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Presa J Múgica, lavadero de responsabilidades

Tres pilares de la corrupción en Michoacán

 

En Michoacán existen tres casos que, como pilares de la corrupción estatal, permanecen hasta hoy día en la opacidad, con cuentas pendientes y sin fincar sanciones a los responsables. Se trata de la edificación del Teatro Matamoros en el centro de Morelia que se preveía estrenar en el Bicentenario de la Independencia de México, la construcción de la Presa Francisco J. Múgica en Tierra Caliente, y la llamada licuadora financiera que operó movimientos por más de dos billones de pesos en múltiples cuentas, provocando así la bola de nieve que mantiene al estado en constante crisis financiera.

            Esta es la segunda de tres entregas que Revolución 3.0 presenta estos días a sus lectores sobre estos pilares de la corrupción en Michoacán.

 

 

…lavadero de responsabilidades

 

Inauguración de la Presa en 2011

 

 

“Aquí está ésta obra, gran instrumento de justicia social para el campo michoacano”, aseguró el gobernador Leonel Godoy Rangel, el cinco de febrero de 2011. Se encontraba en el evento de inauguración de la Presa Francisco J Múgica.

En el lugar el invitado de honor fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su hijo Lázaro Cárdenas Batel en su calidad de gobernador del Estado sería el artífice original del proyecto.

Promocionada en su momento como un referente en la historia del desarrollo del Estado, la Presa Francisco J Múgica a la larga sí se confirmaría como referencia en Michoacán, pero de los grandes casos de corrupción en la entidad, sin fincamiento de responsabilidades.

La obra contó con disponibilidad financiera desde el 2006 a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal, y su objetivo era “instrumentar un Proyecto de Refuerzo Hídrico para el Distrito de Riego 097 «General Lázaro Cárdenas», en el Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la construcción, entre otras acciones, de una presa de almacenamiento denominada «Francisco J. Múgica», y un canal de conducción que llevará los caudales de agua necesarios a la superficie de las parcelas de las zonas identificadas como Módulos 2 y 3 de este Distrito”, según se consigna en el Proyecto Hidroagrícola de Michoacán, Construcción y Operación de la Presa “General Francisco J. Múgica.

Dicho proyecto refería que la construcción de la presa se efectuaría en una sola fase y para su ejecución “se estima una inversión aproximada de un mil 500 millones de pesos. Convertido a dólares y con una paridad con relación a nuestra moneda de $10.80 pesos por dólar, da un total de 138 millones 888 mil 888.88  dólares americanos”.

Al final la obra prácticamente duplicó su costo, al ascender a un total de dos mil 915 millones de pesos.

La proyección inicial fue una estructura de presa de enrocamiento con núcleo de arcilla, un túnel de desvío (temporal), y un vertedor lateral de solera libre implantado en la margen izquierda de la presa. El proyecto comprendía además una obra de toma y un canal de conducción de 42 Km de longitud con sus respectivos sistemas de distribución para conducir las aguas necesarias a la superficie de las parcelas previstas para irrigación.

 

 

Aspectos del Proyecto Hidroagrícola de Michoacán, Construcción y Operación de la Presa “General Francisco J. Múgica”

 

 

La administración encabezada por Lázaro Cárdenas Batel daría vida en 2006 a la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente. Su función se enfocó específicamente a los trabajos para la construcción de la presa.

Fue hasta 2008, ya con el gobierno de Leonel Godoy Rangel cuando la Comisión fue prevista como Unidad Programática Presupuestaria (UPP) dentro del Presupuesto de Egresos del Estado, con recursos fijos para sostener su burocracia.

Fueron seis años de vida de la Comisión como UPP en los presupuestos estatales, con recursos variados para su operación, diez millones en 2008, 7.4 millones en 2009, y un monto que se disparó en 2010 para alcanzar los 442.4 millones de pesos desde donde se hizo una nueva inyección de recursos para la Presa. En 2011 el presupuesto de la Comisión volvió al cause con que normalmente operaba, al ascender a 11.9 millones, en 2012 fueron 12.1 millones, y finalmente en su último año de operación se le destinaron 5.3 millones de pesos.

