HomeDerechos HumanosMayoría de la Corte contra derechos de mujeres, rechaza se legisle a favor del aborto

Mayoría de la Corte contra derechos de mujeres, rechaza se legisle a favor del aborto

Morelia, Michoacán.- Por mayoría los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallaron contra los derechos de las mujeres al cerrar la posibilidad de ordenar al Legislativo garantizar en el Código Penal de Veracruz el derecho al aborto.

Con cuatro votos en contra y uno a favor, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carracá sobre el amparo en revisión 636/2019 fue desechado, por lo que se determinó que uno de los ministros que integran la mayoría en contra, elabore otro proyecto sobre el caso.

González Alcántara planteaba en su proyecto de sentencia que penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres, por lo que ordenaba al Congreso de Veracruz reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de ese Estado.

Cabe recordar que este asunto fue promovido en Veracruz por los colectivos feministas en el marco de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado en esa entidad, que incluía entre otras acciones la petición al Congreso local para reforma el Código Penal de ese estado para garantizar el derecho al aborto, cosa que no ocurrió.

Durante la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte, la primera en pronunciarse contra el proyecto de sentencia elaborado por González Alcántara, fue la ministra Norma Lucía Piña Hernández quien consideró que no existe omisión legislativa por parte del Congreso de Veracruz ya que el asunto sí está regulado con un sistema de causales, “por tanto en el proyecto no se pretende reclamar una omisión legislativa propiamente, sino que no se legisle para que se permita el aborto”.

Consideró que no existe ningún ordenamiento que permita a la Corte obligar al legislador a legislar en algún sentido, “la Corte no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico, porque no existe un mandato que lo ordene, eso corresponde a la discrecionalidad legislativa”.

Piña Hernández recalcó que la Corte –en el caso de proceder el proyecto de sentencia- incurriría en el llamado activismo judicial que desbordaría en mucho las facultades judiciales de la Corte.

Luego tocó el turno a la ministra Ana María Rios Fajart quien también se pronunció contra el proyecto de sentencia: “no hay omisión legislativa por que la norma si existe, la norma no está impugnada como tal sino una presunta omisión; no existe un mandato específico para legislar en un sentido específico, este es un problema de técnica jurídica para mí y por tanto no comparto el proyecto”.

Sin abundar mayormente a lo dicho por ambas ministras, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se pronunciarían contra el proyecto de sentencia y su sobreseimiento.

Al hacer uso de la voz el ministro Juan Luis González Alcántara Carracá rechazó que el asunto no fuera procedente, “la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas; esta Primera Sala cuenta con antecedentes al respecto, y las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres”.

Agregó que al satisfacerse los requisitos de procedencia, y ya que las obligaciones convencionales contraídas por el Estado Mexicano vinculan a todas las autoridades en el ámbito de su competencia “sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo.

“Si entendemos el control de convencionalidad como una concreción interpretativa y jurisdiccional de la obligación de garantía en lo que respecta a los derechos humanos, entonces la propuesta de proyecto es una de las maneras en las que éste máximo Tribunal cumple con sus obligaciones para preservar la regularidad del orden interno en atención al parámetro de control constitucional”.

Recordó que los tratados internacionales son claros y categóricos, ya que existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias o sean fuente de violencia en contra de las mujeres.

Tu opinión es importante:

comentarios

Comparte en: