HomeActualidadSentencia no fue punto final en feminicidio de Gabriela Pérez; se atrasa justicia

Sentencia no fue punto final en feminicidio de Gabriela Pérez; se atrasa justicia

En el caso por el feminicidio de Gabriela Pérez Ayala la sentencia de 40 años emitida contra su expareja Francisco Ignacio Ortiz Manzano, no fue punto final. La apelación que él promovió contra el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento definirá esta semana si la justicia deberá permanecer o no en espera.

Es una espiral que no parece acabar para la familia, Gabriela Ayala –madre de la víctima- considera que las leyes son una burla que ahonda la herida.

Gabriela tenía 27 años cuando fue asesinada por su esposo Ignacio Ortiz la mañana del nueve de julio de 2019 en el lugar en el que trabajaba. Ella era víctima de violencia familiar y por eso había logrado una orden de restricción contra su marido, lo que no evitó que ese martes él acudiera al establecimiento “De mil amoles, tortas y chapatas” para apuñalara en 50 ocasiones y degollarla.

El pasado 17 de noviembre tras un tortuoso juicio que prolongó el proceso contra Ignacio por más de dos años, el Tribunal de Sentencia emitió su fallo. La condena de 40 años no fue la máxima que esperaba la familia, pero al menos consideraban que el calvario de pisar juzgados y oficinas públicas iba a parar.

Pero Ignacio decidió apelar la sentencia.

“Metió una apelación, precisamente el licenciado Guillermo -el Fiscal encargado del caso- me comentó que entre hoy y mañana daban la respuesta los magistrados”, refiere Gabriela Ayala, para quien resulta aberrante que las leyes abran puertas para burlar a la justicia.

“A mí me da mucho coraje que esas personas tengan más derecho que las mismas víctimas; inclusive ayer hablé con unos de los abogados de la CEEAV (Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas), y me dice que él también tiene derecho a ampararse además de la apelación que ya lo promovió; que si no queda conforme, va a buscar el amparo.

“Para mí esto es algo muy terrible, si me denigran, me siento enojada porque yo digo ¿cómo esas personas tienen derecho a todo eso, sabiendo lo que hicieron?”.

Luego de una serie de irregularidades en el proceso que se siguió contra Ignacio Ortiz, de la insistencia inicial de la Fiscalía General del Estado para que el procedimiento fuera abreviado, de la suspensión constante de audiencias, finalmente el 10 de noviembre el Tribunal de Enjuiciamiento declaró la responsabilidad del acusado como feminicida de Gabriela, y siete días después le impuso la pena en un margen superior a la media, por lo que mandató 40 años de prisión al feminicida sin la posibilidad de poder gozar con los beneficios que establece la ley para los sentenciados.

La suspensión de esos beneficios no fue clara para las víctimas indirectas, quienes consideraban que tal determinación cerraba toda posibilidad de ejercicio de derechos por parte de Ignacio. Nadie les explicó en qué consistía, por lo que la apelación y la posibilidad de un amparo por parte del responsable les ha significado un duro golpe.

“Usted misma escuchó cuando dieron la sentencia, dijeron que él ya no tenía derecho a nada, entonces ahí se están contradiciendo los mismos jueces, ¿tienen derecho o no tienen derechos?, porque eso que dijeron que había perdido todos sus derechos es una mentira.

“Ahora también he estado investigando con los mismos de la CEEAV y de la Fiscalía, y al parecer él tiene derecho a apelar y a buscar más reducción a la pena, y que el transcurso de cinco u ocho años tiene nuevamente el derecho de seguir apelando. Entonces digo, esto nunca se va a acabar”.

La explicación que la familia ha recibido por parte de las autoridades es que “así están las leyes”, lo que para Gabriela Pérez resulta una burla: “yo les dije, pues qué mal; deberían de trabajar bien en las leyes y que esas personas no tengan derecho a nada”.

Para Gabriela es claro que no hay momento de respiro: “me hace sentir enojada y defraudada con las personas que yo pensé que le iban a dar justicia a mi hija. Ahora en fin de año estuvimos con mis hijos, claro que nuestro sentir no está todavía bien para estar conviviendo con la demás familia, con mis hermanos, porque pues, ellos son alegres y uno todavía tiene sentimientos, porque estas fechas las compartíamos con mi hija”.

-¿Qué les queda como familia para hacer frente a esto?

“Pues a nosotros no nos queda más que seguir luchando para que mi hija dónde esté, tenga justicia”.

La confianza en las autoridades Gabriela la perdió hace tiempo, “pero pues desgraciadamente, confiemos o no confiemos, son las leyes y debemos acatarlas. Estamos atados de manos”.

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