En noviembre de 2006, el gobierno lazarista firmaría el Contrato de Obra Pública número CEAC/NE/LP/001/06 con la Constructora Norberto Odebrecht S.A. El acuerdo sería firmado por Jesús Vallejo Esquivel con carácter de coordinador general, y por la empresa Fernando Antonio Costa Martins y José Vito Facciolla Junior, quienes eran representantes legales.

El presupuesto previsto entonces registraba ya adecuaciones por 522.6 millones de pesos superiores a lo originalmente proyectado. Inicialmente se presupuestaron 671.1 millones para la presa, 509.5 millones para obras de conducción y canales, y 44.1 millones para movilizaciones, puestas en marcha y desmovilización. Las adecuaciones inyectarían 382.4 millones más a la presa, y 140.2 millones para obras de conducción y canales.

Es así como los 1.3 mil millones previstos se convirtieron desde un inicio en 1.8 mil millones para la realización de la obra.

La manera en que Odebrecht pudo operar libremente en Michoacán durante las administraciones de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy quedó claramente expuesto cuando en 2018 la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo públicos documentos de las transacciones y operaciones de la firma brasileña en México.

En el caso de Michoacán, la información fue sistematizada por el periodista Raúl Olmos quien en octubre de 2018 daría cuenta de una investigación de la Policía del Principado de Andorra en la que se da cuenta cómo Odebrecht utilizó la Banca Privada de Andorra (BPA) “para transferir sobornos a políticos de América Latina, y en la relación de pagos la Policía de aquella nación europea descubrió una cuenta a nombre de Víctor Guerra Reyes, quien durante los gobiernos de Cárdenas Batel y Godoy fue el funcionario responsable de la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la región de Tierra Caliente”.

La investigación de Olmos consigna que la cuenta del funcionario michoacano recibió dinero de Klienfeld Services, una de las empresas offshore que utilizaba el departamento de sobornos de Odebrecht para ocultar pagos ilegales a políticos y funcionarios de Latinoamérica, según consta en los expedientes de la Policía de Andorra obtenidos por la red internacional de periodistas ‘Investiga Lava Jato’, de la que forma parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“En el contrato de apertura de la cuenta en el banco de Andorra, realizada el 28 de abril de 2008 –cuando estaba en construcción la presa en Michoacán- el entonces funcionario estatal declaró que estaba previsto que recibiera transferencias de Estados Unidos y/o Brasil de dos a tres veces al año, por un importe de 100 mil a 150 mil dólares, de acuerdo con el documento del que MCCI tiene copia. El saldo previsto inicial anotado por el propio Guerra Reyes era de 150 mil dólares.

“Esa no fue la única transferencia ligada con la presa de Michoacán. En febrero de 2010, el departamento de sobornos de Odebrecht reportó otros dos pagos por 383 mil dólares vinculados con la misma obra, aunque en este caso no se precisó el nombre del beneficiario. Las menciones de Michoacán aparecen en la llamada «Operación Pernambuco», enfocada a descubrir las transacciones irregulares de Odebrecht en Andorra”.

 

 

Aspecto del reporte de MCCI sobre el caso Odebrecht en Michoacán, sitio https://contralacorrupcion.mx/andorra-sobornos-odebrecht

 

 

A finales de noviembre pasado, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Michoacán, presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con la Corrupción denuncia por este caso, y aunque se omitió nombrar el funcionario denunciado directamente, resulta evidente que se trata de Víctor Guerra Reyes. También la denuncia va enfocada hacia todo aquél que resulte responsable.

            La denuncia refiere cómo el nueve de agosto de 2017, y como primer indicio presentado por el Departamento de Policía del Principado de Andorra se remitió a la “Batllia d’Andorra” la Honorable Sra. Batlle Canòlic Mingorance Cairat, Jueza de Instrucción especializada en delitos socioeconómicos y crimen organizado de Andorra, la investigación con número de referencia I-338/17 8000199/2015 bajo el nombre de Operación Pernambuco que contiene el expediente sobre Blanqueo de capitales, expediente que exhorto desde este momento sea solicitado al Departamento de la Policía de Andorra, así como la información que haya sido puesta a disposición que permita el esclarecimiento de los hechos, y que en su momento procesal sea integrado a la presente investigación, de conformidad con los procedimientos institucionales y las facultades atribuidas a esta representación social.

