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Pese a crisis financiera diputados revivirán proyecto para una nueva sede Legislativa

Pese a crisis financiera diputados revivirán proyecto para una nueva sede Legislativa

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Morelia, Michoacán.-No obstante la crisis financiera del estado, los diputados locales quieren estrenar oficinas, por lo que plantean revivir el proyecto de una nuevo recinto legislativo que impulsó hace ocho años Alfredo Anaya Gudiño durante la LXXI Legislatura local

Para ello se rescataron las diez hectáreas que se habían convenido con el empresario José Luis Solórzano García presidente del Grupo Herso, ubicadas en la salida a Quiroga, y sobre las que hace ocho años se concibió el proyecto de la nueva sede.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Pascual Sigala Páez confirmó que el terreno fue recuperado al inicio de esta legislatura, ya que el contrato suscrito se había vencido.

El legislador señaló que se está revisando la posibilidad de revivir el proyecto debido a que las instalaciones actuales resultan “totalmente inoperantes, insuficientes y riesgosas”.

Por su parte el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso, Miguel Ángel Villegas Soto, cuestionado acerca de su el Poder Ejecutivo tiene legalmente facultades para endeudarse a fin de revivir un proyecto como el de su nueva sede, apuntó que sí, “como entidad pública lo puede hacer ajustándose a la Ley de Deuda Pública, pero depende, puede ser vía deuda o bien ajustándose a la modalidad de Asociaciones Público Privadas”.

Señaló que en este caso el Congreso tendría que comparar diferentes fuentes de financiamiento, “se deben ver diferentes alternativas y ya con la información tomar la mejor decisión, incluso eso es lo que plantea la Ley de Disciplina Financiera.

“Hasta donde yo tengo entendido la Junta de Coordinación Política ha solicitado información al respecto para poder comparar costos de financiamiento”.

Cabe recordar que el proyecto que arrancó hace ocho años en el Congreso local y que fue dado a conocer en 2009 por los integrantes de la Comisión Especial que para entonces se formó en la Cámara era de lujo, con al menos seis edificios, de los que uno sólo –el central- se preveía con un costo superior a los 400 millones de pesos a un pago de 15 años para el Poder Legislativo.

El esquema era similar al que hoy el ayuntamiento de Morelia plantea para su Centro Administrativo en Manantiales, mediante la figura de Asociaciones Público Privadas. En su proyecto el Congreso se comprometía a pagar una cantidad fija por 15 años al empresario constructor, tanto por la edificación de la obra como por los servicios.

En 2008 se habló de un total de 24 hectáreas las donadas por Grupo Herso, para crear en ellas una Ciudad Administrativa que albergara tanto al Poder Legislativo en diez hectáreas, como oficinas del Ejecutivo en otras diez, y otras más del ayuntamiento de Morelia en cuatro hectáreas.

El Congreso procedió entonces a efectuar su proyecto a partir de las diez hectáreas que le corresponderían.

Las previsiones para el Legislativo eran entonces de lujo, incluso se tenía la intención de construir un helipuerto. Los espacios proyectados eran un edificio central, estacionamientos, cafetería, dos talleres, un el CENDI, y un edificio para la Auditoría Superior de Michoacán.

Se preveían 162 cajones de estacionamiento, 20 baños, restaurante para los empleados, guardería y ludoteca para los hijos de los trabajadores del Congreso, una sala para que sesione el Pleno Legislativo y 15 más para que se reunieran las comisiones.

En el afán por posicionar la idea y contar con la simpatía de los medios de comunicación, incluso se habló en ese entonces de casas para reporteros.

El seis de mayo de 2008 se publicaría en periódicos estatales una convocatoria para las personas físicas y morales interesadas en participar “en el magno proyecto” con la permuta o donación de algún predio o fracción del mismo no menor a las 20 hectáreas dentro de Morelia. La convocatoria tuvo 15 días de vigencia.

Fueron cuatro las propuestas recabadas, una de un terreno propiedad de José Alfonso Mier Suárez, ubicado al sur de la nueva avenida de las Torres; otra un terreno de 20 hectáreas propiedad de Francisco Medina ubicado en la salida a Pátzcuaro; la tercera, la propuesta del Grupo Herso de un terreno ubicado por la salida a Quiroga en el Conjunto Habitacional Villas del Pedregal; y finalmente un terreno de Raúl Nava Ramos en la salida a Mil Cumbres de 7.71 hectáreas. Extemporánea a la convocatoria llegó una propuesta de Enrique Ramírez Villalón de un predio de 2.78 hectáreas.

Finalmente se optó por Grupo Herso, debido a que éste determinó donar 24 hectáreas, medida que no era inocente ya que el terreno se encuentra dentro del conjunto habitacional Villas del Pedregal de su propiedad, por lo que casas, negocios y desarrollo que hubiera en torno a la nueva sede serían determinados de acuerdo a los planes y proyecciones propios del grupo Herso.

Para entonces en los trabajos de elaboración del proyecto participaron figuras que actualmente ocupan algún espacio en el Congreso, tal es el caso del presidente de la Mesa Directiva, Raymundo Arreola quien hace ocho años fungía como contralor en la Cámara; estaba también Secretario de Administración y Finanzas del Congreso, el actual contralor legislativo Ignacio Alvarado Laris, quien fue altamente cuestionado entonces por las irregularidades suscitadas en el proceso de reparación y mantenimiento de un inmueble propiedad del Legislativo conocido como la Casona.

Sin embargo el proyecto no prosperó debido a los gastos excesivos de la Comisión Especial que de inició se conformó y que era presidida por Alfredo Anaya, sobre quien pesaba la sospecha de que su interés era más de índole empresarial que legislativo.

De esta manera se conformó entonces una nueva Comisión, y a la larga se determinaría congelar el proyecto que ahora se pretende revivir.

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