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Necesario reparar el daño a víctimas de corrupción: Enrique Zepeda

Necesario reparar el daño a víctimas de corrupción: Enrique Zepeda

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Michoacán ocupa el cuarto lugar nacional en prevalencia de la corrupción, de tal suerte que por cada cien mil habitantes 16.3 mil son víctimas de esta práctica, recuerda el diputado local de Morena, Enrique Zepeda Ontiveros.

Modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, es la iniciativa elaborada por el legislador quien propone modificaciones a la norma para que se finquen responsabilidades resarcitorias a los servidores públicos que victimicen, discriminen o atenten contra la integridad física y moral de los solicitantes de un servicio público.

Las facultades para constituir responsabilidades resarcitorias se prevé prescriban en la misma forma y plazos aplicables a la prescripción de créditos fiscales y las que determinan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la iniciativa de Zepeda Ontiveros se definen como responsabilidades resarcitorias, aquellas que se susciten cuando se cometa desistimiento e irregularidades de las funciones en el detrimento de las autoridades garantes o de los recursos públicos, con las que se obtenga beneficio económico o se causen daños o perjuicios cuantificables pecuniariamente o agravio moral, físico, psicológico a la persona.

La obligación resarcitoria será de manera económica, según sea el grado, cuando el daño sea comprobado ante los órganos competentes, y en caso de que el servidor público no cumpla, el Órgano Gubernamental en el que se desempeñe deberá solventando de manera expedita la obligación para la reparación del daño.

El legislador señala que ya existe un la ley que sanciona a servidores públicos, pero en la mayoría de su articulado solo castiga actos por incumplimientos, irregularidades o disposición de los recursos públicos, que causan daños o perjuicios cuantificables pecuniariamente, es decir que solo se preocupa por el daño económico o administrativo dentro de sus instituciones públicas, pero no se ocupa del perjuicio a una persona física quedando en total impunidad el agravio a sus derechos como ser humano.

“¿De qué nos sirve tanto discurso demagógico sobre la protección a estos derechos si en la práctica se siguen cometiendo actos de vejación al ciudadano?, por eso es fundamental la armonización y concordancia en el articulado de esa ley, para con ello reforzar su objetivo y contribuir a dar más contundencia a las medidas precautorias y sancionadoras que ya existen y aplicarlas a aquellos servidores que osen violar tales normas”.

Subraya que el hecho de que no se hable de manera clara en la ley, da pie a que trabajadores de cualquier institución pública “¿y por qué no decirlo?, los mismos representantes de elección popular, incurran en actos deshonestos hacia las personas que acuden con la esperanza de ser atendidas de la mejor manera, esperando no ser parte de los números de víctimas de corrupción o de un maltrato psicológico que se ejerce por parte de servidores.

“El aplicar de manera tajante sanciones que obliguen a resarcir el daño, contribuirá a respetar al ciudadano que solicita de los servicios públicos, llevará a crear conciencia de los efectos por sus actos y ayudará a entender que el ser un servidor, tiene una doble responsabilidad”.

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