Dicho expediente –agrega el cuerpo de la denuncia- se resume: “En nuestra opinión, la operación realizada desde KLIENFELD a favor de la presente cuenta en estudio, tiene relación con el pago de alguna «comisión», sobre algún proyecto de obra civil, iniciado en el estado mexicano de Michoacán, por la constructora Odebrecht o filial, en la que ——– (Víctor Guerra), pudo participar. Recordemos que Klienfeld, se alimentaba de fondos procedentes de la llamada «caja 2» dinero proveniente de la facturación con sobrecoste de obras licitadas a favor de la constructora Odebrecht, caudales que servían para pagar las comisiones ilegales y los sobornos.

“Pese a que no hemos encontrado ninguna vinculación de ———–, con alguna obra o participación en proyectos con Odebrecht, hemos localizado datos a través de internet (fuentes abiertas de información), que señalan a este grupo constructor, con una obra pública realizada en el estado de Michoacán.

“Con posterioridad y ya durante la investigación «Lava Jato» se localizaron documentos que confirmaban que, para esta obra, se habían pagado sobornos a funcionarios públicos y políticos de la región, vinculados con la obra.

 

 

Aspecto de la denuncia presentada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

 

 

Las irregularidades no paraban y una vez agotados los recursos, tanto financieros como de tiempos contractuales del Contrato Inicial, la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente del Estado celebró nuevos convenios con la empresa contratista: el Convenio Adicional en Plazo CEAC/NE/LP/001706, el convenio CEAC/NE/001/CA-03/06-10 por un monto de $606 millones 326 mil 672.42 pesos, y un nuevo contrato número CODESTEC/AD/001/09 por un monto de $813 millones 366 mil 897.75.

Eso arrojaría un monto final en la oba por dos mil 862 millones 820 mil 696.21pesos.

Pasaron dos años de trabajos en la presa para que en el Congreso del Estado se empezaran a alertar sobre irregularidades en la obra, en donde las Comisiones Legislativas de Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y Fortalecimiento Municipal realizaron incipientes indagatorias y algunos llamados a la transparencia.

“Hoy tenemos nuevos documentos técnicos oficiales,  documentos  que dejan al descubierto que en los procesos constructivos y diseños de la cortina (de la Presa) ponen en mayor duda el cumplimiento de las recomendaciones de los ingenieros expertos y especialistas externos contratados por el Ejecutivo Estatal para la revisión de las juntas constructivas y de empotramientos”.

En 2011, Luis Arturo Palma Sepúlveda, Auditor Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán emitiría un oficio en el que propone una serie de entidades para ser sujetas a profundizar en la fiscalización y evaluación de la cuenta pública 2011, a través de uno o varios despachos de auditoría, entre las que enlistaba la presa Centenario de la Revolución Francisco J Múgica.

De manera particular se requería la revisión del Proyecto Ejecutivo y sus modificaciones, la revisión del diseño hidráulico de la cortina del proyecto ejecutivo y sus modificaciones, la revisión  de control de calidad de los materiales y procedimientos aplicados en la oba, y el cumplimiento de los objetivos de la superficie de Riego de Contrato.

Para 2012 el entonces legislador local Sergio Enrique Benítez Suárez, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, informaba que cuando la obra llevaba en su cortina principal el 30 por ciento de avance, la Comisión Nacional del Agua, hizo algunas recomendaciones de geotermia y a los ángulos de anclaje que la obra debía llevar, sin que jamás se le notificara si se atendieron o no las observaciones.

De la resistencia de la cortina de la prensa, aseguraba que la propia empresa constructora mandó realizar un estudio a un asesor externo, que determinó que la presa sí presentaría riesgos de quebranto o fisura, esto a partir de la proyección sobre un sismo máximo posible que pudiera registrarse en Michoacán.

