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Para búsqueda de personas, en Michoacán no hay zonas de silencio: Fiscalía

Para búsqueda de personas, en Michoacán no hay zonas de silencio: Fiscalía

En Michoacán no hay zonas de silencio en la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía General del Estado puede entrar “a todos los lugares” del territorio estatal cuando una investigación lo amerite. Así lo asegura Adrián López Solís, titular de la institución.

La postura del Fiscal va en sentido contrario a lo señalado por colectivos y familiares de desaparecidos, sobre lugares prohibidos en Michoacán para la búsqueda de personas, sitios a los que las autoridades –incluida la Fiscalía- se rehúsan a entrar.

Michoacán es un estado que acumula 4,328 desaparecidos de los cien mil 239 que aparecen -al 22 de mayo de 2022- en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas. Colectivos de búsqueda y de familiares reportan que por cada caso registrado hay al menos cuatro más que no aparecen en los listados oficiales.

Los datos de la Fiscalía varían respecto a los del Registro Nacional. El Fiscal refiere que a partir de que se lleva un control estadístico es posible tener una aproximación de lo que es este problema cuantitativamente.

“En el caso de personas desaparecidas, tomando en cuenta lo que es el año 2017 hasta la fecha, estamos hablando de un total de 7,278 personas, esto nos da un promedio de cuatro personas por día, 66% son hombres y 34% mujeres, de este universo se reportan como localizadas 3,878 personas y pendientes de localizar 3,200, otros 200 casos se envían a otras Fiscalías por razones competenciales en razón de territorio”.

Adrián López refiere que al cierre del 2021, solamente para ese año hubo 1,884 registros, con un promedio de 5.2 personas por día, 69% hombres y 31% mujeres, “805 personas fueron localizadas, 35 casos enviados por incompetencia en razón de territorio a otras entidades, y pendientes de localizar ese año 1,044 personas”.

Adrián López rechaza que existan zonas de silencio para la búsqueda de personas, “a todos los lugares podemos entrar, la diferencia es en función del momento, la coyuntura de riesgo, las circunstancias, la hora incluso y el lugar; todo ello obliga a utilizar estados de fuerza más acordes, y cuando acompañamos a los colectivos va personal pericial, va personal de policía y en ocasiones también nos presta el apoyo la Guardia Nacional o el Ejército, la Policía Estatal”.

En su oficina, detrás de un amplio escritorio de madera pulida, el fiscal refiere que lo recomendable es que las búsquedas se realicen en compañía de “la fuerza de las instituciones”, para minimizar riesgos.

La Comisión Nacional de Búsqueda en un informe entregado al Senado de la República en octubre de 2021, reportó un total de 118 fosas clandestinas en Michoacán, los datos de la Fiscalía varían.

Conforme a los datos proporcionados por el fiscal, en depósitos ilegales de cadáveres, en 2019 se registraron 13 fosas con 20 víctimas; en 2020, 25 fosas con 74 víctimas; en 2021, 47 fosas con 73 víctimas; y en 2022 –a marzo- son cinco fosas con ocho víctimas.

Actualmente la Fiscalía tiene bajo su resguardo 1,200 cuerpos sin identificar, los cuales están depositados fundamentalmente en panteones municipales.

“El tema para nosotros siempre debe ser manejado con cautela porque hay que cumplir los protocolos que emanan de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; los protocolos exigen el cumplimiento de ciertas reglas o requisitos para dar por localizada a una persona.

“Tiene que haber entrevistas anteriores y posteriores al hecho y tiene que haber evidencia, y nos hemos encontrado que en muchos de los casos, cuando se reporta la desaparición de una persona, los contextos en los que se da la desaparición pueden ser desde índole sentimental, familiar, laboral y en algunos casos relacionados también con temas delincuenciales”.

Explica que cuando las personas reportan una desaparición, obligadamente la Fiscalía inicia una carpeta, activa el protocolo y los operativos de búsqueda, los actos de investigación.

“Hemos tenido casos en donde la persona es ubicada en otra ciudad, que se fue por motivo de trabajo o por motivo de una desavenencia familiar, y ya quienes fueron a hacer la denuncia no nos informan. Sucede también que la carga de trabajo para quienes están encargados de esta tarea los absorbe de tal manera, que en ocasiones no es posible un seguimiento puntual y permanente de todos los casos, y cuando las personas dejan de expresar el interés en la gestión, ya cuando se revisan los pendientes y se les llega a hacer una llamada ya no te contestan o ya no localizas a los propios denunciantes, o en algunos casos dicen no, ya no quiero saber nada del asunto, ya la persona está bien, pero no te mandan la evidencia.

