En la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, los temas de género han significado una guerra de dos mundos, en donde las posiciones en temas de fondo sobre los derechos de las mujeres permanecen confrontadas.
Los asuntos que han logrado aprobarse, lo han hecho gracias a la lógica del beneficio político con nulos costos, es decir, no comprometen las posturas de fondo de los diputados y les permite quedar bien parados para publicitar que legislan a favor de las mujeres.
Pese a que se han aprobado diferentes reformas sobre violencia contra las mujeres, la LXXIV ha evidenciado ser conservadora. El icono de la lucha en defensa de los derechos de las mujeres es el tema de la despenalización del aborto, y si bien existen tres iniciativas para reformar el Código Penal del Estado, no se ha generado condición alguna en el Congreso para que puedan aprobarse.
Cooptadas en su presidencia por el Partido Acción Nacional, las comisiones de Justicia –con Jesús Salas Valencia-, y de Salud -con María del Refugio Cabrera Hermosillo- han cancelado toda posibilidad de que alguna de las tres iniciativas pueda dictaminarse.
A diferencia de las iniciativas del Ejecutivo que encuentran tope con la presidencia o integración de alguna comisión y se buscan afanosamente mecanismos legales para su aprobación, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo no genera tales apremios en los diputados, ni siquiera en quienes han presentado las iniciativas.
La agenda “antiderechos” –como la denominan las colectivas feministas- ha buscado allanar camino en la actual legislatura. Se han promovido iniciativas que de fondo pretenden cerrar el paso al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, aunque se presentan y argumentan como propuestas para su protección y beneficio.
El pasado 15 de febrero, se tenía previsto que se aprobara dentro de un paquete de reformas en materia de adopción, una propuesta de la diputada priista Yarabi Ávila González para legalizar la adopción desde el embarazo, lo que otorgaría derechos al producto de la concepción durante la gestación. Las movilizaciones y pronunciamientos de las organizaciones de mujeres y colectivas feministas lograron parar el asunto, el cual fue desechado.
A principios de marzo, el día dos, el Congreso vitoreaba con una mano y golpeaba con la otra la lucha de las mujeres. Por un lado, se aprobó una reforma a la Ley de Educación para garantizar el derecho a una menstruación digna, y por otro lado, se reformó a esa misma Ley para suprimir las facultades de los Consejos Escolares para la salvaguardar del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa, que es el primer paso en contra de la educación sexual en Michoacán.
Oscar Escobar Ledesma, diputado y presidente del PAN en el Estado, fue el autor de la referida reforma, paso previo a la modificación legal que plantea su compañero de bancada, Hugo Anaya, sobre el llamado “pin parental” a través del cual las escuelas no pueden impartir educación sexual sin el consentimiento expreso de los padres.
Otro promotor de la llamada “agenda antiderechos”, ha sido el diputado Baltazar Gaona García, quien bajo el argumento de proteger a las mujeres embarazadas, ha promovido diversas reformas para cerrar el paso a la despenalización del aborto.
La objeción de conciencia, es una de las reformas que tanto el PAN a través de la diputada María del Refugio Cabrera Hermosillo, como Baltazar Gaona han planteado, esto para permitir que los médicos se niegue a practicar abortos a las mujeres que lo requieran, sin importar si su vida está en riesgo o incluso si se trata de niñas que fueron violadas.
En noviembre del 2020, el Pleno aprobaría reformas al Código Penal a través de un dictamen elaborado por la Comisión de Justica, en el que se desdeñaron las iniciativas promovidas al respecto por diversos diputados y se generó una propuesta propia por parte de la Comisión.
Dichas reformas ponen en riesgo el acceso a la justicia de las víctimas, debido al desaseo en la técnica legislativa con que se elaboró el dictamen, además de criterios confusos que se prevé generarán resquicios legales para que victimarios eludan su responsabilidad.
Bajo el argumento de que el Código Penal del Estado no es motivo de armonización del Código Penal Federal, los diputados michoacanos optaron no establecer mayores penalidades al feminicidio como ya sucede en lo federal y en otros estados de la República.
En contrapartida, existen otras reformas que han logrado cristalizarse en la actual Legislatura para combatir la violencia contra las mujeres, una de ellas la llamada Ley Olimpia, que consistió en reformas al Código Penal del Estado y la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para sancionar la violencia digital sexual.
También el Congreso ya aprobó la conocida “Ley Ingrid”, que implica una reforma al Código Penal para tipificar como delito la filtración de imágenes de víctimas mortales por parte de ministerios públicos y autoridades.
Además los diputados locales reformaron el Código Electoral y el Penal, para tipificar en Michoacán la violencia política en contra de las mujeres por razones de género.
