HomeEspeciales 3.0Reactivarán proyectos en La Palma; pendientes aún de esclarecer irregularidades

Reactivarán proyectos en La Palma; pendientes aún de esclarecer irregularidades

El gobierno del estado tiene en mira revivir los proyectos en la isla de La Palma, buscando apuntalar el crecimiento en el municipio de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, hasta el momento no se han esclarecido las irregularidades que privaron en el lugar desde que se buscó generar ahí un punto de desarrollo en la región hace más de dos décadas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó el miércoles que la Administración Portuaria Integral en Lázaro Cárdenas tiene interés sobre la isla, “lo que queremos es que se desarrolle, y el puerto tiene recursos para invertir y desarrollar ahí”.

El viernes el mandatario tiene previsto realizar una visita al lugar, y adelantó que los avalúos de bienes en ese sitio los realizará el Instituto Nacional de Valuación de Bienes Nacionales, “hay varias inversiones que están en construcción y que seguramente requerirán la compra de terrenos propiedad del estado, o que se los demos en comodato o en concesión”.

Sobre las irregularidades que a lo largo de los años se han dado en torno a la isla de La Palma, Seyra Anahí Alemán Sierra, presidenta de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso local, consideró que uno de los temas de gravedad es que cuando ha correspondido fiscalizar y revisar lo que ahí se hizo en su momento, se dejaron pasar los tiempos, “la Ley es muy clara en las prescripciones y vencimientos sobre lo que puedes hacer o no a la hora de retomar un tema”.

En ese sentido señaló que el Congreso debe ver hasta dónde le alanza en términos legales para retomar la revisión de lo que se haya hecho.

Cabe recordar que desde 2017 la Auditoría Superior de Michoacán, a través de su entonces titular, José Luis López Salgado, reportaba que nunca había entrado a revisar la situación que privaba en los terrenos de la isla de La Palma debido a que el primer decreto de desincorporación permaneció encriptado.

Los orígenes

En los vaivenes de La isla de La Palma la historia arranca en 1982, cuando el entonces presidente José López Portillo signa el decreto de expropiación para el establecimiento del puerto industrial de Lázaro Cárdenas y se procede a la cubrir la liquidación correspondiente a los ejidatarios. Los reportes entonces señalaban que la totalidad de los propietarios habían recibido el pago por sus tierras.

Bajo el argumento de utilidad pública, López Portillo determina a través de dos decretos la expropiación de 665 hectáreas a favor de la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas para el establecimiento del Puerto Industrial de Lázaro Cárdenas.

Uno de los decretos era por 225 hectáreas localizadas en los ejidos Melchor Ocampo y Las Guacamayas, en Lázaro Cárdenas, y el otro por 440 hectáreas ubicadas en el ejido de Santiago Zacatula, de La Unión en el estado de Guerrero.

Es así como la Secretaría de Asentamientos Humanos determina en 60 mil pesos de entonces, el valor unitario por hectárea en el lugar. El monto de la indemnización en realidad fue de 26 mil pesos, cantidad que equivalía al valor comercial agrícola estimado de la tierra. La federación en ese año erogó además 373 millones 948 mil 11.90 pesos para cubrir el pago de bienes distintos a la tierra.

En el decreto lopezportillista se mencionaba que los campesinos tendrían derecho a recibir cada uno, dos lotes urbanizados, que se adjudicarían en la zona de desarrollo urbano del puerto industrial y el 20 por ciento de utilidades netas del fraccionamiento, esto último jamás se cumplió debido a que el decreto no era para fraccionar sino para generar un desarrollo industrial.

Asimismo se establecía que si en un término de cinco años a los terrenos expropiados se les daba un fin distinto a motivo del decreto, éstos pasarían a incrementar el patrimonio del Fideicomiso de Apoyo a la Industrial Rural.

El 16 de marzo de 1983 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología existente entonces en el gobierno federal, entrega las hectáreas expropiadas al Fondo Nacional para los Desarrollo Portuario (Fondeport).

