Morelia, Michoacán. Juicio político contra funcionarios estatales y una diputada local fueron solicitados ante el Congreso local por la organización Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán A.C.O.N.G., la razón: no haber contestado sus oficios.
El asunto no hubiera trascendido mayormente en la Cámara si la Secretaría de Servicios Parlamentarios no le hubiera dado el trato que le dio, ocultándolo y generando suspicacias al respecto.
El documento fue turnado en la última Sesión del Pleno del Congreso pero sin copia para los diputados ni nadie más, incluso aquellos legisladores que lo solicitaban no les fue remitido.
Cuando el tema se turnó a las comisiones para que lo analizara sucedió algo similar, las copias eran ilegibles, oscuras. Incluso en la sesión de la Comisión de Gobernación el lunes pasado, se solicitó al presidente del Congreso se entregaran documentos que se pudieran leer. Finalmente el miércoles la Mesa Técnica se reunión ya con el material correctamente entregado para arrancar la revisión.
Y aunque se prevé que la solicitud no prospere por no reunir los supuestos legales necesarios, el nerviosismo y la secrecía con la que se manejaron los documentos por parte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios levantó suspicacias.
La razón obedeció a que en los documentos se acusa al secretario de Servicios Parlamentarios, Ezequiel Hernández Arteaga por haber incurrido en omisiones para la elaboración de un par de oficios que tenían relación con este caso.
La solicitud de juicio político es contra la exsecretaria de Salud, Silvia Hernández Capi, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, el director del Hospital “Miguel Silva” Raúl Leal Cantú y el doctor José Luis Cortés Jaimes, y el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Alva.
La organización los acusa a todos ellos bajo el argumento de que incurrieron en faltas administrativas por no haberle contestado diversos oficios que les turnó en su momento.
