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Once mujeres logran siete sentencias de la CIDH por el caso Atenco

Once mujeres logran siete sentencias de la CIDH por el caso Atenco

Cerca de cumplir los 12 años, el caso Atenco que han mantenido vivo once de más de 50 mujeres violentadas en los hechos del 3 de mayo del año 2006, ha recibido siete sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con carácter obligatorio y vinculante hacia el gobierno mexicano, señaló Stephanie Brewer, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En una conferencia dictada en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, Brewer señaló que el caso llegó a los foros internacionales toda vez que desde los hechos hasta hoy, los organismos responsables en el país no han logrado la plena sentencia a los policías involucrados en los incidentes de la fecha, cuando tras un desalojo de vendedores ambulantes en el mercado municipal de Texcoco se generó una movilización apoyada por integrantes de organizaciones sociales y universitarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con la intervención de las policías estatal y federal.

Estas corporaciones tras replegar a los manifestantes hasta el centro de Texcoco, en un edificio retuvieron a quienes se encontraban en el interior y los remitieron detenidos como participantes en la movilización, que incluyó un bloqueo carretero por parte de los manifestantes. De estos detenidos, 200, más de 50 eran mujeres, quienes fueron transportados en camionetas y camiones hasta el penal de Santiaguito, en el estado de México. Fue en el trayecto hacia el penal cuando las mujeres fueron ultrajadas emocional y físicamente, violadas, ante la vista de todos.

Finalmente, fueron acusadas de ataques a las vías generales de comunicación -aunque no participaron en las movilizaciones, en su mayoría eran gente ajena al Frente y a las protestas-, en otros casos de delincuencia organizada, secuestro, ultraje y motín, delitos que, dijo la responsable del área Internacional, podrían ser motivo de otra conferencia para analizar el cómo se criminaliza la protesta social. Desde 15 días hasta más de 2 años, fue el tiempo que estuvieron privadas de su libertad, “defendiéndose, buscando demostrar su inocencia”, y aunque hoy están reconocidas como inocentes de los cargos que en su momento les imputaron, tuvieron que pasar por la revictimización de las autoridades, que primeramente insistieron en negar los hechos y luego las sometieron a tres peritajes “ultrajantes”.

De las 50 mujeres violentadas, más de la mitad denunció violencia y tortura sexual, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en tanto que un grupo más reducido, de 15, lo hizo ante la fiscalía de atención a delitos por violencia de género de la Procuraduría General de la República, y un grupo más reducido, las once del caso que expuso Brewer, se decidieron por ventilarlo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Brewer señaló que en el año 2008, las mujeres acudieron a la primera instancia del Sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio entrada a los casos en el 2012. En su informe o sentencia, la CIDH emitió en 2015 siete sentencias de carácter vinculante y obligatorio, ahora resta que sea la Corte Interamericana la que determine otra sentencia, que sería la octava, misma que está pendiente, “vinculante, obligatoria, incluso la Suprema Corte (de Justicia de la Nación)”, dijo, las reconoce.

De las ocupaciones de las mujeres violentadas, Erin refirió que una de ellas trabajaba en una carnicería, dos vendían antojitos, una era estudiante de comunicación, otra mujer vendía ropa de mezclilla, otra era trabajadora del Seguro Social y cuatro alumnas universitarias, y cuyas detenciones, refirió Erin Weber, finalmente fueron “por el estar” en el lugar.

A partir de las denuncias, la movilización y las sentencias logradas, destacó, se giraron órdenes de aprehensión desde el año 2012 contra 50 policías como presuntos responsables, de los que han sido detenidos la mitad de ellos, con la liberación de algunos por amparos interpuestos y de los que restan detenidos ninguno ha sido sentenciado; otras acusaciones, dijo, son contra peritos médicos que negaron las evidencias de violencia sexual. Elementos estatales, son los acusados principalmente como los causantes de la tortura sexual, sin investigación alguna hacia las cadenas de mando policial.

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