 

 

Trabajos de construcción de la Presa J Múgica

 

 

A principios de 2017 en el marco de la autorización de una solicitud de reestructura a la deuda pública estatal que se dio al Poder Ejecutivo por parte del Congreso del Estado, el Legislativo ordenó la realización de una Auditoría Forense a la cuenta Cargos por Aplicar –creada en 2003 por el lazarismo- en donde se operó la llamada licuadora financiera causa de quebranto financiero en Michoacán, en la cual, hubo manejo de recursos destinados a la obra de la presa Francisco J. Múgica.

Dichos recursos provinieron de la adquisición de deuda pública realizada por el Gobierno Estatal sin autorización del Congreso del Estado en enero de 2012 por un monto de mil 400 millones de pesos con Afirme S.A., esto pese al impedimento legal del Ejecutivo para contratar empréstitos de largo plazo sin contar con el aval del Poder Legislativo.

De esos mil 400 millones contratados, se destinaron 334 millones 985 mil 449 pesos para la presa, sin embargo, el Despacho PFK que realizó los trabajos de la auditoría forense, topó desde un inicio con pared para acceder a los expedientes de ejecución del recurso de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente.

También para la construcción de esta obra se destinaría dinero de la deuda bursatilizada contratada por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, de la que una parte dispuso la administración de Leonel Godoy Rangel. De ahí a la J Múgica se destinaron 157 millones 578 mil 961 pesos sometidos a revisión en la auditoría forense.

Para proveer de recursos a la obra, las inyecciones de dinero no se generaron sólo desde el estado, sino que también los presupuestos federales contemplaron asignaciones, como por ejemplo en 2010 en que se le etiquetaron 300 millones de pesos.

En febrero de 2011 cuando fue inaugurada la presa, en su discurso Leonel Godoy reportó que la obra fue construida en su mayoría con recursos estatales, y especificó que de los más de 2 mil 600 millones de pesos de su costo el 86% fueron de origen estatal y el 14% federal.

 

 

Tercer Informe Trimestral de Avance en la auditoría forense, presentado por el despacho PKF México

 

 

Las irregularidades no paraban en lo relacionado a la presa, incluso en la contratación del personal que permanecería operándola se registraron anomalías.

En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública Estatal 2013 de la Auditoría Superior de Michoacán, se da cuenta cómo se realizaron pagos con cargo al programa HO “Operación de Infraestructura Hidráulica” a 30 personas, de las que siete cobraban sin realizar actividades relacionadas a la operatividad: dos con categoría de Asesor, una con categoría de Subdirector, otra como Residente de Obra, otro Administrador de Sistemas, un Jefe de Departamento y un Encargado del Departamento de Estudios y Proyectos de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Esta situación ya había sido observada en la fiscalización al ejercicio 2012, según consta en el pliego de presuntas responsabilidades número AEFE/DSAESCP/DSAFSCP/UPP-81/16/2012, por lo cual se consideró una reincidencia de hechos.

Una irregularidad más se registraría con el tema de la tenencia de la tierra ya que para la construcción se hizo uso de la propiedad de campesinos de cinco ejidos, uno de los cuales – Naranjo de Tziritzícuaro- promovería una acción de controversia agraria y restitución de tierras ejidales que quedó registrada con el número 524/2010 y su acumulado 535/2010, mismo que resolvió el 28 de agosto de 2013 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 concediéndole la razón, ordenando la restitución de sus tierras y el pago de nueve millones 315 mil pesos para su indemnización, lo que representaba aproximadamente 35 mil pesos por hectárea.

Sin embargo ante la imposibilidad de restitución de las tierras el Gobierno del Estado promovería un recurso de revisión 42/2014-17 que ganó ante el Pleno del Tribunal Superior Agrario, por lo que en septiembre de 2015 la sentencia fue modificada, para limitarla sólo a la indemnización,

La resolución ejerció presión en Gobierno del Estado no sólo para acatar el fallo legal, sino para sentarse a negociar con propietarios de otros cuatro ejidos también afectados. Para 2017 la Consejería Jurídica reportaba incluso nuevas demandas de ejidatarios por afectaciones generadas en sus propiedades por la Presa.

 

 

Resolución del Tribunal Superior Agrario al recurso de revisión 42/2014-17 promovido por el Gobierno del Estado

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