Tras un intenso debate entre legisladores, la madrugada de este martes fue aprobada –dentro de la Ley de Ingresos del Estado para el 2020-, la reestructuración de la deuda pública de largo plazo hasta por 17.2 mil millones de pesos, así como la contratación de nuevos empréstitos por un monto total que no rebase los 4.09 mil millones de pesos.
Aunque en lo general la Ley de Ingresos tuvo el respaldo con una mayoría calificada -28 votos a favor y siete en contra-, los artículos que incluían lo relacionado con la deuda y la reestructura fueron reservados en lo particular y al final sólo se les dio luz verde con mayoría simple, incumpliendo así el mandato legal que establece que los financiamientos deben ser aprobados con la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.
Salvo los diputados de Morena Teresa López, Zenayda Salvador, Alfredo Ramírez, Fermín Bernabé, Cristina Portillo, Sergio Báez y Antonio Madriz, el resto de los legisladores presentes en la sesión votaron a favor en lo general de la Ley de Ingresos 2020.
Dicha votación permitió al final –aunque legalmente irregular- luz verde a la reestructura y contratación de más deuda, situación sobre la que el diputado Fermín Brenabé Bahena adelantó, habrá querella en tribunales.
Ninguna de las reservas propuestas por diputados de PAN y PT para suprimir del dictamen la reestructura y la nueva deuda, alcanzaron la mayoría necesaria para ser aprobadas, por lo que acabarían por ser desechadas y el contenido del dictamen original ser avalado en los términos en que lo presentaron las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda.
La aprobación de nueva deuda y reestructura sacaría a relucir los fantasmas del pasado, cuando se dieron aprobaciones de otros empréstitos, particularmente en gobiernos perredistas.
Tales trapos salieron a relucir a partir de la intervención en tribuna de la diputada Cristina Portillo, quien pretendió poner como ejemplo la Presa Francisco J Múgica como una obra concreta resultado de un empréstito. La legisladora no mediría que tal obra ha sido denunciada debido a los actos de corrupción documentados por la intervención de la empresa brasileña Odebrecht en la obra.
Pero además, a la legisladora le lloverían los cuestionamientos del porqué siendo diputada perredista en momentos anteriores avaló la contratación de deuda pública, por lo que en varias intervenciones sería tachada de incongruente.
La estrategia de Morena para impedir de inicio que la Ley de Ingresos se leyera y sometiera a votación fue caótica y poco clara, lo que sumado a los traspiés en la conducción de la sesión por parte del presidente de la Mesa Directiva, Antonio Madriz impidieron claridad en los planteamientos guindas.
De entrada el diputado Fermín Bernabé solicitó una moción suspensiva para que la Ley de Ingresos fuera retirada argumentando que ésta era inconstitucional, sin embargo, cuando las otras fuerzas políticas le preguntaban el por qué, jamás logró coordinar y clarificar en su discurso las razones.
Luego vino el turno del diputado Alfredo Ramírez Bedolla quien, pidió una moción aclarativa en torno a los preceptos legales que establecen que deuda pública y reestructura deben ser aprobadas por mayoría calificada, mientras que la Ley de Ingresos sólo es con mayoría simple. Sin embargo dicha moción por ser sólo de carácter aclarativo no incidía en la posibilidad de eliminar en el momento en el que lo planteó el tema de la reestructura y refinanciamiento dentro del dictamen.
El tema se complicó aún más, cuando el presidente de la Mesa a partir de dicha aclaración, buscó en varias ocasiones someter a votación que se sacara del dictamen de la Ley de Ingresos la reestructura y refinanciamiento.
Ya en la votación en lo general del dictamen, Morena voto en contra y el resto de los diputados a favor, aunque PAN y PT se reservarían los artículos primero, 26 y 27 –sobre la deuda y reestructura- proponiendo su eliminación del dictamen, pero ninguna de sus propuestas prosperó.
A la coordinadora de Morena, Teresa López Hernández le pasó de noche que en el dictamen ya no estaban incluidos los impuestos cedulares y ecológicos que había propuesto el Ejecutivo, destinando gran parte de su posicionamiento en tribuna a condenar lo que creía iba a ser su aprobación.
El debate sobre la irregularidad legal de la aprobación de la reestructura y deuda dentro de la Ley de Ingresos quedó en manos de los diputados Alfredo Ramírez, Fermín Bernabé y Cristina Portillo.
Primero Alfredo Ramírez condenó la intención de burlar la ley desde la manera en que fue elaborada la iniciativa del Ejecutivo, y al razonar su voto en contra habló del porqué legalmente no es procedente que reestructura y deuda aparecieran dentro de la Ley de ingresos.
Bedolla y posteriormente Portillo al hacer uso de la palabra, cuestionaron recursos extras en el monto de la reestructura, lo que a su juicio implicará aún más deuda a la adicional de 4.09 mil millones nueva.
En su intervención Fermín Bernabé advirtió de las querellas legales que se avecinan, “qué bueno que se estén equivocando para acudir a tribunales y que caigan los amparos que tienen que caer y que caiga quien tiene que caer”.
Por su parte Portillo Ayala aseguró que la medida implica un crecimiento del 26.6 por ciento de la deuda con que actualmente cuenta Michoacán, y cuestionó la manera en que se comprometerán las participaciones federales del estado para poder hacer frente a los compromisos que se adquieran. “¡Exigimos al gobierno que no contrate nueva deuda porque es comprometer el futuro financiero en Michoacán!”.
Fue el diputado Javier Paredes Andrade quien abrió la puerta para sacar a cuento los pasados endeudamientos aprobados en Michoacán, cuestionando a Portillo de haber sido parte de gobiernos que endeudaron al estado, a lo que ella respondió saliendo en defensa de la Presa Francisco J Múgica.
Al final la discusión se concentraría en reproches y sacar a relucir las deudas contraídas por los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.
El color abundaría entre reclamos de unos y otros en sus intervenciones. Al final el resultado fue el que se vislumbraba: la aprobación de la deuda pública y el refinanciamiento, con mayoría simple e insertas dentro de la Ley de Ingresos del Estado.