Para marzo de 1999, Banobras en calidad de fiduciario de Fondeport, dona al gobierno de Michoacán las 665 hectáreas, es decir las 440 de Guerrero conocidas como polígono GOB1 y las de Lázaro Cárdenas denominadas como Polígono GOB2.

Luego de la donación al gobierno michoacano y de que éste ya contaba con las escrituras respectivas, el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) decide entablar un juicio de revisión contra Fondeport debido a que no se había cumplido el objeto del decreto lopezportillista en los cinco años previstos, ya que del cien por ciento de la extensión territorial sólo se había desarrollado un diez por ciento.

De esta manera las gestiones del Ejecutivo Estatal logran que en agosto del 2000 el Fifonafe firme un acuerdo en el que se desiste de la demanda, dando por terminado el juicio de revisión de tierras con lo que el gobierno michoacano queda como propietario.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que dos años antes del decreto presidencial de 1982, el gobierno estatal encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1980 había signado un convenio con los ejidatarios en los que se les permitía la explotación del lugar, aun sin ser propietarios del mismo.

Es así como en septiembre del 2000 el Comisariado Ejidal de Zacatula interpone una controversia agraria de revisión en contra del Fondeport por daños y perjuicios a ejidatarios por incumplimiento del convenio signado en 1980.

El asunto quedó empantanado hasta que en marzo de 2006 autoridades michoacanas firman el contrato del Fideicomiso 2112 de Administración del Recinto Fiscalizado Estratégico Zona Franca del Puerto. Ese mismo año la Administración General de Aduanas autoriza al entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel la habilitación de una parte del lugar para operar como zona libre de aranceles.

No obstante que las autoridades conforman dicho Fideicomiso, este resulta de carácter privado al no cumplir con lo establecido por los artículos 38, 39 y 40 de la Ley de Entidades Paraestatales en donde se señalaban las características a cumplir para ser considerado como un organismo público.

Es hasta el 2006 cuando el gobierno michoacano cae en cuenta de que el decreto de expropiación fue pagado más no ejecutado, por lo que el 13 de noviembre se inician las pláticas con los posesionarios y ejidatarios de Zacatula para negociar su salida del lugar.

Ese mismo año las autoridades estatales hacen una oferta a los ejidatarios sobre los bienes distintos a la tierra, basados en precios reales y comerciales, los cuales son aceptados en asamblea ejidal salvo en seis casos, los de la familia Avilés.

Los compromisos contraídos por las autoridades fueron entregar seis millones 250 mil pesos de anticipo por la posible excedencia de tierras en La Palma (ya que el cauce del río a su alrededor se había modificado en relación al existente en 1982), la entrega de tres tractores, una sembradora para maíz y una picadora.

 

El segundo momento

En el 2006 la administración lazarista crearía el Fideicomiso 2112 –bajo reglas que años después se develaron confusas-, con la intención de que éste administrara el lugar.

En la recta final de su administración, Cárdenas Batel turnó a la LXX Legislatura una solicitud para la desincorporación de 183 hectáreas del lugar, cien de ellas se utilizaron para el Recinto Fiscalizado Estratégico y las otras 83 se desconocía su finalidad, no obstante la Cámara determinó en 2007 autorizar la petición del mandatario.

En la recta inicial de 2008, Kansas City Southern empezó a presionar a las autoridades para lograr a su favor la titulación de terrenos, ya que la empresa tenía proyectado iniciar en abril de ese año su terminal ferroviaria en Lázaro Cárdenas.

Es así como la administración de Leonel Godoy Rangel atendería las pretensiones de la empresa estadounidense, turnando en julio de 2008 a la LXXI Legislatura local una iniciativa para desincorporar 440 hectáreas de La Palma al referido Fideicomiso 2112.

La controversia no se haría esperar, ya que Kansas City, pretendía que el estado le vendiera 181 hectáreas para un patio de maniobras, posesión que además le permitiría gestionar financiamientos a su favor.

Además el asunto se complicaba con el tema de los ejidatarios que permanecían en La Palma, algunos de ellos argumentaban la posesión de la tierra pese a la expropiación de 1982. El pago de liquidaciones a ejidatarios, tanto por los predios como por los valores distintos a la tierra, registró irregularidades que dejaron fuera a algunos ejidatarios.