“Nosotros no podemos dar por cierta la localización si no cumplimos con la evidencia que exige el protocolo, la fotografía, la entrevista. Por eso digo que los datos deben ser tratados con cautela”.

En la entrevista, cuestionado a propósito de los proceso de búsqueda subraya de inicio que el Ministerio Público, en función de investigador, “tiene una calidad de autoridad dentro de la carpeta en la fase de la investigación inicial, y esto le obliga a cumplir con las atribuciones que le da la ley, esa es su obligación”.

Lo anterior “a diferencia de los que hacen los colectivos que no tienen una función de autoridad, sino que se trata de una iniciativa generalmente de víctimas indirectas de desaparición; ellos pueden hacer lo que a sus intereses convenga y de la forma que lo consideran.

“Nosotros hemos optado por complementar nuestros esfuerzos con el esfuerzo que hacen los colectivos, hemos también dado la instrucción para que esta comunicación, este diálogo con ellos, sea regular, permanente, que se abran las carpetas para las propias víctimas indirectas y conozcan de primera mano que se está haciendo”.

Apunta que el acompañamiento a las búsquedas que realizan los colectivos se da a petición de éstos, “pero nosotros lo que hacemos es en cada caso, de manera inmediata, es ordenar los actos de investigación que son pertinentes e idóneos de acuerdo al protocolo, y en cada caso debemos dejar constancia de los operativos de búsqueda.

“Hacemos acciones extraordinarias, sobre todo cuando estamos investigando otro tipo de delitos. Te pongo el caso del año pasado, estábamos investigando un delito de privación de la libertad relacionado con una célula criminal asentada en Pátzcuaro; de la entrevista a una mujer víctima obtuvimos información de que este grupo podría ser responsable de varios homicidios. Se ordenó el operativo de cateo en Comanja y en un primer momento se localizaron ahí, si mal no recuerdo, 24 cuerpos.

“Ese caso nosotros lo judicializamos y recientemente se pidió el apoyo porque se tuvo reporte de que en ese mismo lugar podría haber más personas inhumadas de manera ilegal, en este caso, volvimos a reactivar el operativo de búsqueda con el apoyo de personas relacionadas con los colectivos y localizamos las osamentas correspondientes a tres personas más.

“Es decir, en el momento que nosotros tenemos el indicio de la posible localización y que puede estar relacionado con un ilícito distinto, nosotros activamos nuestras propias búsquedas”.

Cuestionado sobre la estructura institucional de la Fiscalía para atender el tema de desapariciones, Adrián López apunta que son alrededor de 20 agentes del Ministerio Público, cerca de 50 policías de investigación y 20 peritos ubicados a las tareas en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.
-Hay tráilers de la muerte en Michoacán, ¿dónde están los cuerpos?

“Nosotros en cada fiscalía tenemos capacidad con cámaras de refrigeración para mantener ciertos días y hasta cierto número los cuerpos; hay movilidad en la entrega de los restos porque la gente viene a buscar a sus familiares y cuando los identifican se les entrega.

“Aquí (en Morelia) debemos de tener capacidad como para 20 cuerpos, quizá en Uruapan y Zamora, 10, 15, y así en el resto de las regiones. Pero cuando pasan los días y no llega nadie a reclamar esos cuerpos, pues solicitamos el apoyo de los municipios a través de su área de cementerios o panteones para darles destino”.

-Había comentado que también tenían contrato con un particular.

“Sí, en una de las administraciones municipales nos permitían en alguno de los cementerios privados tener gavetas destinadas al resguardo”.

Adrián López apunta que a la Fiscalía, le “toca trabajar con la expresión de la conducta humana más reprochable, que es aquella que se expresa en los delitos, nos toca perseguir a quienes cometen esos delitos para que se les imponga una sanción. Pero también nos corresponde atender a quienes son víctimas de esos delitos, y en ambos casos, se trata de personas en una situación humanamente no deseada, compleja anímicamente”.

Y abunda: “A la gente le es muy fácil cuestionar, criticar, pero también lo que tenemos, es resultado de lo que hacemos o dejamos de hacer como sociedad. Y las instituciones no son ajenas a la sociedad, son un instrumento de ésta, por lo tanto, tenemos obligadamente que afinar la eficacia y la efectividad de estas instituciones”.

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