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Salas hace “vaquita” de nombres para nuevo consejero del Poder Judicial

Salas hace “vaquita” de nombres para nuevo consejero del Poder Judicial

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Antonio Salas Valencia, realiza una “vaquita” de nombres entre los diputados locales, para definir consejero del Poder Judicial.

Cabe apuntar que tras la designación el pasado 13 de julio de Jesús Sierra Arias como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, el cargo de consejero del Poder Judicial que venía desempeñando quedó acéfalo.

La consejería que ocupaba Sierra, corresponde nombrarla al Poder Legislativo por ser ésta el espacio en que está representado dentro del Consejo del Poder Judicial.

A través de un oficio girado a los diputados desde el pasado 23 de agosto, el también presidente de la Comisión de Justicia solicita a los diputados que cualquier propuesta de perfil que tengan al respecto se la hagan llegar.

Pese a que la solicitud es abierta a todos los diputados para cumplir con el formalismo legal, en el reparto de posiciones al interior del Congreso esta consejería es una posición para el PRI, el cual tendrá mano.

Cuando Jesús Sierra fue designado como Consejero, sólo lo acompañaron otras cuatro propuestas de perfiles al cargo, ya que –pese a su importancia- éste no presenta mayor interés para la generalidad de los diputados.

El nuevo consejero deberá cubrir el resto del periodo de cinco años para el que había sido designado Sierra Arias, mismo que concluye el 27 de marzo del 2023.
Ni la Constitución ni la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso establecen criterios para que el Congreso designe su consejero del Poder Judicial, por lo que no existe procedimiento normativo alguno que arroje transparencia a la decisión de los diputados.

La ruta a seguir ahora por la Comisión de Justicia, es igual a la que se usó por la pasada Legislatura en marzo de 2018 en la designación de Jesús Sierra: se recopilaron las propuestas de los diputados, se le dio forma al dictamen a partir de los requisitos al cargo que establece la Ley, y al final, se cristalizó la decisión política que previamente había sido tomada.

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