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#Opinión Pueblos indígenas en permanente discriminación presupuestal y pobreza

Por: Pável Uliánov Guzmán

En Michoacán, en los últimos ocho años todos los partidos políticos a través del Congreso del Estado, han recortado sistemática e irresponsablemente el presupuesto destinado para “el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas”, pasando de 114 millones asignados en el 2014, a 25 millones destinados para el 2021, lo que profundiza las condiciones de discriminación, pobreza y exclusión social de las comunidades originarias.

En síntesis, sin importar la filiación política del gobierno en turno, el Gobierno y el Congreso de Michoacán, históricamente han cercenado un 80% el presupuesto dedicado a la atención de las comunidades originarias. A iniciativa del Gobernador, diputados de todos los partidos políticos, históricamente han aprobado presupuestos que van en detrimento de las comunidades indígenas.

En el devenir histórico, el presupuesto para el “desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas”, ya sea mediante la desaparecida Secretaría de los Pueblos Indígenas (SPI) o la creada Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI), ha padecido una reducción brutal, durante el año 2014, el Gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado de Michoacán, destinaron la cantidad de $114,043,717; en el 2015 el presupuesto fue de $108,852,089; para el 2016 el monto se redujo a $103,627,453; en el 2017 el capital disminuyó a $68,465,885; para el 2018 el presupuesto fue por la cantidad de $22,409,289; para el 2019, el capital se incrementó un poco, al total de $47,219,815; para el 2020, se destinó el monto de $25,470,102 y finalmente para el 2021 el presupuesto se redujo a $ 24,110,433 (Fuente: Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2020 y 2021).

En todos los años, el presupuesto reservado para atender las necesidades de las comunidades indígenas, no ha alcanzado ni siquiera el 0.3% del total del presupuesto asignado a las dependencias estatales, a todas luces es un capital miserable. Tan sólo como ejemplo, para el 2021, el capital de $24,110,433 representa el 0.03 % del total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado que asciende al monto de $ 75,616,545,244.  En perspectiva presupuestal el “Parque Zoológico Benito Juárez” contará con más presupuesto que la atención a comunidades y pueblos indígenas en Michoacán, con un presupuesto de $47,969,790 en este marco, la CEDPI mantiene un presupuesto que únicamente servirá para pagar una burocracia indígena sumisa y doblegada al gobernador en turno.

Estos presupuestos son altamente discriminatorios, deficientes e injustos con las comunidades originarias de Michoacán, porque no corresponden con el número de habitantes que hablan un idioma materno, mismos que ascendían en 2010 a la cantidad de 136 mil 608 personas, lo que equivale al 3.5% del total de la población de Michoacán (Censo de Población y Vivienda 2010/INEGI). Es decir, de conformidad con su número de habitantes, a los pueblos originarios les correspondería el 3.5% de total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, lo que se traduce para el año 2021 a un total de más de 2 mil 646 millones ($2,646,579,083) y no el misero capital de 24 millones asignados actualmente ($24,110,433).

A nivel federal, la reducción del presupuesto destinado para el “desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas” a través de la desaparecida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o el actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), también mantiene una involución histórica, el Gobierno Federal en turno y la Cámara de Diputados en contubernio con todos los partidos políticos, han disminuido sistemáticamente el capital destinado a  atender las necesidades de las comunidades originarias.

Históricamente, el presupuesto más alto asignado a la institución encargada de atender los pueblos indígenas fue durante el año 2015, con un capital de $12,129,311,599 (CDI), a partir de entonces ha decrecido constantemente; en el 2016 destinaron el monto de 11,900,503,450 (CDI); en el 2017 disminuyeron la cantidad a 5,806,611,235 (CDI); en el 2018 asignaron el presupuesto de  6,088,935,816 (CDI);  en 2019 redujeron la cantidad a 5,996,299,349 (INPI); en el 2020  aminoraron el capital a 4,018,344,867 (INPI) y finalmente para el 2021 destinan el presupuesto de 3,633,000,009 (INPI),  en otras palabras, con independencia de la filiación política del Gobierno Federal en turno y de las respectivas Legislaciones Federales, el presupuesto indígena ha sido sistemáticamente reducido en un 70,05% (Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

En la entidad, la disminución del presupuesto para las comunidades originarias, inició con la administración de Fausto Vallejo Figueroa y se exacerbó con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en complicidad con la LXXII, LXXII y LXXIV Legislaturas, esto a pesar de que se mantiene una deuda histórica con las comunidades originarias, son los más discriminados entre los discriminados, los más excluidos entre los excluidos y los más pobres entre los pobres, según las propias fuentes oficiales, el 77.6% de la población hablante de la lengua indígena se encuentra en la pobreza y el 34.8% se encuentra en pobreza extrema (CONEVAL / Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018). De igual forma, 8 de cada 10 viviendas en las que habita una persona de habla indígena mantiene rezago habitacional, 19.9% carece de servicios de agua dentro de la vivienda, 26,6% no cuenta con drenaje a la red pública, y el 13,9% mantienen vivienda con pisos de tierra (INEGI/ Encuesta Intercensal 2015). Paralelamente el 40.3 % de la población indígena mayor a 12 años han sufrido actos de discriminación y el 29.2% padecieron incidentes de negación de derechos (Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017).

En resumen, el Estado mexicano no ha contribuido cualitativamente a resolver los problemas estructurales de pobreza, exclusión y marginación en que viven millones de habitantes de los pueblos originarios.

En perspectiva, las políticas públicas del Estado mexicano para las comunidades originarias son insuficientes, discriminatorias, paternalistas y violatorias de derechos. Son insuficientes porque no corresponden con su número de habitantes, son discriminatorias porque se prioriza el desarrollo de las ciudades en detrimento de las comunidades, son paternalistas porque excluyen a la población indígena en la elaboración de las políticas públicas, y son violatorias de derechos porque no los consultan de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria sobre medidas administrativas o legislativas que les afectan.

En este sentido, el único camino que dejan a las comunidades indígenas, es la movilización social para exigir sus derechos y obtener reivindicaciones sociales, así como continuar con sus procesos de libre autodeterminación, autonomía y autogobierno.

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