Rosario Herrera Guido
La condición femenina,
el acceso de la mujer a la dignidad,
al trabajo, a la personalidad,
será el tema central del siglo XXI.
Susan Sontag
En el horizonte del Convenio de Intercambio con la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujeres y el Acuerdo de la Red de Equidad de Género de Norte a Sur, CAMVI, DIHLEMA, Mujeres Emprendedoras, Universidad Autónoma de Chapingo y Académicas, al que se suman diversas redes contra la violencia hacia las mujeres de América Latina, nos sumamos a la Protesta Latinoamericana de este 3 de julio, con luto y con rabia, por las 27 mujeres asesinadas en 2015 en Chile, desde Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puerto Montt, Quintero, Copiapó, Osomo, Punta Arenas y otras ciudades de Chile, con la solidaridad de Argentina, Uruguay, Brasil y México, porque el machismo mata. Desde Michoacán, como parte de la Red por la Equidad de Género de Norte a Sur, con nuestras marginadas, excluidas, maltratadas y asesinadas, además de la Alerta de Género sin resolver. Porque una sociedad indiferente a los asesinatos de las mujeres es una sociedad feminicida.
En el sombrío tiempo político de México, un noble brillo llega a alumbrar esta larga noche de autoritarismo y corrupción, con la obra de Patricia Olamendi Torres, Las mujeres en la legislación mexicana (Porrúa, 2006), y que Miguel Ángel Porrúa tuvo el gesto de publicar en dos tomos. Los libros de Patricia Olamendi están tan cuidadosamente elaborados que han trascendido el ámbito nacional, al menos en Latinoamérica, pues promueven tanto los derechos humanos en general como los derechos de las mujeres, ya que contienen leyes internacionales, tratados y convenios que se pueden aplicar en otras naciones, en armonía con las legislaciones de los respectivos países. Patricia Olamendi Torres, licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana, ha sido subprocuradora de atención a víctimas a nivel federal y subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La obra de Patricia Olamendi ve la luz a 60 años de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) viene construyendo organismos e impulsando en todas las naciones los derechos humanos. Aunque la lucha continúa, pues falta mucho por hacer. Es preciso dar un gran paso en la equidad de género, el acceso no sólo al derecho al voto sino al respeto al voto y a elecciones transparentes y legítimas, ahora más que nunca, al ejercicio pleno de las libertades, capacidades y derechos de las mujeres.
Por ello, en los dos volúmenes de Patricia Olamendi no hace falta ninguna ley. Es un esfuerzo digno de reconocerse, ya que pocas legisladoras, abogadas y luchadoras sociales se dan a la tarea de realizar un trabajo de tanta precisión y calidad. Y es que hay una falta de información y aplicación de la ley, que se hace cada vez más notable en México, pues los jueces no sólo se rigen por la ley del tortuguismo, sino que desprecian la perspectiva de género y odian inconscientemente o concientemente a las mujeres.
La debilidad de la ley se percibe desde el momento mismo en que se pone la denuncia, porque el policía o el ministerio público no le dan el valor que necesita tal denuncia. Tratan la acusación como un problema familiar: ¡que laven los trapos sucios en casa! Pero si hay un delito, no importa que sea el padre, el hermano o el marido. Hay que educar en los derechos, pero también en las obligaciones; educar en las leyes que estamos todos y todas obligad@s a respetar. En cuanto a los encargados de la aplicación de la justicia, su máxima responsabilidad es aplicar la ley.
En el México de hoy, lo único que puede educar en la ley, en el reclamo de los derechos y la denuncia, es su aplicación y ejercicio. Pero si a la negligencia y la corrupción de los responsables de la aplicación de la ley, se suma la indiferencia de la sociedad en general, el resultado es el actual escenario catastrófico de corrupción y descomposición moral de la sociedad mexicana.
