Desde la supuesta “guerra contra el narcotráfico” que implementó el gobierno panista a cargo de Felipe Calderón, y la suma del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, mostró la cara oculta de un sistema inestable en materia de seguridad y violación a los derechos humanos .
La directora en México de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa, advirtió que en entidades como Guerrero, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y el propio Distrito Federal, se registran decenas de desapariciones de mujeres que son perpetradas por el crimen organizado, las cuales no se denuncian ni se investigan por temor a los integrantes de estos grupos delictivos.
“Lo que más angustia y nos preocupa es cuantas personas se han ido a fosas comunes sin que hayan sido debidamente identificadas y cuantas otras más no las vamos a encontrar porque están en fosas clandestinas, estamos encontrando fosas clandestinas en todo el país”, sentenció.
Éste organismo se ha encargado del cumplimiento en la búsqueda y acompañamiento de decenas de familias con hijas desaparecidas, ante el temor de que las víctimas sean objeto de los delitos de trata de personas y explotación sexual.
Los hechos recientes sobre el ataque a los estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, mostraron la irresponsabilidad de las autoridades mexicanas, así como la falta de investigación en el reconocimientos de las víctimas encontradas en las recientes fosas clandestinas, es por eso que la directora de la organización mencionó que esto “no es un caso aislado”.
“Estamos aquí pidiendo justicia para todas las mujeres desaparecidas, todas las personas desaparecidas y también exigiendo la presentación inmediata de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, entendemos el dolor de sus madres, porque acompañamos a muchas madres que buscan desesperadamente a sus hijos”, exclamó durante una manifestación realizada frente a la sede principal de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir la presentación con vida de los normalistas.
La fallida administración de Peña
“A comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26.000 personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 , un problema que calificó como una ‘grave crisis humanitaria’, y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
No obstante, el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto. El sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos, y se asegura así su impunidad.
Las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas”, así condenó el mandato de Enrique Peña Nieto, la organización internacional Human Rights Watch.
