Alavez, Alcocer y Ramírez
Desde 2013 maestros de todo el país se manifestaron en contra de la Reforma Educativa presentada por el Ejecutivo. Sin embargo, el debate respecto a uno de los temas más importantes de este país estuvo acaparado por una campaña mediática destinada a deslegitimar a los docentes, dejando de lado los argumentos que se esgrimían para criticar dicha reforma. Por lo mismo, Janeth Ramírez, Jesús Fernando Alavez Salazar y Willy Arturo Hernández Alcocer realizan un análisis detallado respecto a las razones de la protesta magisterial y los objetivos empresariales que se encuentran en el centor de esta reforma. Aquí la segunda parte:
(27 de febrero, 2014).- Entre los cambios que han afectado a la educación en las últimas décadas sobresale la imposición de una nueva lógica, propia de la llamada iniciativa privada (IP), que ha venido acompañada de la implantación de un nuevo lenguaje, importado en gran medida del ámbito gerencial. Algunos de los términos que han hecho carrera en el mundo empresarial se encuentran ahora en el ámbito educativo: competencias, medición de resultados, rendimiento de cuentas, competitividad, eficiencia, eficacia, estándares, acreditación y calidad.
La idea de calidad total proviene del mundo de la gerencia. Así, a la educación se le atribuyen los mismos estándares que se le exige a cualquier empresa: eficiencia, rendimiento, productividad incrementada a bajo costo, satisfacción de los clientes, competitividad, eficacia, innovación, rentabilidad, éxito y excelencia. La educación se convierte en una mercancía, ¡una más!. Por otra parte se supone que alcanzar todas esas metas debe ser una responsabilidad del centro educativo, de sus directivos y profesores, los cuales deben ofrecer una mercancía de calidad, en abierta competencia con el resto de los centros educativos, para satisfacer los gustos de los clientes.
Los contenidos de los programas los dicta el mercado, que no es otro que el mercado laboral, y no las instituciones educativas. Cuando se habla de calidad educativa se está privilegiando la “soberanía del consumidor” y la venta de un bien mercantil, abandonando con ello la idea de que la educación es un proceso que debería contribuir a la formación integral de los individuos como agentes sociales activos y críticos de una sociedad determinada.
En este contexto, vale la pena preguntarse, ¿por qué vamos rumbo a una privatización de la educación? La educación representa un mercado de casi 35 millones de consumidores, tomando en cuenta los alumnos inscritos a preescolar, primaria, secundaria y media superior en México.
En la Reforma Educativa aprobada se adiciona al artículo 3o constitucional la fracción IX para crear el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y se le da a este último el carácter de organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios. La labor del instituto será evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Además se eleva a rango constitucional la evaluación, entendida como un elemento que regirá el ingreso, la tabulación salarial así como la permanencia y promoción en el empleo. Por otra parte, se proyecta realizar el control de la educación pública desde la “autonomía” del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que suplantará funciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como evaluadora natural de los procesos educativos, bajo el concepto de la “transparencia”. No obstante hay una pregunta aún más importante, ¿quién evalúa a los evaluadores?