La discusión del tema de La Palma en el Congreso permaneció tras bambalinas hasta octubre de 2008, cuando el entonces presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Congreso, Librado Martínez Carranza calificó de alto impacto ambiental el desarrollo proyectado en el lugar.

La versión del legislador se corroboraría con un estudio elaborado por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente en donde se reconoció un impacto negativo de mediano a grande con características acumulativas y sinérgicas al balance natural de la Isla de La Palma.

A pesar de ello la dependencia salió en defensa del proyecto de desarrollo y lo avaló.

La polémica se desbordó cuando se conoció que Kansas City compraría apenas en 18 dólares el metro cuadrado de un lugar estratégico no sólo para el desarrollo estatal, sino también nacional. Incluso trascendió que el gobierno estatal ya había recibido un anticipo de un costo final que fluctuaba entre los 23 y 25 millones de dólares por las 181 hectáreas a pesar de no contar con el permiso del Congreso del Estado.

Las dudas sobre las intenciones personales del entonces secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas Arreola eran otro elemento presente en la discusión, ya que se señalaba que el funcionario tenía interés como empresario para invertir.

Los meses fueron transcurriendo sin que en la Cámara local hubiera consenso, en tanto, Vargas Arreola fue removido como secretario de Desarrollo Económico, y en su lugar entró Isidoro Ruiz Argáiz, quien logró cristalizar la propuesta del Ejecutivo.

La postura entre los legisladores se fue suavizando, y aquellos que se oponían inicialmente al proyecto acabaron por ceder, no sin versiones sobre presuntos sobornos para lograr su voto a favor de la desincorporación de tierras.

 

El escándalo

En 2014, la LXXII Legislatura local aprobaría a propuesta de los entonces diputados Silvia Estrada Esquivel, Alfonso Martínez Alcázar, Eduardo Orihuela Estefan, y Antonio Sosa López una comisión especial de seguimiento al caso de La Palma por las irregularidades detectadas.

La determinación se tomó luego de que legisladores locales detectaron que prácticamente la totalidad de las empresas que acordaron invertir en el lugar incumplieron en algún punto con los convenios que signaron en su momento.

Asimismo se denunció que en el Cayacal administraciones estatales anteriores comerciaron lotes con exfuncionarios, empresarios, políticos a minúsculas sumas, y que para entinces continuaba la venta de lotes aunque a precios más elevados que antaño.

En entonces diputado Sarbelio Molina Veles señalaba que eran 115 lotes -de 116- los vendidos en El Cayacal, en un parque industrial totalmente bardeado y con todos los servicios. Los terrenos vendidos previos al 2013 habían sido rematados a 25 pesos el metro cuadrado, mientras que los adquiridos entre 2013 y 2014 tuvieron un precio de 50 dólares el metro cuadrado.

Para el 2015 trascenderían los nombres de quienes habían adquirido a remate predios en El Cayacal. La información dada a conocer entonces apuntaba que quienes adquirieron terrenos a 25 pesos el metro cuadrado fueron el empresario José Luis Dueñas con más de cien mil metros cuadrados; Jade Logistic & Commer S.A. de C.V. (de José Luis Dueñas Corona) con 98 mil 380 metros cuadrados); Germán Oteiza con un predio de 60 mil metros cuadrados; Aurreski S.A. de C.V. (de Germán Oteiza Figaredo) con un predio de 14 mil 67 metros y otro de 48 mil 514 metros cuadrados; y Gasomich Tarasca, S.A. de C.V. (de Maniel Nocetti Tiznado) con 38 mil 613 metros cuadrados.

