En Michoacán se avecina la propuesta de una reestructura de la deuda pública estatal, lo que implicará prolongar por más tiempo los empréstitos que tiene el estado y con ello que su monto aumente a cambio de abonos más pequeños.
En la experiencia vivida en Michoacán, cada que se da un proceso de reestructuración financiera, se inserta la deuda de corto plazo contraída por el Gobierno del Estado, misma que se contrata sin la necesidad de autorización por parte del Congreso del Estado.
Los propios reportes que el Congreso del Estado ha emitido cuando se presentan solicitudes similares señalan un crecimiento del 15 por ciento de la deuda pública estatal en cada reestructuración autorizada.
La posibilidad de que el Ejecutivo de Estado presente la propuesta al Congreso, fue dejada entrever esta semana por el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso, Arturo Hernández Vázquez quien pese a asegurar que el PAN se opone a la contratación de deuda, muestra apertura para un proceso de reestructura.
Cabe apuntar que en todas las reestructuraciones aprobadas por el Congreso del Estado, se incluye siempre un monto extra de endeudamiento bajo el argumento de poder asumir los costos que implica la propia reestructura.
De acuerdo con el Tercer Informe Financiero del Estado emitido por el Gobierno Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la deuda pública de largo plazo en Michoacán asciende a 16 mil 827 millones 616 mil 192 pesos, en tanto que los pendientes de pago a corto plazo alcanzan los ocho mil 925 millones 499 mil 688 pesos.
En Michoacán la primera solicitud para la reestructuración de la deuda pública fue presentada en septiembre de 2010 por el entonces gobierno de Leonel Godoy Rangel, la propuesta implicaba la contratación de empréstitos a ser destinados al refinanciamiento de la deuda bancaria.
El 14 de enero de 2011 los diputados de la LXXI Legislatura finiquitaron su tercer año de labores legislativas, aprobando deudas: una para el Ejecutivo Estatal por cuatro mil 800 millones de pesos –sin incluir intereses- bajo el argumento de reestructurar la deuda de corto plazo del estado, y otra por 442 millones de pesos para la realización de obras en el municipio de Morelia.
No pasaron ni dos años cuando arribó al Congreso una nueva iniciativa para reestructurar la deuda. El diez de agosto de 2012 el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa turnó al Congreso una iniciativa la propuesta por un monto histórico que ascendió a los 19 mil 117 millones 903 mil 638.13 pesos, que incluyó reestructura, refinamiento y contratación de deuda.
Menos de dos meses les llevó a los diputados de la LXXII Legislatura revisar el asunto y disminuir la cifra propuesta por el Ejecutivo. Es así como el 11 de octubre de 2012 se aprobó la medida hasta por la cantidad de once mil 56 millones 277 mil 990.24 pesos.
Debido a la crisis política de la administración vallejista y a la poca credibilidad financiera del Estado, tal reestructura encontraría dificultad para contratarse. Asimismo el Gobierno Estatal contrataría de manera irregular en 2013 más de 400 millones de pesos con Banca Multiva sin autorización del Congreso.
El 18 de septiembre de 2014, ya con Salvador Jara como gobernador del Estado, arribó al Congreso una nueva solicitud al Congreso para que le autorizara reestructurar y/o refinanciar financiamientos a cargo del estado, así como para contratar un financiamiento a través de crédito público hasta por el monto íntegro de las obligaciones pendientes de pago, haciendo un total de once mil 856 millones 98 mil 239.22 pesos. Dicha solicitud insertó la deuda de corto plazo adquirida por las autoridades estatales.
Es así como el 26 de noviembre de 2014, con 25 votos a favor y 15 en contra, entre acusaciones de “moches”, la LXXII Legislatura local, aprobó el dictamen de mayoría que autorizó al Ejecutivo Estatal a refinanciar y reestructurar empréstitos estatales, en donde se incluyó la conversión de deuda de corto plazo usada en gasto corriente, a deuda de largo plazo.
Ya con Silvano Aureoles Conejo como gobernador del Estado, el 12 de diciembre de 2016 arribó al Congreso una nueva iniciativa de reestructuración de la deuda pública, ahora por un monto de diez mil 906 millones 30 mil pesos que incluyó la deuda bursatilizada contratada en Unidades de Inversión (UDIS) por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en 2007 y que para entonces arrastraba un saldo de cuatro mil 155 millones 309 mil pesos. Asimismo incluyó la deuda contratada en 2013 por el gobierno de Fausto Vallejo que ascendía a seis mil 70 millones 721 mil pesos.
El dos de marzo de 2017 luego de tres horas de discusión en el Pleno, por mayoría de 33 votos la LXXIII Legislatura local aprobó la solicitud de la reestructuración por 11.5 mil millones de pesos de la deuda pública incluyendo cinco empréstitos estatales y la deuda bursatilizada.
