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La protesta social en riesgo (Parte 1)

La protesta social en riesgo (Parte 1)

Por  Alejandro Melgoza Rocha

(17 de febrero, 2014).-  En palabras de algunos activistas, a partir de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el 1º de diciembre del 2012, su administración ha sistematizado una serie de mecanismos represivos que van desde el uso de agentes encubiertos, detenciones arbitrarias, encapsulamiento de movilizaciones, “golpes legales y extralegales”,  ataques a la prensa y uso “excesivo de la fuerza pública”, como parte de una campaña de “terror” en contra de grupos opositores al Estado, principalmente en el Distrito Federal.

Según la organización que vela por la libertad de expresión Artículo 19, aquel primer día de mandato se caracterizó por “el arresto arbitrario e ilegal de manifestantes y transeúntes, tortura y tratos inhumanos y degradantes de personas bajo resguardo policíaco, así como el uso desproporcional y generalizado de la fuerza por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal”.

Y es que ha transcurrido más de un año y esta variable ha persistido, de hecho se han repetido sistemáticamente en la Ciudad de México –el epicentro político del país y referente de las luchas políticas nacionales desde la década de los 80, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– con el aumento de presos políticos e incluso el asesinato del dramaturgo y activista, Juan Francisco Kuykendall, del cual, según activistas y especialistas, son responsables las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Miguel A. Mancera, jefe de Gobierno capitalino.

En entrevista para #RevistaHashtag el doctor Sergio Aguayo lanza su diagnóstico sobre el papel de esta administración priista en el tema de las movilizaciones sociales: “…aún sin haber una política de Estado como la hubo en la Guerra Sucia, ya que ahí sí era deliberada la eliminación por diferentes métodos a la oposición, sí es evidente que en México hay varios problemas. El primero: la cultura de los derechos humanos es muy superficial, porque la mayoría de las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y proteger a las víctimas no funcionan adecuadamente. El caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es clarísimo, no está funcionando porque han sido colonizados por los partidos políticos y los gobernantes”

Y continúa: “Segundo: porque quienes protestan en bastantes ocasiones no prestan atención a los derechos de los demás. Por ejemplo, los maestros de la CNTE tienen una causa justa y legítima, pero los métodos que emplean violan los derechos de terceras personas, eso muestra que hay áreas donde chocan derechos y el resultado es preocupante”.

Por otra parte, para el politólogo y activista, Nahúm Pérez Monroy, este primer año las protestas sociales se han caracterizado por tener “infiltración, provocación y represión”, principalmente en fechas conmemorativas como el 10 de junio o el 2 de octubre. Además, se cuenta con un nuevo factor que apenas se ha comenzado a mediatizar: la infiltración de “supuestos anarquistas”, los cuales le funcionaron al gobierno en diciembre para desestabilizar a la oposición.

“Hay grupos sospechosos como el Bloque Negro, grupos que nadie había visto y de repente surgen en la Ciudad. Por supuesto a los jóvenes se les hace atractiva esta idea, porque sí hay en sectores una simpatía, pero es una cosa muy distinta a que haya organizaciones. En México no hay organizaciones de anarquismo visibles”, explica.

Y agrega: “El surgimiento de estos grupos extraños viene acompañado de una estrategia mediática” cuya mecánica es buscar provocaciones con las autoridades y, de este modo, justificar el accionamiento de las fuerzas policiacas.

El 21 de marzo del 2013, el diputado del Partido  Acción Nacional (PAN), Jorge Francisco Sotomayor, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto que adicionaba el artículo 141 Bis del Código Penal Federal (CPF), donde se proponían penas de hasta una o dos décadas y suspensión de los derechos políticos por diez años a quienes lleven a cabo actos contra las personas, las cosas, servicios públicos o privados que “perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada”, especialmente en caso de que los manifestantes se encuentren encapuchados.

Para junio de ese mismo año, Artículo 19 realizó un análisis en el que señalaba: “…un ciudadano puede manifestarse con o sin ropa, en botarga o con la cara lavada, pero el derecho a mantener el anonimato dentro de una marcha con tintes políticos existe.No sería la primera vez que los individuos que se manifiesten públicamente sean fotografiados, fichados y posteriormente amenazados por órdenes de ciertos gobernantes en desacuerdo con manifestaciones en su contra”.

En ese sentido, no sólo se inició un proceso legislativo para, en palabras de manifestantes, “criminalizar” la protesta social, sino que además se empezó a implementar el uso de agentes encubiertos que se infiltraban durante las manifestaciones, o bien, en las asambleas o planeaciones de las mismas, tal como ocurrió con Manuel Cossío, actual director de Fuentes Abiertas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien,como ha sido demostrado, realizó una labor de espionaje sobre el movimiento #YoSoy132.

