El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó que los elementos de las Fuerzas Armadas intervengan en comunicaciones privadas o geolocalización de particulares,
Determinó que no puedn solicitar información sobre civiles a operadores de telecomunicaciones sobre llamadas, mensajes ni la geolocalización en tiempo real, ni tampoco hacer revisiones a vehículos sin una orden judicial.
Se avaló que testigos o peritos civiles sean citados por las autoridades judiciales militares, para una investigación o proceso, ya que su exclusión tendría consecuencias adversas en la impartición de justicia.
Sin embargo, el pleno de la SCJN invalidó la autorización del uso de la fuerza pública para obligar a la comparecencia de los testigos o peritos civiles, ya que eso implicaría la momentánea privación de la libertad por parte de una autoridad castrense.
