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“¡Saquen al hijo de su puta madre que lo vamos a matar!”

Rodrigo Caballero/ @RodCaballero

Morelia, Michoacán.-Después de salir a divertirse, Alberto Sánchez Palomar regresó a la casa de su abuela en el Infonavit La Pradera; una colonia ubicada en la periferia de Zamora, Michoacán. Sin embargo, al llegar al asentamiento la policía ya los estaba esperando.

Alberto junto a su primo y un amigo salieron de un bar la madrugada del sábado 21 de febrero y llegaron a la colonia al filo de las 2:00 de la mañana; al bajarse del carro notaron como miembros de la llamada Fuerza Ciudadana se les abalanzaron encima y esposaron a otro de sus primos que caminaba junto a su novia.

Confundidos, los tres jóvenes trataron de correr a la casa de la abuela para ponerse a salvo mientras los policías los perseguían. Al llegar al inmueble los oficiales les dieron alcance y todos se metieron “hasta adentro”, entonces comenzaron a maltratarlos.

Alberto Sánchez narra cómo cinco miembros de la Fuerza Ciudadana atacaron a sus tías, sus primos y a su abuela. Los jóvenes trataron de defender a sus familiares y se desató una trifulca; minutos más tarde llegó la mamá de Alberto y los oficiales también la recibieron a golpes.

El joven de 24 años narró “Yo quise salir a defenderla… y cuando salgo a defenderla un policía me apunta con su pistola y pues yo me detengo y levanto las manos, y le pido que no me vaya a disparar porque no tengo armas”.

A pesar que levantó las manos, de acuerdo con su testimonio, el oficial disparó su rifle  de asalto AR-15 en contra de Alberto, él cuenta que no sintió nada tras escuchar el balazo pero cuando intentó correr no pudo “entonces me di cuenta que mi pierna me la habían quebrado”.

Historias de abuso de poder

Hasta el momento Alberto Sánchez no se explica porque los oficiales arremetieron contra su familia pero, lo que sí sabe, es que no es el único que ha pasado por esa situación.

El 2 de diciembre del año pasado, miembros de la Fuerza Ciudadana (como se le conoce a la policía creada por el ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes) arrestaron al mediodía y sin motivo aparente a Enrique Alonso Ledezma, un hombre de 46 años de edad que caminaba por la calle.

Al llegar a la barandilla, Ledezma mostraba huellas de violencia e ingresó por supuesta alteración del orden público. Casi una hora después de su arresto los custodios del lugar solicitaron una ambulancia debido al dolor abdominal que lo aquejaba desde que había llegado.

Mientras tanto su hijo, quien se quejaba que los policías no le querían decir por qué habían arrestado a su padre, se trasladó a la barandilla para pagar la multa pero ya era demasiado tarde, su papá había muerto.

El reporte policiaco mostró que Enrique Ledezma murió en el camino al hospital pero no cuáles fueron las causas del deceso. Después de su muerte las autoridades zamoranas trataron de darle carpetazo al asunto pero la movilización de la ciudadanía obligó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a atraer el caso.

Cuatro días y dos manifestaciones después la PGJE determinó que Alonso Ledezma había sido asesinado a golpes durante el interrogatorio por parte de elementos de la Fuerza Ciudadana;  aquel día fueron detenidos seis miembros y el caso se cerró. Sin embargo, nada se sabe de lo que le pasó a los policías que intervinieron.

Esta es una realidad que cuentan los propios zamoranos, por ejemplo, Alberto Sánchez asegura que los oficiales “ven como un negocio” arrestar, golpear y robarle el dinero a las personas que ven en la calle sin importar si están o no infringiendo la ley.

El día que atacaron a la familia de Alberto, la Fuerza Ciudadana había puesto el ojo en su primo que caminaba junto a su novia en la madrugada. Los oficiales lo acorralaron, así lo dice Alberto quien considera los ataques como un acto de prepotencia y abuso de poder.

La tentativa de homicidio

En un comunicado de prensa la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que se “ejerció acción penal contra 11 personas por disturbios en Zamora”. Según el boletín resultaron heridos tres policías y un civil, éste último por disparo de arma de fuego cuando intentó quitarle su rifle a un oficial de la Fuerza Ciudadana.

La PGJE comunicó que los vecinos del lugar llamaron a la policía porque había un grupo de jóvenes alterando el orden pero cuando llegaron éstos se resistieron al arresto y tuvieron que pedir refuerzos.

De acuerdo con su boletín, los jóvenes agredieron con un bate de béisbol y un machete a los oficiales y en las bolsas se les encontraron 70 gramos de “una sustancia granulosa con características de metanfetamina”.

