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Presenta CEDH al Congreso reforma para frenar fotomultas en Morelia

Presenta CEDH al Congreso reforma para frenar fotomultas en Morelia

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

Morelia, Michoacán.-A través de una reforma a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) busca cerrarle la puerta al sistema de fotomultas que pretende instrumentar el ayuntamiento moreliano.

La iniciativa ya fue entregada al Congreso y tendrá trámite ante el Pleno en la sesión de este miércoles, a fin de que se turne a comisiones para ser dictaminada.

La reforma al artículo 71 de la Ley de Tránsito y Vialidad que plantea el organismo autónomo es en relación a las sanciones y recursos de tránsito y vialidad del estado, de manera que se establezca un párrafo que establezca que “el derecho al debido proceso deberá observarse en toda clase de procedimientos.

“En materia de tránsito y vialidad sólo los agentes del Estado, con la presencia del conductor, en el caso de vehículos en movimiento, podrán determinar las infracciones a los reglamentos gubernativos o de policía, imponer las sanciones e iniciar los procedimientos correspondientes”.

De ser aprobada por el Congreso local, tal reforma cerrará definitivamente el polémico capítulo de las fotomultas en Morelia, al cancelar toda posibilidad de que éste pueda concretarse.

En la exposición de motivos de la iniciativa se subraya indispensable garantizar a toda persona la protección del debido proceso y garantías de seguridad y certeza jurídicas, tratándose de cualquier clase de procedimientos, incluidos los administrativos llevados a cabo por cualquier autoridad.

Se apunta que ha sido criterio sostenido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos restringir la actividad discrecional del Estado para asegurar un mínimo de bienestar a los gobernados.

Argumenta que las acciones de la Corte buscan obligar a que todo acto del Estado sea llevado a cabo por “un agente-persona, es decir, a la revisión de las decisiones administrativas del Estado que se ajuste a los estándares de debido proceso y seguridad jurídica”.

Añade que todo procedimiento debe efectuarse por el agente del Estado, sin que puedan intervenir particulares o aparatos automatizados, electrónicos o remotos para resolver cualquiera de las partes del procedimiento, “pues la certeza jurídica la proporciona precisamente la potestad del agente –persona física-del Estado ante quien se gestiona el proceso”.

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