HomeDerechos HumanosSedena lo acusó de un arsenal en Tuzantla, CNDH señala detención arbitraria, él fue asesinado

Sedena lo acusó de un arsenal en Tuzantla, CNDH señala detención arbitraria, él fue asesinado

La Secretaría de la Defensa Nacional lo acusó hace siete años de tener un arsenal en Tuzantla junto con otras cuatro personas, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido una recomendación en donde señala su detención de arbitraria y de que fue víctima de tortura. Él lleva dos años muerto.

La recomendación de la CNDH 45/2019 está fechada el pasado 15 de julio de 2019, y en la versión pública se omite señalar por nombre a la víctima y a los victimarios, al primero se le identifica como V1 (víctima 1), y a los otros como AR 1 y 2 (Autoridad Responsable 1 y 2).

La víctima fue detenida el 21 de abril de 2012, cuando estaba con su esposa y sus hijos de 14 y diez años en el poblado de Las Parotas, en el municipio de Tuzantla.

Cabe apuntar que el 22 abril de 2012, a través de un comunicado oficial se reportó que el Ejército Mexicano en un operativo había detenido a cinco “presuntos gatilleros” en Tuzantla con “un arsenal”, uno de ellos era Omar Martínez Perraso, residente de la ranchería de Las Parotas.

Se reportó entonces que a dichas personas se les habían asegurado 14 armas largas, una pistola, cargadores y cartuchos, chalecos tácticos e incluso droga.

La recomendación emitida por la CNDH está dirigida al titular de la SEDENA, Cresencio Sandoval González para que proceda conforme a la norma.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los uniformados lo sacaron de su domicilio y le preguntaban “si había visto a Leo” en alusión a integrantes de un grupo criminal, y cuando les contestó que no, lo subieron a una camioneta para llevarlo a una barraca en donde lo golpearon, luego lo trasladaron a unas oficinas.

En su detención la víctima dijo que era campesino y que nunca había visto las armas y los cartuchos que los uniformados aseguraron le habían quitado cuando lo detuvieron, ellos sostenían que tras denuncia anónima sobre personas armadas en las inmediaciones de Tuzantla habían acudido al lugar, y habían encontrado a una persona caminando con un costal con armas que, al verlos quiso huir y se tropezó. Al final según la versión de los militares acabó por confesar que era integrante de un grupo criminal.

Sin embargo la CDNH detectó irregularidades en el proceso, de entrada vio que el certificado médico de la víctima al momento de ingresarlo al penal decía “policontundido”, a diferencia del certificado emitido por el personal médico militar que aseguraba que la víctima no presentaba lesiones “de reciente producción”.

Los exámenes elaborados por la Procuraduría General de la República serían contradictorios a lo que reportaron los militantes, la PGR confirmó que la víctima estaba lesionada aunque esto no ponía en riesgo su vida, señaló además que no se le identificaron los elementos investigados (bario y plomo) en las zonas más frecuentes de maculación de la mano derecha e izquierda, entre otros.

A la víctima se le inició proceso y se le dictó presencia el primero de diciembre de 2015, en la que se le declaró responsable de los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, imponiéndole ocho años con ocho meses de prisión y 166 días multa.

Incluso en la causa penal que se le siguió, sus hijos refirieron que los “militares” entraron a su domicilio y golpearon a su papá, a quien se llevaron amarrado, elemento que es retomado por la CNDH en su recomendación.

Asimismo en dicha causa se da cuenta de una inspección judicial realizada el 8 de agosto de 2013, realizada por el actuario del Juzgado de Distrito, quien se constituyó en las instalaciones de la Primera Zona Militar, y asentó que los artefactos relacionados con el caso, cabían con facilidad en el costal y por su peso era imposible sostenerlos sobre la espalda de una persona, aunado a que su forma irregular no facilitaba el cargado por el dolor físico que ocasionaba.

Frente a las irregularidades la víctima promovió un amparo a través de su defensor público federal, por lo que logró revocar la sentencia en su contra el nueve de mayo de 2017.

Tras la determinación del Tribunal Unitario, él fue asesinado ese mismo mes.

Fue el 29 de mayo de 2017 cuando en la carretera Morelia-Mil Cumbres, en el municipio de Charo, dos proyectiles de arma de fuego penetraron el cuerpo de la víctima ocasionándole la muerte.

Así, la recomendación de la CNDH sobre su detención arbitraria, tortura y proceso irregular, se da dos años después de que la víctima finalmente fue asesinada.

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