Durante la redada detuvieron a 11 personas pero siete salieron bajo fianza; Zayra Sánchez Palomar, hermana de Alberto y quien supuestamente atacó a los policías con un machete, Reinaldo Palomar, primo de Alberto y su amigo Christian Arias todavía están presos en el Centro de Readaptación Social conocido como “El Pochote” acusados de tentativa de homicidio, narcomenudeo y resistencia al arresto.

Su hermana Zayra y su amigo Christian lo defendieron tras recibir el disparo en la pierna, ambos lo metieron a la casa de su amigo y desde afuera los policías les gritaban “¡Saquen al hijo de su puta madre que lo vamos a matar! ¡Si no lo sacan les va a ir peor!”.

Alberto Sánchez les pidió a los oficiales que llamaran a una ambulancia “porque si me hubiera ido con ellos me muero, ellos no me iban a llevar al hospital” aseguró.

A consecuencia de la herida, Alberto Palomar perdió la mitad de su pierna izquierda. Ahora se encuentra en una cama de hospital custodiado día y noche por oficiales de la misma corporación que le quitó sus aspiraciones de futbolista y probablemente enfrentará los mismos cargos que sus familiares cuando se recupere.

Los delincuentes que se disfrazaron de policías

Lo que le sucedió a Alberto Sánchez generó una nueva ola de protestas en Zamora, el lunes 23 de febrero unas 500 personas vestidas de blanco exigieron justicia frente a las instalaciones de la Subprocuraduría Regional de Justicia.

Los manifestantes fueron recibidos por la titular de la dependencia, Liliana Guadalupe Rosillo Hernández, quien les prometió pasar su “inconformidad” a la Secretaría de Seguridad Pública ya que es la encargada de la Fuerza Ciudadana.

El miércoles 25  de febrero se volvieron a reunir los manifestantes para una segunda marcha que llegó hasta la Presidencia Municipal y a las instalaciones de la Fuerza Ciudadana en Zamora.

En la marcha, los manifestantes exigieron que abandonen sus cargos la subprocuradora de justicia en Zamora Liliana Guadalupe Rosillo Hernández, el coordinador de regiones Carlos Alberto Cedano Filippini y el director de Seguridad Pública local José Luis Caraveo Basadua.

El coordinador de regiones, Carlos Alberto Cedano Filippini, es uno de los mandos policiacos que llegaron a Michoacán bajo las órdenes de Alfredo Castillo Cervantes en enero de 2014.

Filippini fue comandante de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en Mexicali, Baja California. Carlos Alberto desertó de la AFI y fue detenido en los Estados Unidos por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) con 600 mil dólares de los que nunca pudo comprobar su procedencia lícita.

En el expediente UEIORPIFAM/AP/070/2009 quedó registro que Carlos Filippini junto a su subalterno, Víctor Manuel Juárez Cruz, fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) el 7 de abril de 2008 tras pasar ocho meses en una prisión norteamericana.

Dos elementos de la AFI que pertenecían a su grupo cercano,  Gerardo Durán Treviño y Gerardo Antonio Mendoza Reyes, fueron acribillados al salir de un restaurant de comida china el 26 de julio de 2008.

En 2009 el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit les dictó auto de formal prisión a Carlos Alberto Cedano Filippini y Víctor Manuel Juárez Cruz por enriquecimiento ilícito. Este proceso se encuentra registrado en el acta 10/2009 de dicho juzgado.

Filippini desapareció tras la sentencia y en enero de 2014 tomó posesión de la Coordinación de Regiones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Por su parte, la subprocuradora de justicia en Zamora Liliana Guadalupe Rosillo Hernández, presidió la Fiscalía Especializada en Feminicidios en Tlanepantla, Estado de México. Una institución que ha sido acusada de negligencia en el mejor de los casos.

Tlanepantla es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los municipios más violentos para las mujeres de todo el país. En su libro “Las Muertas del Estado” el periodista Humberto Padgett narra cómo Liliana Guadalupe Rosillo les daba largas a los familiares de las mujeres asesinadas y la actitud prepotente que tenía con las personas y con sus subordinados.

Guadalupe Rosillo ingresó a la Procuraduría Federal del Consumidor como directora de Gas y ahí se encontró con Alfredo Castillo Cervantes quien la colocó en su puesto actual.

Mientras tanto, Alberto Sánchez abundó que los zamoranos están cansados del abuso de poder que ejercen la Fuerza Ciudadana sobre ellos.

En entrevista con Michoacán TresPuntoCero concluyó “No quisiera sonar arrogante ni quiero sacar provecho pero esto que me hicieron marcó mi vida y no es cualquier cosa; por eso quiero exigir justicia y castigo no sólo al policía que me disparó sino a toda la unidad porque él no actuó sólo”

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