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A quien difunda un “pack” sexual sin permiso, de uno a 9 años de prisión proponen

Una penalidad de uno a nueve años de prisión a quien difunda un “pack” de contenido sexual sin permiso, es propuesta por la diputada Sandra Luz Valencia a través de una reforma al Código Penal del Estado, esto mediante la tipificación de los delitos de violencia a la intimidad sexual, violencia a la imagen personal y la extorsión sexual.

El tema del uso de las plataformas digitales y las redes sociales como herramientas de violencia y ataques contra la persona, fue expuesto por la legisladora en la tribuna legislativa, en donde subrayó que niñas, niños, adolescentes y personas adultas, se encuentran potencialmente expuestos a ser víctimas de delitos cibernéticos, que atentan gravemente contra derechos como a la intimidad, la propia imagen y al honor, que en muchos casos, orillan al aislamiento, a la depresión, pensamientos suicidas, o al crimen.

“Los delitos o crímenes cibernéticos, son aquellos actos o hechos que se producen a través de Internet y que requieren de la utilización de medios digitales o electrónicos; aunque existe una gama amplia de conductas que menoscaban derechos humanos, realizados en estos espacios digitales, cada vez es más concurrente el acoso, el hostigamiento e inclusive el chantaje o extorsión sexual, conductas que se traducen en violencia sexual digital”.

La diputada de Apatzingán citó a la Asociación Mexicana de Internet, que refiere que los delitos cibernéticos sexuales, no tendrían la misma repercusión de no ser por la disposición y facilidad del acceso a teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y demás medios de comunicación, que facilitan la grabación y difusión de contenidos, y agregó: “el uso de plataformas digitales, así como la facilidad del acceso a equipos electrónicos, no debe ser visto de manera negativa, sin embargo, debemos estar preparados y generar estrategias y herramientas que prevengan la comisión de delitos”.

Algunos ejemplos fueron expuestos por la legisladora, como el caso de Luis, un niño de 13 años que a través de una red social, compartió con su mejor amiga, una fotografía erótica cuya consecuencia terminó en extorsión.

También habló de Julissa, una estudiante de 19 años, que tras sufrir el robo de sus fotografías y que fueron difundidas como “pack” de contenido sexual a través de las redes sociales, decidió terminar con su vida.

“La difusión de material fotográfico, audio o video, así como las conversaciones cuyo contenido es erótico o sexual, es sumamente común entre parejas o amigos, en atención a la confianza o afinidad que existe entre ellos; lo cual es válido, siempre y cuando sea bajo el consentimiento y responsabilidad de los participantes.

“Estas prácticas, son expresiones conocidas como sexteo, que es un derecho humano, ya que forma parte del ejercicio pleno de derechos sexuales, como el derecho a la libre autodeterminación, derecho a la intimidad, derecho a la libertad sexual, derecho al placer sexual, derecho a la privacidad sexual, entre otros”.

De acuerdo con la información de Valencia en los últimos meses, Estados como Puebla, Veracruz, Chiapas, Coahuila, Yucatán, y recientemente Oaxaca, han tipificado la violencia a la intimidad sexual, como el acto de divulgar, distribuir, compartir, publicar o solicitar fotografías, audios o videos de contenido íntimo, erótico o sexual, sin el consentimiento de la víctima.

En el caso de Michoacán esta es la segunda iniciativa que se presenta en el Congreso local relacionada con la difusión de imágenes de contenido sexual sin la autorización de las personas protagonistas, la otra fue del panista Oscar Escobar Ledesma, misma que permanece en la congeladora Legislativa por falta de dictaminación en la Comisión de Justicia.

De manera concreta la legisladora de Morena propone que dentro del Código Penal, en lo relacionado al acoso sexual se incremente la penalidad general y de manera particular se incremente en una mitad más “cuando el sujeto activo asedie, hostigue, coaccione o amenace a otra persona con fines eróticos o sexuales en beneficio propio o de un tercero, a través de plataformas digitales, tecnologías de la información y telecomunicaciones.

En un tercer párrafo a incorporar propone que se considere también como una forma de acoso sexual, la remisión de fotografías, textos o grabaciones de voz o audiovisuales o cualquier tipo de contenido erótico, sexual o pornográfico, sin el consentimiento de la persona destinataria.

Se propone agregar también un artículo más en el que se tipifique la extorsión sexual, en donde la penalidad serán de tres a siete años de prisión, además de multa a quien asedie, coaccione o exija a otra persona realizar cualquier acto de naturaleza sexual bajo amenaza.

De tres a nueve años de prisión será para quien asedie, coaccione o exija a otra persona la producción o remisión de fotografías, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquella o realizar cualquier acto, bajo la amenaza de difundir, publicar, distribuir o exhibir sin su consentimiento, material de la misma naturaleza que previamente la víctima le haya compartido directamente o que haya obtenido por cualquier medio.

La pena también se aplicaría cuando el sujeto activo, valiéndose de posición jerárquica o relación alguna que implique subordinación exija acto de naturaleza sexual bajo amenaza a la víctima, la pena prevista se aumentará en una mitad; si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo proporciona, además de la pena señalada, será destituido e inhabilitado por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Asimismo cuando la víctima se encuentre potencialmente en situación de vulnerabilidad en razón de edad, género, origen étnico, situación económica, discapacidad o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena prevista se aumentaría en una mitad y hasta dos terceras partes de la máxima.

Finalmente en el caso de violencia a la intimidad sexual, se plantean también de tres a nueve años de prisión, estableciendo que comete este delito quien obteniendo con el consentimiento de otra persona, fotografías, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquella, y las publique, distribuya, difunda o exhiba a través de plataformas digitales, tecnologías de la información y telecomunicaciones o cualquier medio de difusión.

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