En México, según cifras de la Procuraduría General de la República publicadas este año, el 98% de los delitos permanecen en la impunidad. La ineficiencia en la impartición de justicia ha motivado que algunos legisladores propongan penas mayores ante los principales crímenes que aquejan al país.
En 2009, durante las elecciones intermedias, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), amparándose en el alarmante crecimiento del número de secuestros, propuso la reinserción de la pena de muerte al Código Penal Federal.
La iniciativa, eje de la campaña, fue presentada en la Cámara de Diputados el 5 de marzo y proponía que en los casos donde se acreditara mutilación a las víctimas o colaboración de funcionarios o exfuncionarios públicos en el secuestro, los culpables fueran ejecutados.
Durante la presentación de la propuesta, Gloria Lavara, entonces coordinadora parlamentaria del PVEM en la Cámara de Diputados, aclaró que aun cuando su partido no estuviera a favor de la vida de los delincuentes, sí estaba a favor de la vida de los inocentes.
Ante el evidente cuestionamiento realizado por partidos políticos nacionales y extranjeros sobre cómo un partido ecologista proponía una iniciativa que atenta contra la vida, el entonces dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, aseveró que “a pesar de que el principio básico de Los verdes en todo el mundo es la preservación de la vida, cada país es independiente, con realidades distintas”.
La incongruencia manifestada por los miembros del PVEM sobre los cimientos que dan origen a su agrupación política vuelve a cuestionarse hoy, cuando a partir de la iniciativa del diputado local Jesús Sesma Suárez, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) prohibió el uso de animales en espectáculos circenses.
En entrevista con MILENIO, Federico Serrano Díaz, vocero de la Asociación Mexicana de Empresarios de Circo, calificó la modificación legal como un atentado contra el ramo más vulnerable del espectáculo público. “Por qué no es contra las carreras de caballos, la charrería, la equitación o los toros, donde sí se tortura a los animales”.
El también director de Difusión del Circo Atayde Hermanos criticó que el ataque al circo obedezca a cuestiones económicas, ya que no representa las mismas ganancias que otros entretenimientos donde se utilizan animales, como la tauromaquia o las carreras de caballos.
Detrás de las grandes utilidades mencionadas por Serrano se encuentran los dueños de los establecimientos donde se realizan. Tal es el caso de Alberto Bailleres, dueño de nueve plazas de toros, quien fue señalado por la revista Forbes como el sucesor de Carlos Slim respecto al tamaño de su fortuna.
Asimismo, Antonio Cosio Ariño, dueño de la Plaza México, fue ubicado por CNN como uno de los 100 principales empresarios del país. Jorge Hank Rhon y Rafael Moreno Valle, también tienen grandes intereses en los hipódromos y las apuestas que ahí se realizan.
A pesar de que el PVEM ya ha lanzado iniciativas en contra de la tauromaquia, de sus mismos boletines –publicados en el sitio oficial- puede extraerse el motivo de que a esas propuestas no se les impulse con tanta vehemencia como la mostrada en 2009, donde había una ganancia electoral de por medio: una de las dificultades de luchar contra la fiesta brava son los vínculos que empresarios del ramo tienen con diputados locales y federales.
