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Policía Federal, corporación que más viola derechos humanos de migrantes en México

Policía Federal, corporación que más viola derechos humanos de migrantes en México

Revolución TresPuntoCero

De acuerdo a un análisis de Project Counselling Service (Consejería en Proyectos) sobre la violación a los derechos humanos de la población migrante hondureña en su paso por México, más de la mitad de los delitos que se comenten en su contra son perpetrados por elementos de corporaciones policíacas que deberían protegerlos y garantizarles seguridad.

La organización internacional de acompañamiento y cooperación que ha centrado su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos y por la justicia social en América Latina, documentó que la autoridad que más delitos comete en contra de los migrantes es la Policía Federal, con 29.3 por ciento de violaciones a derechos humanos, seguida de las policías municipales, con 22.4 por ciento de las agresiones.

“Es muy fuerte cuando uno escucha a un migrante decir: ‘me robaron, me golpearon y los policías me quitaron las pocas pertenencias que tenía. Después cortaron cartucho para decirnos: ‘¿verdad que aquí no pasó nada, verdad que aquí nadie les ha hecho nada?’; pero mientras ya nos robaron las carteras, el teléfono, el reloj’. Todo”, narró la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, directora general de Scalabrinarias: misión para migrantes y refugiados.

La religiosa sostuvo que el Estado mexicano es responsable de las agresiones sufridas por los migrantes hondureños en su tránsito por nuestro país, pues la protección internacional que tiene por compromiso brindar, va más allá del solo reconocimiento de refugio o asilo; en especial, ante la grave crisis humanitaria que padecen los centroamericanos, que prácticamente son forzados a dejar su país de origen para sobrevivir.

“Si la gente viene huyendo, obligada a emigrar, los países por los que estas poblaciones transitan tienen que responder con una protección internacional y no de militarización, privación de la libertad o de securitizacion de las fronteras, porque la implementación de políticas que impidan el reconocimiento de una migración forzada, lo único que está provocando es que los migrantes vuelvan a caer en una situación de violencia en nuestro país”, argumentó Gutiérrez, a propósito de la implementación del llamado Programa Frontera Sur.

A lo largo de 2014 y lo que va de este año, en un trabajo conjunto, ambas organizaciones han dado acompañamiento a 459 casos de migrantes hondureños que en territorio mexicano fueron víctimas de delitos como: secuestro, extorsión, violación sexual y robo; sin embargo, tuvieron que enfrentarse a otro problema: la impunidad y la permisibilidad con que se manejan ciertas autoridades que impiden el esclarecimiento de los casos, lo que permite que el resto de los uniformados crea que puede cometer abusos, porque será cobijado por las dependencias.

Huir, la última oportunidad…

En su visita a Honduras –realizada en julio pasado- la misión concluyó que entre las principales causas por las que la población de ese país centroamericano deja su hogar y sale, prácticamente huyendo, destaca la violencia e impunidad que priva en la zona.

“En Honduras, como garantía constitucional, cualquier persona mayor de 18 años puede tener hasta tres armas en su poder. Esto nos da una explicación de porqué es uno de los países donde más asesinatos se cometen y porqué tiene un índice de violencia tan alto”, sostuvo la novicia, aunque recalcó que la violencia generalizada del lugar, no es exclusiva de las pandillas o maras.

“Persiste la ausencia de un Estado democrático y de derecho, lo que permite que cualquier grupo delincuencial pueda establecerse; saben que la impunidad les va a cobijar. La situación de violencia obliga a que los jóvenes centroamericanos huyan, porque no quieren ser parte de los grupos delincuenciales; los niños, niñas y adolescentes, no quieren ser cooptados. Huyen porque si se quedan, saben que en algún momento los van a forzar a ser parte de estos. No tienen condiciones para salir adelante”, explicó Gutiérrez.

En el país centroamericano también se pudo documentar un fenómeno ahí conocido como las “casas locas”; que se genera cuando grupos de la delincuencia organizada se apropian de los hogares que, a su consideración, son estratégicos y les facilitan la comisión de sus delitos, obligando a las familias a dejar sus propiedades, o a ser sus cómplices amenazándolos.

De enero a junio de 2014, en Honduras hubo 454 asesinatos de niños, niñas y adolescentes, de los que las autoridades no reportan avances en las investigaciones; “una semana antes de que hiciéramos la verificación, había sido asesinado, a las puertas de su casa, un adolescente que acababa de ser deportado de México a su lugar de origen”, comentó la religiosa.

Aunado a la violencia provocada por el crimen organizado, la misión pudo verificar que el aumento en la migración de la población infantil –detectado desde octubre de 2013- es generado por las agresiones de las que son víctimas los menores al interior de sus hogares, principalmente de abuso sexual perpetrado por parte de sus propios familiares, o porque son utilizados como “pago” para que el resto de la familia no sea agredida.

A esta realidad de violencia, se suma la ausencia de ofertas de trabajo bien remunerado, lo que además genera que Honduras sea el segundo país más pobre de América Latina, y que su economía informal sea del 60%.

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