de cuentas.
“La reforma electoral no propuso, para contrarrestar los efectos nocivos de la reelección, instituciones como la revocación de mandato, tampoco se determinó la derogación del financiamiento privado. Ello significa que los que se reelijan serán los que tengan el respaldo de la clase empresarial nacional y trasnacional. Los reelectos serán instrumento de los poderes fácticos”, expuso Cárdenas en el foro “Análisis y perspectivas de la reforma política para el proceso electoral 2014-2015” realizado en la Cámara de Diputados.
Una prueba de ello fue la ausencia de mecanismos en los cuales se hiciera sólida la participación social más allá de los comicios y que fueran contrapesos a ambas cámaras y al Poder Ejecutivo, a los que incluso acusó de atravesar un “ethos de oligarquización”.
“No contamos con una democracia consolidada. Las estructuras políticas y electorales que anteriormente estuvieron al servicio de un partido hegemónico y de un hiperpresidencialismo, hoy en día están al servicio de los poderes fácticos nacionales y trasnacionales, y de las élites económicas y políticas que formalmente gobiernan”.
Las reformas fueron descritas como un “simulacro” democrático por el también ex legislador por el Partido del Trabajo (PT), quien estimó que para alcanzar un estatus de legitimidad tendrían que darle más claridad al artículo 39 constitucional, que si bien sigue vigente, no tiene un reglamento muy claro sobre las formas en las cuales la sociedad civil puede intervenir en los procesos políticos.
Para ello, propuso una reforma política de “gran calado” que contenga las figuras de referéndum, plebiscito, revocación de mandato, una iniciativa de legislación popular, auditoría social, un derecho de audiencia pública con funcionarios, la inconstitucionalidad por omisión legislativa, el derecho de resistencia, resistencia civil y pacífica, y la figura de amicus curiae para que los ciudadanos y sectores sociales se involucren en procesos judiciales, entre otras propuestas.
