Sólo 32 municipios de nuestro estado cuentan con un Atlas de Riesgo, documento que identifica las zonas de peligro latente y de alerta para autoridades locales y ciudadanos en casos de tormentas, ventiscas, deforestaciones severas y otras situaciones relacionadas con el medio ambiente.
De acuerdo con el director estatal de Protección Civil (PC), Carlos Mandujano, los Ayuntamientos, que son las primeras autoridades obligadas en la prevención, muestran poca cultura por tener programas de planificación con bajo riesgo, como los atlas de peligro, que no han sido prioridad para más de la mitad de las administraciones municipales.
En estos documentos se registra las zonas de deslaves, las de riesgo por inundaciones, e incluso agregan otro tipo de riesgos, como los químicos por la cercanía a talleres o zonas industriales, o líneas de conducción de alta tensión.
a pesar de que sólo 32 Municipios tienen un Atlas de Riesgos, Carlos Mandujano refirió que en casi todos los ayuntamientos, 108, se tiene un Consejo Municipal de Protección Civil, (en Cherán es denominado consejo Comunal de Protección Civil), con los que se apoyan en la coordinación para situaciones de emergencia.
Entre los municipios que no tienen un consejo de Protección Civil se encuentran Zitácuaro y Uruapan, ciudades con mayor densidad poblacional en Michoacán, y que además están en amenazas permanentes por su orografía.
En el caso de Uruapan ya se han registrado tragedias de deslaves y hay un riesgo permanente por que se han identificado socavones en varias calles de esa ciudad, aun así no cuentan con los suficientes esquemas de prevención.
Autoridades son indiferentes a la prevención
Por otro lado, sirven de poco los Atlas de Peligro y los Programas de Ordenamiento Urbano, las autoridades municipales no asumen la responsabilidad suficiente para hacer valer un programa de planificación, aun a pesar de que cuentan con esos documentos suelen ignorarlos, como ocurre constantemente en Morelia a la hora de otorgar licencias de fraccionamientos nuevos, o regularizar asentamientos ilegales.
Lo que ocurrió la noche del lunes y la madrugada del martes pasados, se debió en parte a que se permitió construir un fraccionamiento justo donde corre el caudal de agua que se acumula de la falda norte del Cerro El Quinceo, urbanización que no se debió permitir para evitar situaciones de peligro.
A pesar de ello las faltas de prevaricación no son perseguidas, de acuerdo con el Secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, la planificación urbana y la prevención de riesgos no es un tema de observancia obligatoria.
Incurren en prevaricación urbanística la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en
A pesar de todo ello, no pueden ser casita¡dados o fincárseles delito por desacato, “no podemos obligar a nadie, pero recurrimos a la responsabilidad institucional de cada quien”, apostó el Secretario Pascual Sigala.
