Al presentar el Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que depende de la subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob)- representantes de organizaciones civiles consideraron que a tres años de su creación, la actuación del Mecanismo es insuficiente, carece de voluntad política y respaldo financiero, por lo que la violencia contra ambos gremios es aún más preocupante.
Fernando Ríos, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, señaló que el contexto en que desarrollan su trabajo los periodistas y defensores, es uno “México violento y bárbaro”, sin garantías de seguridad para quienes “muestran el dolor de la gente a través de su voz, que denuncian las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
Subrayó que entre las agresiones que más frecuentemente se producen destaca las intervenciones telefónicas, amenazas, allanamientos, procesos de vigilancia, ataques digitales, campañas de desprestigio, desapariciones forzadas, intento de asesinatos y asesinatos, perpetrados principalmente por caciques locales, empresas transnacionales, funcionarios de los tres niveles de gobierno, crimen organizado e incluso algunas asociaciones religiosas.
“Notamos que hay un incremento de estos hechos que acusan de ser aislados, pero son sistemáticos, especialmente en ciertos grupos que defienden sus intereses económicos…el Estado es quien criminaliza a personas defensoras de muchos modos, incluso a través de la justicia penal, no es raro que se les denuncie penalmente o que se les encarcele”, abundó Ríos.
Los comunicadores de medios locales, especializados en temas de seguridad y justicia, son quienes figuran entre los que están mayormente expuestos a las agresiones y los perpetradores, son generalmente quienes deberían brindar seguridad.
Defensores asesinados
En su participación, Pilar Tavera, de Propuesta Cívica, denunció que de acuerdo a datos de la organización Acude y del Comité Cerezo, de junio de 2012 a mayo de 2015, 32 defensores de derechos humanos han sido asesinados, víctimas de su labor profesional.
En tanto, el Mecanismo reportó que 50 % de las solicitudes que recibió a partir de 2012, se concentraron en agresiones presentadas en cinco entidades: Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, estado de México y Oaxaca; de este total, 54 % se concentró en la Ciudad de México, Edomex, Chihuahua y Guerrero.
“Hay una debilidad del Mecanismo por la falta de claridad en los criterios para admitir casos, no se conoce las causas por las que se toma la decisión de aceptar o rechazarlos”, apuntó Tavera.
Una vez que se logra entrar al Mecanismo, la medida más implementada es la distribución del “botón de pánico”, que ha demostrado ser inservible, aun cuando anualmente se paga a una empresa privada 1.6 millones de pesos por ellos.
“Es una medida que se implementa fácilmente, pero que no ofrece ninguna protección, pues no reaccionan los cuerpos de seguridad ni los números telefónicos de emergencia que supuestamente el botón de pánico debería garantizar”, explicó.
La tercera medida más aplicada es la asignación de escoltas; sin embargo, el problema de su implementación ha surgido a raíz de que son personas contratadas a empresas privadas que carecen de entrenamiento para proteger a los defensores de derechos humanos, por lo que el resultado es que crean una burbuja donde el defensor o el periodista queda totalmente aislado.
Falta de voluntad política
En su participación, Iván Báez, de Artículo 19, apuntó que la existencia del Mecanismo de Protección constituye en sí mismo, un reconocimiento de que el Estado falló en su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
“Existe falta de voluntad política ante un contexto adverso, de violencia contra el ejercicio de la defensa y promoción de derechos humanos, así como de la prensa, se necesitan medidas de prevención y protección que aseguren no solamente el ejercicio de estas funciones, sino el derecho de la ciudadanía de exigir justicia”, detalló.
Agregó que además se carece de transparencia y rendición política del gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, pues no genera información proactiva; es decir, “no solamente la que está obligado conforme a la ley de transparencia, sino que de forma transparente, brinde información a la sociedad y a las personas, sobre la política pública en materia de promoción de derechos humanos, específicamente, prevención y protección de defensores de derechos humanos y periodistas”.
Báez apuntó que en el mismo tema, es necesario que la federación asigne recursos económicos, técnicos, materiales y humanos suficientes para atender la situación de violencia y el incremento sostenido contra la prensa y defensores de DD.HH, además de la indispensable creación de la llamada “Tercera Unidad”, encargada de diseñar la política nacional para atender este tema, así como sistematizar la información que sirva para evaluar su desempeño.
Llamado a instituciones y medios
En su participación, Balbina Flores, relatora de libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), narró que tuvo que solicitar el apoyo del Mecanismo de protección de la Segob, pero “no es algo que les deseo por ser una situación muy complicada”.
Agregó que el incremento de amenazas hacia periodistas y defensores de derechos humanos se ha vuelto una práctica común, que genera que el ejercicio del periodismo en México se haya convertido en una actividad de alto riesgo.
“Un tema fundamental es el del seguimiento a las recomendaciones y a las medidas de protección…he estado bajo las medidas de protección, o todavía lo estoy, no sé, desde hace más de un año, y una de las medidas que se estableció fue hacer un análisis sistémico sobre las medidas de seguridad en las oficinas donde realizaba mi trabajo como corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México y les puedo decir que hasta este momento, ningún área del mecanismo me ha contactado para decirme qué pasó con ese estudio”, señaló Flores.
La funcionaria agregó que las comisiones de derechos humanos estatales deben asumir su responsabilidad, al igual que los mismos medios de comunicación y alertó sobre las “crisis mentales” que presentan los periodistas y que no han sido siquiera consideradas por el mecanismo, lo que podría generar en una grave crisis de salud.
En su participación, Javier Hernández, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apuntó que la presentación de este diagnóstico muestra la madurez de la sociedad civil que hace una crítica fundamentada, pero que propone y apuesta porque las instituciones funcionen de la mejor manera posible.
