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Se cae denuncia de Contraloría contra Fidel, evidencian pruebas fabricadas

Se cae denuncia de Contraloría contra Fidel, evidencian pruebas fabricadas

En la batalla que han sostenido el Gobierno del Estado y Fidel Calderón Torreblanca por presuntas irregularidades financieras de éste último, el exsecretario de gobierno ha ganado la partida incluso dentro de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de evidenciarse la fabricación de pruebas en su contra.

La legalidad de la documentación presentada por el Gobierno Estatal quedó en entredicho, ya que en las investigaciones realizadas por la Procuraduría nunca se le permitió acceder a la documentación original para verificar que las pruebas presentadas correspondieran a la realidad.

Al analizar los datos de prueba dentro de la carpeta de investigación, la Procuraduría determina que éstos no son suficientes para demostrar fehacientemente responsabilidad alguna de los imputados, que en este caso eran Fidel Calderón, Cinthya Paredes Cubillo y Cuauhtémoc Fernández González.

El acuerdo de la Procuraduría fue emitido el pasado 12 de diciembre, en tanto que en agosto pasado, el Tribunal de Justicia Administrativa también resolvió el juicio promovido por el propio Calderón Torreblanca en el que determina sobreseer el asunto, además de declarar “la nulidad lisa y llana de la facultad de la Secretaría de la Contraloría para imponer sanción por responsabilidad administrativa al accionante, por haber prescrito sus facultades para hacerlo”.

Cabe recordar que en julio de 2017 la entonces titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Silvia Estrada Esquivel anunció que se había dado vista a la Procuraduría contra Calderón Torreblanca junto con otros exfuncionarios por el delito de peculado por presunto daño al erario por 236 millones de pesos .

Es así como el exsecretario de Gobierno promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa sobre el asunto, en parte porque no fue notificado y el tema se ventiló por las autoridades antes en los medios de comunicación.

El acuerdo de la Procuraduría

Son diferentes los elementos de duda detectados por la Procuraduría en la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría por irregularidades en 2011 en contra de Calderón Torreblanca quien era Secretario de Gobierno, Cinthya Paredes Cubillo, delegada administrativa, y Cuauhtémoc Fernández González como jefe de recursos Materiales y Servicios Generales de la secretaría de Gobierno.

Incluso la Procuraduría consigna la obtención ilícita de presuntas pruebas por parte de la Contraloría, como lo el acta circunstanciada de una auditoría que nunca existió, ya que no existe ningún tipo de elemento de prueba original que la sustente, lo que implica un argumento fabricado por la autoridad estatal.

La Contraloría por ejemplo fundó su querella con base a la auditoría número SEGOB/AUD-039/2012, la cual nunca existió, ya que la Procuraduría nunca pudo acceder ni le fue proporcionada por la referida dependencia, la documentación original de tal auditoría.

La Procuraduría determina que al no tener certeza jurídica de la legalidad de dónde proviene la información, se ve afectada la licitud del acuerdo emitido en febrero de 2017 por la Contraloría en contra de Calderón, Paredes y Fernández como responsables de presunto quebranto a la hacienda pública. De esta manera se determina el no ejercicio de la acción penal contra ellos.

Contraloría sin facultades

A partir de la denuncia promovida por la Contraloría en su contra, Calderón Torreblanca promovió un juicio Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa por violentar sus derechos.

El asunto se resolvió en agosto pasado decretando el sobreseimiento respecto a las autoridades administrativas demandadas, así como la nulidad “lisa y llana de la facultad de la Secretaría de la Contraloría del Estado para imponer sanción por responsabilidad” a Calderón Torreblanca “por haber prescrito sus facultades para hacerlo”.

En el cuerpo del fallo del Tribunal, habla también de pruebas ilícitas, violando derechos fundamentales y las que, por eso hecho no surten efecto alguno.

De la presunta auditoría anteriormente referida, el Tribunal también hace alusión como la Procuraduría, al señalar que si bien ésta se reporta como concluida en el portal de transparencia de la Contraloría, “no hay evidencia de auditoría, recabada por auditores comisionados, quienes efectuaron el procedimiento de ejecución y supervisión de auditoría, la cual debe formar parte del expediente.

“No obran los papeles de trabajo que elaboraron los auditores comisionados, quienes efectuaron el procedimiento de ejecución y supervisión de auditoría efectuada en los años 2011 y 2013”.

La conclusión de que la presunta auditoría fue un montaje inventado por la autoridad estatal, se concluye también con lo señalado en su resolución por el Tribunal que señala que el dictamen pericial le permite corroborar que no existen trabajos ni papeles de auditoría comisionados sobre el caso.

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