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ONU responsabiliza al Estado Mexicano de una desaparición forzada hace 9 años

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señaló que el Estado mexicano es responsable de desaparición forzada con participación de autoridades estatales presuntamente vinculadas a grupos de crimen organizado.

Lo anterior ante la desaparición forzada de Christian Téllez ocurrida en Veracruz en octubre de 2010, por lo que 18 expertos del Comité señalaron que México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias.

Este miércoles, el dictamen fue publicado en Ginebra Suiza y es la primera ocasión que la instancia internacional se pronuncia por un caso particular de desaparición forzada en México.

Según la denuncia, la víctima  conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica (Veracruz) en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía intermunicipal lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola.

Su acompañante presenció los hechos, y al no encontrarlo en ninguna comisaría, ella y familiares de Christian Téllez presentaron denuncias.

Aunque la mujer identificó a tres policías entre los responsables, su participación fue descarta por los supervisores jerárquicos  los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado Los Zetas, de acuerdo a la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que representa a la familia de la víctima.

Los familiares de Téllez llevaron el caso ante el Comité debido a que las autoridades mexicanas “hicieron muy poco en términos de investigación”.

Ante esta situación el Comité sostuvo que en el caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Añadió que los centros de detención clandestinos son, una violación de los derechos a la libertad personal.

“Las personas tienen derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos”, señalaron los expertos.

De esta forma señalaron que todos los derechos humanos han sido violados por México en este caso, pues no se han realizado con tiempo las diligencias oportunas lo que ocasionó la pérdida de pruebas importantes, además de que las investigaciones no fueron independientes e imparciales.

 “Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.

El Comité solicitó al Estado mexicano que informe dentro de 180 días sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.

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