Los terrenos adquiridos a 50 pesos el metro cuadrado habrían ido a manos de José Antonio Garrido Mejía con diez mil 327 metros cuadrados; Alfredo Álvarez Arzate, con seis mil 467 metros cuadrados; Carlos Rico Silva, con cuatro mil 757 metros cuadrados; Servicios Aduanales Luis Hoyo S.A. de C.V.(de Luis Hoyo García) con 18 metros; Everardo López García, con mil metros cuadrados; Gustavo Roberto Carmona, con seis mil 473 metros cuadrados; Fomento de Desarrollo Empresarial Mexicano S.A. de C.V. (de José Salvador Rosas Quintanilla y Eduardo Arnoldo Garza Robles), con cuatro mil 966 metros cuadrados; y Promilac S.A. de C.V. (de Luis Hoyo García), con 28 mil metros cuadrados.

Además José Martín Carmona Flores adquirió mil 800 metros cuadrados a sesenta pesos cada uno; Francisco López Ortiz, seis mil metros cuadrados a 70 pesos; Jade Logistic & Commer S.A. de C.V. (de José Luis Dueñas Corona) obtuvo ocho mil 290 metros cuadrados a 75 pesos cada uno; Fernando Mandujano Méndez, a ochenta pesos el metro cuadrado un total de 600; Comercializadora de BR S.A. de C.V. (de Leticia Rosales Herrera), con 11 mil 250 metros cuadrados a 89.89 pesos cada uno; y Oscar Miguel Sandoval Arena, con cinco mil metros cuadrados a cien pesos.

Arrendadora Gala S.A. de C.V. (de Marcelino Galeana Ávila) adquirió tres mil 700 metros cuadrados a 150 pesos cada uno; en tanto que, Salvador López Suárez, adquirió mil 200 metros cuadrados a 210 pesos cada uno.

Otro grupo de 15 propietarios adquirieron sus terrenos a 250 pesos el metro cuadrado, se trata de César Germán Rosas Guzmán con mil 250 metros cuadrados; Francisco Vega Fernández con mil 200; Transportes Integrados de Michoacán S.A.de C.V. con mil 250 (con Roberto Escalantes Hernández como representante legal); Trasporte Lobo S.A. de C.V. (de Abel Salazar Gómez), con nueve mil 75; Martín Torres Causor, con mil 250; el Sindicato Único de Trabajadores Choferes, Operadores para el Trasporte, Maniobra de Materiales, Carga, Construcción en General, Similares y Conexos del Estado de Michoacán CTM, con mil 703 metros cuadrados; María Trinidad Cisneros Medina, con mil 250; FERREYCO S.A. de C.V. (de Benjamín Rodríguez Álvarez), con mil 250 metros; Alejandro Rubio Nuño, con mil 250; MG Construcciones y Servicios Industriales Integrales S.A. de C.V. (de Jorge Chavarría Rodríguez), con mil 707; Construcciones SYSMA S.A. de C.V. (de Marco Antonio Campos Vega), con 250 metros; Alfonso Cortés Leal, con seis mil 588; Mariano Ortega Sánchez, con dos mil 341; y Especializado SAGOT S.A. de C.V. (con Víctor Manuel Sánchez Ramírez como apoderado legal) con diez mil metros cuadrados.
Bertha Alicia Morales Estrella adquirió mil 250 a 310 pesos; mientras que, Lechera Guadalajara S.A. de C.V. adquirió cuatro mil 963 metros cuadrados a 321 pesos cada uno.

Finalmente seis propietarios adquirieron a 330 pesos el metro cuadrado: Constructora Sur de Michoacán S.A. de C.V. (Alejandro Valverde Gama como apoderado legal), con 600 metros cuadrados; La Palma Apoyo Logístico S.A. de C.V. (presidido por J. Guadalupe Ramos Ramos), con seis mil 667; Gustavo Rangel Jiménez con mil 827; MOVIEX-PRESS S.A. de C.V. (de Pablo Martínez Gómez Tagle), con 760; PACIFIC SUPPLY/Logistic S.A. de C.V. (de Pablo Antonio Olliviers Pages), con dos mil 500; y Macario Guerrero de León, con cuatro mil 85 metros cuadrados.

Pese al escándalo, el asunto jamás derivó en una fiscalización formal y permaneció empantanado.

Tu opinión es importante:

comentarios

Comparte en: