La Universidad Michoacana requiere de un rector que sea un “político hábil”, capaz de negociar mejores condiciones para los intereses institucionales, con “sensibilidad hacia la comunidad” y mantenerse lejos de compromisos con los sindicatos, perfil que no se percibe en los más de 30 aspirantes al cargo a renovarse el 8 de enero próximo, consideró el analista Eduardo Nava Hernández, quien pondera como uno de los retos principales de quien lo asuma el atender una problemática financiera que hasta el momento no tiene una solución de fondo ni desde la federación ni del estado, además de resolver las crisis moral y política que la aquejan.
Profesor investigador de la Facultad de Economía, integrante del Frente en Defensa de la Universidad Pública y miembro del Sindicato de Profesores (SPUM), Nava pondera que el proceso de sucesión “no representa ningún avance democrático” al concentrarse en la decisión de los ocho integrantes de la Comisión de Rectoría (cinco de ellos ex rectores), escenario en el que reconoce que aunque se debe insistir en derogar el artículo VIII de la Ley Orgánica que establece las atribuciones de la figura, “ojalá y esta sea la última vez que sea quien nombre al rector”. Al proceso de designación lo califica de falta de seriedad dada la opacidad bajo la que se conduce y en donde no hay en su treintena de aspirantes de que se habla, el perfil que debe corresponder al momento que vive la centenaria institución.
“Llegamos a la sucesión de Rectoría en las mismas condiciones que hace 32 años”, dice respecto a la vigencia de la Comisión desde 1986, “pero también de la influencia de factores externos y los intereses de los propios miembros de la Comisión de Rectoría, de tal manera que este proceso no tiene nada de diferente con respecto de los que hemos visto anteriormente y no podemos sino esperar una designación nuevamente bajo ese parámetro y esas coordenadas, donde se plasmarán los intereses de grupos dentro de la Universidad y fuera de ella, nada de avance democrático, se margina a toda la comunidad de participar en esa designación”.
Pese a la “situación trágica casi que está viviendo la Universidad, una crisis moral, una crisis política y también financiera”, afirma que sorprende el alto número de aspirantes que se dice buscan ser tomados en cuenta por la Comisión, “se dice que más de 30, aunque no sea una certeza ya que la propia Comisión no hace público el número” y que quienes han trascendido no tengan “méritos académicos y proyectos para encabezar a la Universidad; la gran mayoría que se han manejado en columnas políticas o de los pocos que han hecho pública su aspiración, no tienen ningún mérito sobresaliente”.
El nuevo rector, considera deberá seguir enfrentando la crisis financiera como una prioridad importante ya que no hay “una solución de fondo al no asignarse un presupuesto suficiente desde la federación ni del estado; cierto que se apoyó con 500 millones de pesos de recursos extraordinarios del gobierno federal para cubrir parte de los adeudos del 2018, pero no hay solución de fondo, entonces sí se puede prever que los escenarios para el último tercio del 2019 sean muy similares a lo que hemos vivido al final del 2018”.
El soporte financiero de la Universidad, señala, “lo tiene el gobierno federal, ya que este aporta el 70 por ciento de las asignaciones y el estado y el Congreso, el 30 por ciento restante”, donde se podrían dar algunas “medidas parciales que podrían mitigar un poco la situación financiera”, en la que señala que si bien es cierto que los recortes que ha sufrido la institución “han sido reales”, se debe atender también la mala administración que recibieron los recursos y alude a las observaciones al rector Medardo Serna González que desde el 2015, cuando asumió el cargo, le realizó hasta el 2018 la Auditoría Superior de la Federación y que a su juicio “no resolvió el problema, ha hecho muy poco; él comprometió ante el Congreso estatal una reingeniería administrativa que no realizó y simplemente se limitó a elaborar un nuevo organigrama, además de reformar, a espaldas de los trabajadores, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y tampoco lo hizo, de tal manera que traicionó a la Universidad, a los trabajadores y a los diputados de la Legislatura, que a su vez procedieron a reducirle la asignación presupuestal a la Universidad”.
El nuevo rector, reitera, “tiene que ser un político hábil, se ha ponderado muchas veces el aspecto académico, debe reunir los dos aspectos, pero también alguien con sensibilidad política hacia los sectores que componen la comunidad universitaria y con habi9lidad para negociar ante las instancias de gobierno los intereses propios de la Universidad sin desapegarse de ellos, pero no vemos en los aspirantes ningún compromiso en ese sentido; lo que vemos es que plantean cuestiones secundarias, ninguno se compromete con los sindicatos, por ejemplo, a preservar los derechos laborales ya establecidos; no vemos una defensa activa de las casas del estudiante y de la propia autonomía de la Universidad, que incluye la autonomía presupuestal. Se presentan más como administradores, más que como representantes de la comunidad, ese es el común denominador”.
