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Partidos políticos, los únicos que pueden impedir delincuentes como candidatos

Partidos políticos, los únicos que pueden impedir delincuentes como candidatos

Rodrigo Caballero/ @RodCaballero

Morelia, Michoacán. Los partidos políticos son, legalmente hablando, las únicas instituciones que pueden requerir una carta de no antecedentes penales o investigar a un candidato mediante un proceso interno.

Si bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que quien quiera votar o ser votado “esté en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales” nunca señala requisitos que los candidatos tengan que cumplir para demostrarlo.

Según la jurisprudencia 39/2013, en la que se basa la Carta Magna, la “suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano, prevista en la fracción II del Artículo 38 constitucional, sólo procede cuando se prive de la libertad”.

Es decir, mientras una persona no esté en prisión ésta se puede registrar como candidato o candidata sin ningún problema.

El Artículo 22 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) apunta que “los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en el presente Código y las que, conforme al mismo, establezcan sus estatutos”.

De acuerdo con el COFIPE los partidos políticos son los únicos encargados de establecer la cantidad y calidad de los requisitos que comprueben “la honorabilidad” de las personas que busquen un cargo de elección popular.

Cabe destacar que Michoacán es el Estado con más servidores públicos presos y bajo investigación por sus supuestos nexos con el crimen organizado. Además, se tiene registro de 237 averiguaciones que alberga el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Además, 175 servidores públicos estatales y municipales se encuentran sometidos a proceso penal por posible colusión con el crimen organizado. De esos funcionarios, 113 se encuentran en cárceles federales de máxima seguridad y 62 en cárceles estatales.

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