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¿Tendrá Michoacán un presupuesto electorero en 2020?

Editorial Revolución  

El Gobierno del Estado se ha ido a últimas instancias del plazo legal para presentar su paquete económico 2020, que vence el 26 de diciembre. Al parecer, Silvano Aureoles apuesta a que el reloj legislativo juegue a su favor, ya que los diputados locales tendrán que hacer el análisis de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos bajo presión,con la obligación de que quede aprobado este mismo año.

Agotar el plazo le funcionó al Ejecutivo el año pasado, pero no sólo eso, también tejió acuerdos con legisladores y logró la suspicaz inclinación de la voluntad de algunos diputados en su favor, a contrapelo incluso de la posición de sus grupos parlamentarios. En las comisiones de Hacienda, y Presupuesto no se modificó el paquete económico, y paso a votación del pleno de la LXXIV Legislatura tal como lo quiso el Gobernador.

Esa premura de los diputados -o sospechosa condescendencia- no les permitió medir el alcance e impacto de lo que aprobaron; nuevos impuestos que  a la postre tuvieron que ser derogados, y un presupuesto en cero para la Junta de Caminos que implicaría su extinción de facto.

En distintos momentos se ha visto al legislador panista Arturo Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, tratando de lavarse la cara públicamente por la aprobación del paquete económico 2020, y en su intento ha querido hacer responsable también a la bancada de Morena porque, desde su perspectiva, al haber votado en contra también avalaron el presupuesto y la ley de ingresos (¡recontrasic!); sin embargo, ahora se muestra muy convencido de no ser un peón del Ejecutivo en el tablero del Legislativo – no hay que esperar mucho para comprobarlo-.

Lo habíamos dicho antes en este espacio: el paquete presupuestal que entregó Gobierno del Estado en noviembre pasado no era definitivo, pero si fue un round de sombra para que los adversarios se conocieran entre sí: las bancadas del PAN, PT y Morena han manifestado su oposición a la creación de impuestos, y el Gobierno del Estado ha ido a la confrontación con los legisladores.

Esa primera entrega también permite detectar algunos riesgos en los que deberán poner atención los diputados, el primero de ellos: un aumento superior a los 165 millones de pesos a la Secretaría de Gobierno cuando su titular, Carlos Herrera Tello, ya anda en campaña para perfilarse como candidato del PRD a gobernador -si el Buki no cambia de opinión-, no parece lo más conveniente, y menos con el antecedente de que esta dependencia operaría los programas que el Gobernador ofreció poner en marcha el próximo año para aceitar los ánimos de la estructura perredista.

En cambio, la administración de Silvano Aureoles proyecta un recorte de 30 por ciento al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; ¿esta disminución de 73 millones de pesos es un status quietus a Juan Carlos Barragán que anda muy echado pa’ delante conformando su estructura territorial y coqueteando con otras fuerzas políticas de cara al 2021?

Todo parece indicar que el Gobernador tiene la certeza de que si las condiciones de seguridad siguen como hasta ahora en Michoacán, su fuerza política estará sepultada para las próximas elecciones, por ello planea un aumento de 900 millones al presupuesto en el rubro de seguridad; sin embargo, no hay que perder de vista que la Secretaría de Seguridad Pública ha tenido incrementos cada año, y sus resultados no han dejado de ser magros.

Para ser puntuales en el debate hay que esperar unos días a que la Secretaría de Finanzas y Administración haga llegar el alcance presupuestal al Congreso del Estado, después de lo cual se podrá debatir en firme; no obstante, Silvano Aureoles ya ha mandado señales de que el paquete económico 2020 tendrá marcadas consideraciones electorales, y ante este escenario los michoacanos esperan ver un Poder Legislativo más cohesionado en su autonomía, y menos servil al Gobernador.

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