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Topes de campañas y precampañas, entre lo oficial y lo no escrito

DESDE LA ENTRAÑA

El costo real de las campañas electorales siempre será un misterio en México, ya que si bien existen topes establecidos por la autoridad que pretenden dar equidad en el proceso, lo cierto es que pocas veces se respetan y pocas posibilidades hay para comprobar lo que a ojos vistas es una realidad.

Sin bien los procesos de fiscalización de los recursos que ejercen quienes contienden por un cargo público, ya sea desde precampaña o en la propia campaña se han ido especializando y son más estrictos, lo cierto es que en la medida en que los controles son más severos, más creativas resultan las maneras de burlarlos.

La norma federal establece como facultad del INE para los procesos locales y federales la fiscalización de los recursos que ejercer los partidos políticos y sus contendientes, atribución que puede delegar si así lo considera a los organismos electorales locales.

Los informes de precampaña serán presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

A pesar de su minuciosidad, el margen normativo resulta el dique para la fiscalización de gasto real que en precampañas y campañas realizan los contendientes.

Por ejemplo, luego de las elecciones presidenciales del 2012 y el escándalo suscitado por el caso Monex y la compra de votos a favor de Enrique Peña Nieto, en la Cámara Baja del Congreso del Congreso de la Unión se creó una Comisión Especial para investigar el asunto, la cual documentó que el hoy titular del Ejecutivo Federal había rebasado 12 veces el tope de campaña, con 20 empresas involucradas en el asunto, muchas de ellas fantasmas.

En cada proceso comicial son comunes los señalamientos de los actores políticos sobre el rebase de campaña de sus adversarios, sin embargo, al momento la documentación de los hechos generalmente es insuficiente por lo que las denuncias y juicios al respecto acaban por no prosperar.

En julio pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó el rebase de topes de campaña en la elección de Coahuila por parte del priista Miguel Riquelme, y del panista Guillermo Anaya, lo que daría motivos para la nulidad de la contienda.

Conforme al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toca al Consejo General del INE determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña que puedan erogarse en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados.

Asimismo el artículo 229 de la referida norma establece que a más tardar en octubre, el Consejo General debe determinar los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será equivalente al 20 por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

En el caso de la contienda local, dentro del Calendario Electoral para el proceso 2017-2018 aprobado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se tiene previsto el miércoles 13 de septiembre, como la fecha para que el Consejo General determine los topes de gastos de campaña y precampaña.

Por lo que toca a los montos aprobados en Michoacán para las últimas tres elecciones para ayuntamientos se registra una tendencia al alza. Mientras en 2008 el tope de campaña fue de 23.8 millones de pesos, para 2012 fueron 28.5 millones, y en 2015 sumó 33.2 millones. La misma cantidad de tope aplicó para las contiendas a diputados locales.

En cuanto a los topes de campaña para diputaciones federales, éstos se han duplicado en las dos últimas décadas. En 1997 fue de 676 mil pesos; en 2000 fue de 738.7 mil; en 2003 en 849.2 mil; en 2006 fueron 950.1 mil; en 2009 bajó a 812.6 mil; para el 2012 creció a 1.1 millones de pesos; y para el 2015 se situó en 1.2 millones de pesos.

Por lo que toca a las senadurías, en el 2000 fue de 19.4 millones; en 2006 se disparó hasta 23 millones; y para el 2015 bajaría a 13.4 millones de pesos.

Finalmente, en el caso de la presidencia de la República, en 1994 el tope fue de 134.4 millones de pesos; para la elección del 2000 fue de 491.8 millones de pesos; en tanto que para el 2006 ascendió a 651.4 millones; y para el 2012 se aprobó en 328.6 millones de pesos.

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