HomeDerechos HumanosONU pide que se resuelva el caso de tortura contra Lydia Cacho

ONU pide que se resuelva el caso de tortura contra Lydia Cacho

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Entidad para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, hizo un exhortó a la resolución del caso de la periodista Lydia Cacho que en 2005 fue víctima de tortura, responsabilidad del empresario Kamel Nacif, quien recientemente fue amparado por un tribunal de Quintana Roo.

Nacif está actualmente prófugo y el amparo resuelto a su favor se dio en contra del auto de formal prisión que se giró por el delito de tortura.

Por lo anterior, ONU Mujeres, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, mantuvieron el llamado a las instituciones de justicia mexicanas para que se garantice una investigación efectiva de los delitos y violaciones a los derechos humanos que padeció la periodista.

La ONU también determinó que el Estado mexicano violó el derecho de Lydia a tener acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y la no discriminación, lo anterior referido también al respeto a la libertad de expresión.

 

“La actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática. El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer los abusos cometidos desde diferentes ámbitos de poder”, señaló ONU Mujeres y ONU-DH.

 

Destacaron que el trabajo de la periodista Cacho ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer los abusos que se cometen desde diferentes ámbitos de poder, lo cual hace referencia a que el periodismos y las personas defensoras de derechos humanos son indispensables en una sociedad democrática.

En ese mismo sentido explicaron que la impunidad en el caso de Lydia Cacho afecta además de a la víctima y sus familiares, a los demás ciudadanos ya que se pueden repetir los delitos y las violaciones a los derechos humanos.

Remarcaron su apoyo y solidaridad con Lydia y se pronunciaron a disposición de lo que requiera para la asesoría y cooperación a las instituciones de México, incluidas las judiciales para contribuir a la incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos.

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