Morelia, Michoacán.- Habitabilidad por debajo de la mínima requerida, ubicación en zonas de riesgo y procesos inconclusos de adjudicación de la propiedad de la tierra son algunos de los factores que dificultan la regularización de asentamientos en Morelia.
La directora de Orden Urbano, de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, Gladys Butanda, dijo que en Morelia se encuentran alrededor de 250 asentamientos irregulares, pero sólo 13 tienen un procedimiento de regularización ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) en continua actualización.
Esto obedece, explicó, a que son varios los requisitos que impone la ley para la regularización de colonias, y es complicado que los asentamientos los cumplan.
Así, la norma establece que un asentamiento debe estar habitado en 65 por ciento, como mínimo, para iniciar el trámite de regularización, pero líderes de asociaciones y organizaciones relacionadas con la promoción de la regularización de vivienda recurren a la simulación, como lo muestran los operativos sorpresa del municipio, donde se detecta que son menos las casas realmente habitadas que las reportadas.
La instalación de un asentamiento en una zona de riesgo, como márgenes y cauces de ríos; zonas de deslaves; laderas inclinadas; propiedad federal; cercanía con líneas de gas, agua, electricidad o férreas; áreas bajas, entre otros, impide de manera definitiva la regularización de una colonia, debido a la amenaza que representa para la integridad física y patrimonial de la población.
Por estas causales, el asentamiento irregular de Presa de los Reyes es calificado como uno de los más riesgosos para la población residente, ya que se localiza en un sitio que el agua reconoce como su cauce natural, por lo que no es susceptible de regularización.
Finalmente, Gladys Butanda mencionó que algunos ejidatarios fraccionan sus tierras e inician la comercialización de las mismas en el régimen de pequeña propiedad, sin concluir el procedimiento y sin que tenga seguimiento por parte de sus descendientes, ante lo cual los compradores no pueden acceder a licencias de construcción o servicios básicos urbanos al no acreditar debidamente la legal propiedad.
