Un probable quebranto en Michoacán a la hacienda pública por más de 504 millones de pesos, es el que hasta el momento ha detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dentro de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo durante el ejercicio fiscal 2017.
Lo anterior conforme al último reporte del máximo órgano de fiscalización en el país, sobre los avances en la revisión del manejo de los recursos federales ejercidos durante 2017 en la entidad.
Hoy día en Michoacán existe disputa entre la Federación y el Estado por el tema de la nómina educativa, esto luego que el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que cancelaba los convenios de servicios en educación básica con la federación en lo que se conoció como la descentralización educativa durante la recta final del siglo pasado.
Pero el gobierno silvanista tiene aún cuentas pendientes en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo –los más recientes de 2017-, en donde el quebranto a la hacienda pública federal desde Michoacán se presume en un total de 504 millones 106 mil 195.24 pesos.
La Auditoría auditó el 98.2 por ciento de los recursos ejercidos en 2017 dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el estado, es decir, revisó cómo se gastaron 17 mil 440.6 millones de pesos, de un total de 17 mil 768.03 millones.
Los 504.1 millones de quebranto, parten de cinco pliegos de observaciones realizadas a diferentes rubros del Fondo
En el pliego número 16-A-16000-14-1104-01-001, se presume un probable daño, perjuicio o ambos a la hacienda pública por 112 millones 461 mil 190.72 pesos, más los rendimientos financieros que se hayan generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo, por no haber transferido al ejecutor los recursos del mes de enero 2016.
Además en el pliego de observaciones 16-A-16000-14-1104-06-002 el monto quebrantado asciende a 98 millones 930 mil 508.78 pesos, más los rendimientos financieros, por haber realizado pagos de remuneraciones a trabajadores adscritos a centros de trabajo no dedicados a la educación básica o formación de docentes; pagos a personal no dedicado exclusivamente a la educación básica o formación de docentes; pagos al personal docente que no contó con la documentación que acredite el perfil académico, de la plaza bajo la cual cobraron sueldos durante el ejercicio fiscal 2016 y no acreditar haber enterado las retenciones del Impuesto sobre la Renta y las cuotas y aportaciones de Seguridad Social.
Asimismo en el pliego 16-A-16000-14-1104-06-003 el monto de la afectación es de cuatro millones 725 mil 313.67 pesos, más rendimientos, por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo en 2016, y que estaban pendientes de ejecución.
En el pliego de observaciones con terminación 004 el monto de daño a la hacienda pública es de 53 millones 217 mil 593.01 pesos, más rendimientos, por no darse las facilidades en los centros de trabajo y planteles educativos para llevar a cabo el procedimiento de validación de las plazas reportadas en la plantilla de personal (pase de lista) pagadas con recursos del Fondo, por cuenta y orden del Gobierno del estado.
Finalmente el Pliego con terminación 005 es el de mayor monto, ahí se refiere el probable daño a la hacienda por 234 millones 771 mil 589.07 pesos, más rendimientos, por pagos de remuneraciones a trabajadores adscritos a centros de trabajo no financiables con recursos del Fondo; pagos a trabajadores con plazas adscritos a centros de trabajo denominados centro de trabajo bolsa o personal por reubicar; pagos a un trabajador que contó una plaza, adscrito a un centro de trabajo “AGS”; pagos a personal comisionado a otra dependencia; y pagos a un trabajador que se encontraba adscrito a un centro de trabajo en Michoacán y Veracruz.
Ahí la Auditoría detectó el pago a trabajadores que ocupaban cargos de elección popular, sin que se detalle nombres o espacios, para conocer de quién se trató.
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