Para el politólogo Nahúm Pérez, existen dos tipos de perfiles:  Un tipo de persona infiltrada cuya función es ir a registrar, tomar constancia de “quiénes mueven, dicen y hacen”, sin embargo, es común que no digan palabra alguna; el otro es el de una persona más preparada, con habilidades para ir a hablar e intervenir una asamblea. “Son personas que en un momento determinado pueden llevar al movimiento a un choque precipitado”.

Lo anterior en cuanto al espionaje o desestabilización interna, no obstante, activistas refieren que la primera vez que operaron agentes encubiertos mediante golpes, detenciones y sometimientos haciéndose pasar por activistas fue el 2 de octubre del año pasado.

Después de tales sucesos, Héctor Serrano, secretario de Gobierno del Distrito Federal, negó en distintos medios de comunicación esta forma de operar. Sin embargo,   el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, mencionó que contaba con información que señalaba la participación de agentes de otras corporaciones no pertenecientes a la SSPDF. Finalmente, las autoridades de la Ciudad reconocieron que se trataba de policías vestidos de civil provenientes de la PGJDF.

En el informe del Centro Prodh titulado “Marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968 en 2013” se precisa que: “…lejos de las versiones contradictorias emitidas por las autoridades, no existe justificación para que agentes vestidos de civil realicen tareas de seguridad sin ninguna identificación, y menos aun cuando pertenecen a dependencias que se encargan de investigar delitos. De la misma manera, que personas vestidas de civil realicen agresiones y detenciones sin comunicar que son autoridades, sitúa a quien es detenido en una incertidumbre total puesto que no sabe si se trata de otro ciudadano que actúa por su cuenta o no”.

Y añade: “Contrario a lo afirmado por el Secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública, la Misión de Observación del Centro Prodh documentó que sí había elementos vestidos de civil de la SSP-DF. Asimismo, verificó que estas personas —que podrían pertenecer a la SSP-DF o a la PGJDF como reconoció el Procurador Ríos Garza— salían de entre los contingentes de granaderos y mantenían una coordinación operativa con éstos en la agresión y detención selectiva de personas”.

La documentación del Centro Prodh hace rememorar a Pérez Monroy un hecho desenvuelto durante el declive de la Huelga de 1999 de la UNAM: uno de sus amigos, Óscar Carrillo, iba saliendo de su casa y fue interceptado en Avenida Insurgentes por cuatro agentes vestidos de civil y armados, lo encañonaron e intentaron subirlo, pero él se aferró a una llanta para no ser llevado, no pasó a mayores. Tiempo después salió de México hacia Canadá. Allá se exilió.

A propósito de la Huelga, el también autor de la tesis “El movimiento estudiantil del CGH en la UNAM (1999-2000). Lucha de tendencias y defensa de la universidad pública” documenta en ella la irrupción de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) el 6 de febrero. El “Operativo UNAM” estuvo a cargo del general Francisco Arellano Noblecía, acusado de masacrar a campesinos del poblado de San Ignacio Río Muerto, Sonora. Este militar también fue quien llevó a cabo el mega operativo del 1º de diciembre del 2012 en la Ciudad de México.

–Por ejemplo, el operativo del 1º de diciembre fue comandado por el general Arellano, quien tiene un antecedente en Sonora, ¿por qué se ha encauzado a este tipo de cuadros militares para dirigir operativos en contra de manifestaciones? –es cuestionado el especialista en seguridad nacional del Colegio de México, Sergio Aguayo.

–Ahí nos vamos a otro problema estructural. El tema de quién comanda las corporaciones policiacas se relaciona con otra área del problema de la violencia(…) Las corporaciones con algunas excepciones están desfondadas por la corrupción del burocratismo y la ineficiencia, y desde hace muchos años la solución que encuentran los gobernantes es apoyarse en el Ejército y la Marina, y dada la estructura de carrera militar en la que se jubilan muy jóvenes es muy común el emplear cuadros militares en retiro para ocupar cargos en el área policiaca.

–¿A pesar de que tengan antecedentes?

–A pesar de antecedentes. Porque además los sistemas de rastreo de antecedentes son deficientes o inexistentes. Años después de que se desmanteló la Federal de Seguridad en el 85 algunos señalamos la importancia de hacer un registro de los agentes, y no se ha hecho.

–¿Hay alguna estrategia de contrainsurgencia implementada sistemáticamente?

–Hacia algunos grupos sí, depende el grado de radicalidad de los grupos opositores, definitivamente sí hay una lógica de contrainsurgencia en el sentido de contener.

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