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Se amparan alumnos expulsados de la Universidad Michoacana

Se amparan alumnos expulsados de la Universidad Michoacana

Un amparo en contra de la decisión del Consejo Universitario de expulsarlos de la institución, interpusieron los nueve estudiantes afectados por la medida, no obstante que el mismo Tribunal Universitario planteaba que fuesen suspendidos solamente un año, al igual que se incumplieron acuerdos conciliatorios planteados por parte de las autoridades.

El pasado 9 de marzo, el máximo órgano de gobierno en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Consejo, decidió aprobar en sesión privada la expulsión de los nueve estudiantes y moradores de casas del estudiante, 8 de ellos de la Nicolaita y uno de la Isaac Arriaga, en un proceso a presuntos participantes en la toma de instalaciones en el año 2016 y donde se incluyó a quienes lo hicieron en las movilizaciones del año 2015. En ambos casos, la demanda de los estudiantes fue ampliar el ingreso en la Casa de Hidalgo, principalmente a hijos de indígenas, campesinos y obreros.

La decisión de expulsar a los jóvenes –dos de ellos con los estudios terminados y que estaban en proceso de titulación-, fue ratificada en sesión del 16 de marzo, en la que una consejera estudiantil y un representante de los docentes en la Facultad de Filosofía, plantearon que se revisara el caso en cuanto a los elementos aportados por la comisión permanente del Tribunal Universitario, haciendo notar que se ignoraban las observaciones de esta misma comisión, que planteaba la suspensión por un año de los presuntos infractores y no su expulsión definitiva.

En la misma sesión, tanto el rector Medardo Serna González como el secretario general Salvador García Espinoza, intervinieron para apoyar la expulsión, al considerar que en el 2016 se había agredido a la autoridad y generado presuntos daños al patrimonio universitario. Ambos, encabezaron en ese año la movilización de funcionarios en Ciudad Universitaria (CU) para recuperar las instalaciones, en la que tuvo que intervenir la fuerza pública apostándose frente a las mismas para evitar una confrontación mayor, que sin embargo dejó a varios heridos de ambos bandos.

Pedro Sebastián y Miguel Ángel Rulfo Santander, dos de los jóvenes afectados, señalan que dentro del expediente que se abrió en su contra por parte del Tribunal Universitario, no hay evidencias reales de su participación, como pudieran ser videos o grabaciones, o bien de quien provienen los presuntos cargos en su contra. Ninguno de los dos, afirman, estuvieron presentes en el momento de los hechos que se les imputan, que fue cuando se dio el desalojo de CU; uno de ellos no estuvo en el lugar y otro, llegó tarde porque su padre había fallecido.

De los daños que aduce la autoridad sufrieron las instalaciones en poder de los estudiantes, en un conflicto que paralizó a la UMSNH más de 60 días, señalan que el Consejo decidió aplicarles sanciones en los recursos que ejercen, de manera que en la Nicolaita se descontaron 200 mil pesos por esos presuntos daños, y de los que niegan haber participado, acusaciones que consideran “absurdas” como querer responsabilizarlos del robo de objetos personales como un reloj, “hasta unos aretes”, que no serían precisamente bienes universitarios, al igual que establecieron precios exagerados, como un teclado de computadora que les fue cobrado a mil 200 pesos.

Pedro Sebastián, quien culminó los estudios en la Facultad de Derecho y se encontraba en el proceso de titulación, condena que las autoridades no hubieran cumplido los acuerdos para que ellos se desistieran de un amparo colectivo contra el proceso de expulsión, a cambio de ser suspendidos por un año nada más y el no movilizarse, mismos que señalan fueron firmados con la participación del secretario general, Salvador García Espinoza, por el director de Asuntos Estudiantiles, Dolores Govea, y por cada uno de ellos. Estos acuerdos fueron tomados antes de la sesión del día 9 de marzo, donde en contra de los mismos y a puerta cerrada, los consejeros votaron por la expulsión, misma que ratificaron una semana después, el día 16.

Al igual que afirman que en el expediente levantado no había ninguna prueba directa en su contra, dicen que en ningún momento y luego que el Consejo ratificó la expulsión, han tenido la oportunidad de defenderse y mucho menos fueron notificados por escrito o se les entregó el resolutivo por esta vía de las causas de su separación de la institución. Sólo fueron citados por García Espinoza, quien, dicen, les señaló en su oficina que “no se habían podido” mantener los acuerdos.

Sin dejar de reconocer que su participación fue legítima al exigir derecho a la educación, ambos estudiantes consideran que fueron “chivos expiatorios” de la Rectoría, al no haber pruebas directas de su participación, que al igual de la de cientos de jóvenes en aquel momento, califican, era “una decisión consciente” aceptada por la mayoría de los moradores de los albergues integrados a su vez en la Coordinadora de Universitarios en Lucha. “Lo que quieren las autoridades con nuestro caso es atemorizar, exhibirnos para que se detenga el acceso a la Universidad, más para los pobres, de escasos recursos; la mayoría de los moradores venimos de sectores en los más altos indicadores de la pobreza, de comunidades indígenas o campesinas”, proceso en el que, consideran, no estaría exento un proceso privatizador de la educación superior.

“Legamos a Morelia, desde nuestros pueblos, con la idea de estudiar, de superarnos por la colectividad, por nuestros padres, no por un beneficio nada más personal, trabajar por el beneficio del pueblo”, refiere uno de ellos, originario de una comunidad en el municipio de Los Reyes, quien lamenta la decisión de un Consejo Universitario “que ni siquiera nos conoce, ignora nuestra labor social. Que el Consejo Universitario me cite directamente, me gustaría que me acusara directamente, ver quiénes son los que me están juzgando”.

Señalan que hay 51 notificaciones a estudiantes, entre ellas los nueve casos, donde advierten a estudiantes sobre el inicio de procesos en el Tribunal, lo que califican como una medida intimidatoria que alienta también la parálisis del movimiento estudiantil, o amenazarlos con la expulsión definitiva o con suspender los recursos financieros al albergue, de lo que acusan directamente a Govea.

En su defensa, dicen, además de los recursos de amparo en marcha, se ha iniciado la colecta de firmas entre la comunidad estudiantil para pedir que el Consejo Universitario revoque las expulsiones y continuar sus estudios, al igual que a su favor se han pronunciado alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), del Sindicato de Profesores (SPUM) y del Frente en Defensa de la Universidad Pública.

A su juicio, las medidas “arbitrarias, fascistas” de la Rectoría, al no alentar un diálogo sino a reprimir sin considerar los derechos y garantías individuales de los universitarios, derivan en la pérdida del perfil de una institución fundada por humanistas como Vasco de Quiroga, una de las primeras en América Latina en abrir la enseñanza a los indígenas, y donde, dicen, la pérdida de matrícula sobre todo en el nivel bachillerato, podría ser ya una consecuencia.

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