La tarea más importante de Patricia Olamendi es hacer público lo que por malos usos y viciosas costumbres se pretende mantener en la oscuridad, dado que una de las grandes debilidades de los gobiernos, en especial en América Latina, México y Michoacán, es ratificar tratados sin divulgar de qué tratan y menos educar a la población en su aplicación. Patricia Olamendi abre las ventanas de México y del mundo para mostrar todo lo que tenemos y cómo se puede aplicar. Una tarea monumental en la que Olamendi se entregó a la labor de comparar las leyes internacionales y las nacionales, enfrentando el problema más serio que tiene la legislación mexicana: que los jueces y los magistrados entiendan el espíritu de construcción de los tratados de los derechos humanos, para que no haya jerarquización, pues la aplicación del tratado de los derechos humanos es una obligación del Estado para con sus ciudadanos, por lo que no cabe cuestionarse que formen parte de las garantías individuales y los derechos que tienen que proteger a las personas.
La discusión en torno a si los derechos humanos están por debajo de la Constitución, ha conducido a una discusión absurda. Una discusión que en México no es evitable, pues en la aplicación de nuestra Constitución los derechos humanos se ponen por debajo los tratados internacionales. Un conflicto de interpretaciones de la ley, que siempre llega al Congreso, para que se resuelva en el marco del artículo 133: “que los tratados que protegen los derechos humanos tienen el mismo nivel constitucional”. Con lo que se gestaría toda una revolución: los tratados que protegen los derechos de las mujeres son tratados de los derechos humanos.
Pero parece que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia no tienen ni la menor idea de lo que pasa en la vida de las mujeres, incluso que el significante mujer ha sido expulsado de sus estructuras mentales. Para prueba un botón. En 1993 se enfrascaron en una discusión estéril en torno a si había o no violación en el matrimonio; un alegato al que le pusieron fin en 1995, al decidir, después de dos años de reformas en cada uno de los estados, que sí había violación en el matrimonio. Una locura provocada por desconocimiento o ¿por las desagradables experiencias fantasmáticas o reales, con sus madres, hermanas, novias, amantes o esposas?.
Los mórbidos magistrados por un lado avanzan y por otro dan pasos agigantados de cangrejo, puesto que después del gran logro de que la violencia se considerara como una de las causales de divorcio, determinan que “hay que endurecer los requisitos”. A la de por sí traumática vivencia del divorcio para toda la familia, se agrega el calvario que los sádicos magistrados han sacado de sus negras togas. Los brunos magistrados no pueden evitar elevar a estatuto de ley sus traumas personales, pues los proyectan y los exhiben en sus decisiones jurídicas, al insistir en el desprecio y la discriminación de las mujeres, a través de sus bellacas conductas dignas de ser denunciadas como violencia institucional ante las cortes internacionales.
Una protesta latinoamericana que se da en el marco de la Alerta de Género en Michoacán presentada a través de la solicitud de Humanas, A. C., y atendida por la Secretaría de Gobernación y el Instituto de las Mujeres, con la participación de las autoridades del Gobierno de Michoacán y la Academia. En un contexto de violencia y extrema pobreza —como dice Miriam Núñez Vera, miembro del grupo de Trabajo— que profundiza desigualdad y la inseguridad para la población, en particular de las mujeres y las niñas, pues la violencia hacia este sector social se viene incrementando en 2013 y 2014. Un dramático escenario donde son exponenciales diez municipios con altos índices de violencia, como Lázaro Cárdenas, Uruapan Tacámbaro, Zitácuaro, Los Reyes y Morelia.
La Respuesta y las Recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Género contra las mujeres en el Estado de Michoacán es alarmante y contundente: 1) es urgente atender el contexto de pobreza y desigualdad; 2) las instituciones requieren capacitar a su personal; 3) urge revisión las leyes; 4) el Sistema de Salud requiere de un registro de la violencia de género, en el marco de la Nom 046; 5) es preciso realizar estadísticas de la violencia de género, pues sólo se archivan los casos; 6) es necesario que en el Sistema Judicial se aplique la ley, desatendida por incapacidad, misoginia y sexismo en el sistema de impartición de justicia. El 7 de octubre del año en curso vence el término para que el Gobierno de Michoacán atienda las recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Atención de la Alerta de Género, pero como salta a la vista que la contienda electoral 2015 es más importante y trascendente, la violencia de género sigue su curso sin reparar en obstáculos. Vamos a ver cómo y en qué puntos de la Agenda de las Chilenas y las Latinoamericanas nos encontramos con los mismos escollos, pero con luchas y salidas comunes. ¡Ni una menos! ¡El machismo mata!
