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Sin reconocimiento pleno de derechos reforma indígena federal

La reforma constitucional sobre derechos indígenas que promueve el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), no prevé un reconocimiento pleno de derechos, incluso en temas en los que en Michoacán se han logrado avances a través de las batallas jurídicas emprendidas por las comunidades.

Aunque la propuesta contiene avances importantes en relación al estado actual de la Constitución en materia indígena, también existen lagunas en su contenido, y las comunidades no han podido realizar propuestas más allá de los temas de interés federal.

El INPI ha venido trabajando una propuesta para reformar la Constitución General de la República para lo que realizó 54 Foros Regionales y tres Mesas de Trabajo en 27 estados, así como un foro con migrantes en los Estados Unidos.

Existe inconformidad en el proceso de consulta que se ha dado para la reforma. En Michoacán los foros duraron un día, tiempo insuficiente para que las comunidades discutieran y analizaran debidamente el proyecto. Los criterios de lugar, tiempo y temática fueron establecidos por el INPI.

Los planteamientos de las comunidades sobre megaproyectos y el reconocimiento de los Consejos de Gobierno Comunal y de sus sistemas de justicia ancestrales, no pudieron formularse debido al formato.

Para el INPI los foros han sido un éxito, su punto de partida es el número de asistentes: más de 27 mil personas en todo el país, de las que 14 mil 349 fueron autoridades indígenas.

 

 

Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en 2011 el juicio que concedió razón a Cherán para ser consultado sobre el procedimiento para la elección de sus autoridades, y en 2016 el promovido por Pichátaro para el ejercicio directo de su presupuesto, en Michoacán las acciones legales de comunidades para el reconocimiento de su autonomía y gobiernos se han incrementado.

La negativa de los gobiernos estatal y municipales para el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades ha propiciado múltiples batallas legales. De manera particular el Congreso del Estado por años manifestó abiertamente su rechazo para modificar la Ley y dar condiciones de certeza legal a las conquistas de los pueblos originarios en los tribunales.

La realidad y las sentencias a favor de las comunidades forzaron al Congreso local a legislar en materia indígena. No se hizo una reforma específica en la materia, el tema fue incluido con el conjunto de cosas agendadas para la creación de una nueva Ley Orgánica Municipal, la cual fue aprobada en febrero pasado.

La norma nació coja en cuanto a los derechos y el reconocimiento indígena, ejemplo claro es la falta de un reconocimiento tácito al Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán como autoridad municipal, cosa que si sucede con los ayuntamientos en el resto de los municipios.

El Consejo a diferencia de los ayuntamientos, quedó fuera de poder signar convenios con el Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Federal para proyectos, procedimientos de coordinación, ejecución de programas. También queda excluido de la posibilidad de poder celebrar convenios con otras autoridades municipales.

En términos generales el Consejo de Cherán no sería nombrado tácitamente en relación a las funciones y atribuciones de los ayuntamientos en su calidad de autoridades municipales.

 

 

A nivel federal se promueve ahora la reforma para reconocer desde la Constitución la pluriculturalidad, interculturalidad y pluralismo jurídico en México, así como la igualdad y libertad de los pueblos y personas indígenas y afromexicanas y su derecho a ser protegidos contra el racismo y todo tipo de discriminación.

Se prevé incorporar además en su artículo segundo la disposición que establezca que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. “En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Este derecho se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”.

La Constitución reconocerá y garantizará el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para los siguientes efectos:

-Decidir libremente sus formas de gobierno y de organización social, económica, política, jurídica y cultural;

-Aplicar y desarrollar sus sistemas normativos para la regulación de sus formas de gobierno, organización, propiedad, impartición de justicia y solución de conflictos, entre otros, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

Asimismo se prevé dejar asentado que la ley establezca los principios para el ejercicio de la jurisdicción indígena, las reglas de coordinación con el sistema jurídico mexicano y el establecimiento de medios de impugnación específicos para garantizar los derechos colectivos, en el marco del pluralismo jurídico.

Se deberá garantizar además la participación indígena en la vida política, económica, social y cultural; así como tener representación política, de conformidad con sus sistemas normativos y especificidades culturales, garantizando la participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad.

“Se reconocen como lenguas nacionales a las lenguas indígenas y el español, las cuales tendrán la misma validez en términos de la ley. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico de los pueblos indígenas, y son un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la Nación, por lo que el Estado promoverá su uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión. El Estado promoverá una política lingüística multilingüe, que propicie que las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados”.

También se prevé incorporar disposiciones en materia de educación indígena, medicina tradicional, entre otros.

La iniciativa plantea establecer también que el territorio de los pueblos indígenas comprende la totalidad del hábitat de las regiones que habitan, ocupan o utilizan de alguna otra manera. Se reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra, por lo que se garantiza su reconocimiento, delimitación y protección.

La propuesta de reforma constitucional del INPI se prevé sea entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador para que éste a su vez la turne al Congreso federal e iniciar así el proceso legislativo correspondiente.

 

 

Desde la perspectiva del Consejo Supremo Indígena en Michoacán la propuesta de reforma adolece de inconsistencias en la forma y en el fondo, primero, porque los criterios de consulta fueron establecidos de manera unilateral por el INPI.

Pavel Guzmán, integrante del Consejo apunta que la reforma no fue consultada de manera apropiada y de conformidad con los lineamientos internacionales en materia indígena, pues los foros establecidos para la consulta, fueron en promedio con periodicidad de un solo día, “lo que de ninguna manera pueden reemplazar todas las fases, características y aspectos cuantitativos o cualitativos de una verdadera consulta”.

Debido al formato establecido por el INPI no se dio oportunidad a las comunidades indígenas para que propusieran temas como la oposición “a los megaproyectos extractivistas, depredadores y desarrollistas, o el reconocimiento de los Consejos de Gobierno Comunal y sus Sistemas de Justicia ancestrales”.

 

“La consulta en Michoacán no mantuvo representatividad”, refiere Pavel Guzmán, esto porque en promedio participaron representantes de cerca de 20 comunidades originarias, “cuando hay cerca de 500 comunidades y pueblos indígenas en el estado”.

 

Los avances incluidos en la propuesta incluyen el considerar a los pueblos indígenas sujetos de derecho, así como el criterio de autoadscripción indígena; el fomentar la participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad; buscar el reconocimiento de las instituciones de la paz y seguridad pública de los pueblos indígenas; y el establecer a la asamblea general como la autoridad máxima de las comunidades indígenas.

Sin embargo, Pavel Guzmán acota que la propuesta toca solo periféricamente cuestiones fundamentales como el que las consultas a pueblos indígenas sean vinculatorias; no garantiza el presupuesto directo, pues lo deja a criterio de las “autoridades competentes” y tampoco establece un presupuesto directo estatal o federal a pueblos indígenas.

 

“No asegura la educación lingüística multilingüe, sino únicamente su promoción y no reconoce a las autonomías regionales, únicamente a las locales o municipales”.

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