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Suprema Corte, cierra «la puerta» a presupuestos directos en Michoacán

Suprema Corte, cierra «la puerta» a presupuestos directos en Michoacán

Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cerró temporalmente la puerta a la posibilidad de que las comunidades indígenas en Michoacán accedan a presupuestos directos, esto al determinar la invalidez del Capítulo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado en materia de Pueblos Indígenas.

La invalidez de la norma empezará a correr a partir de la notificación que realice la Corte al Congreso del Estado, por lo que, aquellas comunidades que al amparo de la Ley Orgánica Municipal habían ya logrado el reconocimiento de su presupuesto directo, seguirían operándolo.

El asunto parte de la controversia constitucional 56/2021 promovida por el municipio de Tangamandapio en contra de todos los artículos contenidos en el Capítulo 21 de la referida Ley.

El proyecto de sentencia elaborado por el Ministro Alberto Pérez Dayán, no preveía más que la invalidez de los artículos 117 y 118, así como del último párrafo del 116, sin embargo, durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte, se determinó de manera oficiosa y de manera unánime, declarar la invalidez de todo el Capítulo, al considerar que el Congreso fue omiso al no efectuar una consulta previa a las comunidades como establece la Constitución General de la República.

El asunto abrió la ventana sobre otro aspecto planteado en la Sesión de la Corte con base al estudio de fondo en el proyecto de sentencia de Pérez Dayán, acerca de si los Congresos Estatales tienen o no facultades para legislar en materia de presupuesto directo, pues ello implicaría una violación a la autonomía financiera de los municipios. La determinación fue no pronunciarse al respecto en este caso y por el momento.

Recordaron que el Congreso de la Unión sigue sin legislar para establecer las bases para las consultas indígenas en México.

Los ministros coincidieron en que el Congreso del Estado no realizó consulta previa a las comunidades para legislar en materia indígena como es su obligación, y aún y cuanto el Legislativo michoacano argumentó que había efectuado foros de consulta, los ministros refirieron que estos no representaron una consulta a las comunidades.

El ministro José Luis González Alcántara Carrancá, detalló el asunto al referir que el Congreso local no delimitó los sujetos a los que debería realizarse la consulta, “por ejemplo las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad federativas contempladas en la propia Constitución local.

“El Legislativo tampoco convino con ellas en un procedimiento culturalmente adecuado para realizar la consulta previa, por el contrario, los foros se realizaron con la participación de múltiples actores e instituciones que no pertenecen a las comunidades ni las representan de manera alguna”.

Además refirió que el Congreso local no informó a las comunidades indígenas y afromexicanas de la emisión de las normas de manera previa, precisa y completa, “por ejemplo, advierto que en los Foros Regionales se discutieron de manera general diversos temas que se encuentran regulados por la Ley Orgánica Municipal, sin embargo, no se discutieron de manera específica los temas que hoy son materia de la impugnación”.

Y agregó: “Aun suponiendo que las comunidades interesadas hubieran participado en los Foros Regionales, no existe evidencia alguna de que su consentimiento hubiera sido efectivamente recogido por los legisladores, desde mi perspectiva, las anteriores violaciones son una violación a los principios de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, por ello considero que las normas impugnadas deben invalidarse porque no se llevó a cabo la consulta indígena”.

En el mismo sentido se pronunciarían el resto de los ministros.

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