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En Michoacán acciones de paz artificiosas, ornamento ajeno a experiencia internacional

En Michoacán autoridades estatales y municipales han emprendido acciones de paz artificiosas, basadas en el ornamento, la carcasa y la ficción, lejanas a la experiencia internacional para la pacifiación de regiones, territorios y naciones en su conjunto.

El Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Michoacán, presentado el pasado 15 de septiembre por las autoridades estatales y los sectores que le son afines y que –escénicamente hablando- forman parte del reparto cotidiano que atiborra el presídium de los eventos del Titular del Ejecutivo del Estado, Silvano Aureoles Conejo, tuvo como una de sus dos características centrales la ausencia de la sociedad, de sus organizaciones defensoras de derechos humanos, de los familiares de víctimas y de las víctimas mismas.

La otra característica central fue el discurso de revictimización reincidente en los oradores, con números emitidos desde la primera intervención como mandamientos de origen y causa, “en Michoacán nueve de cada diez personas asesinadas presentan algún tipo de tóxico en su torrente sanguíneo”, lo que a bote inicial da pie a la grave lectura de que las víctimas de homicidio en el estado, lo son por ser consumidoras de estupefacientes.

De acuerdo con el reporte “Michoacán, Dejavú de la violencia”, de la organización México Evalúa, entre octubre de 2015 –inicio de la administración silvanista- a mayo de 2019, Michoacán registró cinco mil 565 casos de homicidios dolosos, lo que equivale a 127 cada mes, esto es, en promedio un homicidio cada seis horas.

La tasa de homicidios por arma de fuego en Michoacán durante la actual administración ha ido al alza de manera constante y está por encima de la nacional. En 2015 el porcentaje de homicidios con arma de fuego en el estado fue del 58.9% que, para 2016 subió a 67.7%; en 2017 alcanzó el 79.5%, y para 2018 el 79.8%. En mayo de 2019 el porcentaje ya se había elevado al 80.2%.

El Índice Global de Impunidad de México, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara Federal de Diputados, reporta que en el caso de Michoacán los retos más grandes se encuentran en la dimensión funcional del Sistema de Seguridad y de Justicia.

“Del total de averiguaciones previas por homicidios, sólo se encarcela al 4% de ellas. Esta cifra es la más baja a nivel nacional, lo que podría sugerir que un porcentaje de los presuntos inculpados permanecen en las calles y que el sistema de justicia carece de capacidades para desarrollar su labor”.

El combate a la impunidad lejos de estar en el centro del discurso gubernamental para un camino hacia la pacificación, ni siquiera es aludido en su Acuerdo para la Paz y la Reconciliación, en donde la óptica sobe el “origen del mal”, radica en las adicciones.

La Marcha por la Paz realizada en la capital michoacana este sábado 21 de septiembre, fue medida de ornato convocada por el Ayuntamiento de Morelia que encabeza Raúl Morón Orozco, para evidenciar preocupación por la violencia y la criminalidad en el municipio, y que de fondo se observa como una reacción pragmática frente al costo político de la crítica social por la inacción y falta de efectividad de las autoridades locales en materia de seguridad.

El uso de las estructuras gubernamentales para aparentar fuerza y suma social, es medida repetida en la práctica política nacional e internacional, y el sábado no fue la excepción en el centro moreliano, tan escénicamente montado que a la vanguardia fueron colocadas tres personas con discapacidad, para demostrar inclusión y participación diversa en el evento.

Morelia se encuentra entre los 60 municipios con mayor índice de violencia en el país, conforme a los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., y es uno de los 14 municipios del estado con Alerta de Violencia de Género a las Mujeres.

De acuerdo con Semáforo Delictivo Nacional, Morelia está en rojo en cuanto homicidios, secuestros y narcomenudeo, y amarillo en robo a casa, lesiones, violación y violencia familiar. Reporta también que la capital michoacana va a la cabeza en número de secuestros en el ámbito estatal. Estos datos son conservadores, ya que parten sólo de las denuncias presentadas.

En Michoacán desde 2016 fue aprobada por el Congreso del Estado la Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia en Michoacán, que permanece como letra muerta, y ni siquiera es aludida por las autoridades estatales en sus discursos o en el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación.

La norma nació de origen como una herramienta para la promoción política de su impulsor, el priista Wilfrido Lázaro Medina –diputado en la LXXIII Legislatura local-, a quien el empuje sólo le dio para la aprobación de la norma y su promulgación en un evento oficial con el gobernador en septiembre de 2016.

La discusión de la Ley y las acciones de consulta realizadas para su elaboración, fueron limitadas, con sectores y organizaciones afines a su impulsor; la ausencia de una discusión profunda y clara sobre los contenidos y alcances fue la característica.

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