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Trastoca corrupción e intereses políticos definiciones para Sistema Estatal Anticorrupción

Trastoca corrupción e intereses políticos definiciones para Sistema Estatal Anticorrupción

Morelia, Michoacán. El Sistema creado en Michoacán para combatir la corrupción en la función pública en la definición de los espacios que lo operarán y darán vida, ya se encuentra contaminado y afectado por intereses políticos y prácticas de corrupción que presuntamente se iban a combatir.

Son los Poderes Ejecutivo y Legislativo los que han trastocado los procedimientos contaminándolos de origen, peleando posiciones y promoviendo afines para ocupar los cargos.

Como ejemplo está la definición de los cargos para Fiscal y magistrados anticorrupción, así como de auditores especiales dentro de la Auditoría Superior de Michoacán, además de la Unidad de Evaluación y Control del órgano fiscalizador.

Fiscal Anticorrupción

El pasado 5 de octubre el Congreso del Estado emitiría la convocatoria para la definición del Fiscal Anticorrupción a la que se inscribieron cinco aspirantes: Lauro Pallares Ramos, Alejandro Carrillo Ochoa, Edgar Hugo Rojas Figueroa, Salvador Sandoval Rodríguez y Marco Aurelio Nava Cervantes.

Con el arribo de Antonio García Conejo –hermano del gobernador Silvano Aureoles- como diputado y su designación como coordinador parlamentario del PRD, las versiones crecieron en torno a que su encomienda es la definición de Marco Aurelio Nava como fiscal.

Cabe apuntar que Nava Cervantes es hombre cercano al gobernador Aureoles Conejo, de quien incluso ha sido su asistente y secretario particular. García Conejo ha rechazado que el gobierno estatal o él estén operando para tal designación, esto pese a señalamientos hechos por diferentes legisladores en torno a llamadas desde el Ejecutivo para solicitar el apoyo a Nava.

Pese a que en la convocatoria no se estableció que los aspirantes tenían que presentar los exámenes aprobados los exámenes de acreditación y confianza, se empezó a manejar que éstos serían una condición para la designación. El único que al momento cuenta con dichos exámenes es Nava Cervantes.

Asimismo se cuestionaría que cuatro de los cinco aspirantes ocupen actualmente un cargo dentro de la administración pública, por considerar que éste condicionaría su actuar en caso de ser designados.

Actualmente Lauro Pallares Ramos trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Estado como Fiscal Anticorrupción; Marco Aurelio Nava Cervantes, además de su referida cercanía con el gobernador, es actualmente coordinador general de Fiscalías Regionales en la Procuraduría; Alejandro Carrillo Ochoa trabaja en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal en el departamento de Expropiaciones y Opiniones; y Edgar Hugo Rojas Figueroa es director general del Instituto de la Defensoría Pública.

El único perfil ajeno a la administración estatal es el de Salvador Sandoval Rodríguez.

Magistrados anticorrupción

En el caso de los dos magistrados especiales anticorrupción que formarán parte de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los jaloneos políticos y la intervención gubernamental también se encuentran a la orden del día.

Fueron 41 los aspirantes registrados al cargo: Laura Rebeca Díaz Fernández, Jorge Luis Arroyo Mares, Raúl Pulido Torres, Benjamín Cárdenas Ortiz, Alejandro González Cussi, Araceli Pineda Salazar, Juan Arias Duarte, Hugo Mundo Valenzuela, Rafael Rosales Coria, José Becerril Leal, Carlos Paulo Gallado Balderas, Ana Luz Mila Barrera, Alejandro Sánchez García, Carlos Castillo Gamiño, Miguel Antonio Polina Torres, Roberto Carlos Reyes Venegas, Roberto Clemente Ramírez Suárez, César Augusto Ríos Pimentel, Susana Nidia Guillén Chávez, José Miguel Munguía Viveros, Rafael Villaseñor Villaseñor, y Rubén Herrera Rodríguez.

También está Valente Álvarez Reyes, Olivia Benítez Reyes, José Padilla Alegre, Germán Rodrigo Martínez Ramos, Josafat Vargas Frutis, Marco Vinicio Aguilera Garibay, Salvador Sandoval Rodríguez, María Helena Lozano Álvarez, Atzimba Sorayda Ceja Rentería, Raúl Tovar Gutiérrez, Arturo Guzmán Ábrego, Ricardo Flores Navarro, Sergio Mecino Morales, Jesús Alfredo Duarte Briz, José Luis Bocanegra Olvera, Jesús Ayala Hurtado, y Rebeca Vega Vitela.

Aquí el acuerdo es que en una magistratura tiene mano el PRI y en otra el PRD para la definición.

Gobierno estatal vía PRD está promoviendo a su actual consejero jurídico Sergio Mecino Morales, quien desempeñar el cargo que actualmente ostenta es quien tiene personalidad jurídica para imponer denuncias penales y litigar asuntos contenciosos en todas las materias, por lo que estaría impedido como magistrado para conocer y juzgar asuntos iniciados durante estos tres primeros años del gobierno silvanista al no poder ser juez y parte.

Un ala priista simpatiza con la posibilidad de designar el exprocurador y exsecretario de gobierno del estado Marco Vinicio Aguilera Garibay quien de alcanzar el encargo mantendría su carácter de “limpiador de asuntos”, ya que de acuerdo a versiones, ya acabó la encomienda que venía realizando como visitador dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para frenar los expedientes de violaciones a derechos que había por la época negra del castillismo-jarismo en Michoacán, y ahora busca emigrar al Tribunal para hacer lo propio pero en lo que atañe a los temas financieros del vallejismo y del jarismo.

Está también el caso de Ana Luz Mila Barrera que en marzo buscó ser magistrada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y pese a contar con el perfil, sus aspiraciones se vieron truncas debido a que le generó anticuerpos su presunta relación con el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez quien no se mantuvo al margen del proceso y acabó por descarrilar las posibilidades de la aspirante. Ella aún cuenta con el respaldo y operación del funcionario para sumar diputados adeptos a sus aspiraciones.

En este proceso el alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar también quiere colar algún afín dentro del Tribunal. Son tres los aspirantes vinculados a su administración que están inscritos: Alejandro González Cussi, asesor jurídico de la Policía Morelia; Rodrigo Martínez Campos, Director de Asuntos Interinstitucionales y de Cabildo; y Rebeca Vega Vitela quien estuvo un tiempo encargada de la Dirección de  Asuntos Jurídicos de la Comisión Municipal de Seguridad.

Comité de Participación Ciudadana del Sistema

La injerencia de los intereses políticos también se hizo presente en la designación del grupo que seleccionará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde se señala la mano priista como una de las principales operadoras.

Conforme a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso designó a un grupo de nueve personas que serán las encargadas del proceso para la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Se trata de Lydia Nava Vázquez, Andrea Araceli Farías Olvera, Agustín Arriaga Díez, Jaime López Martínez, Marco Antonio Tinoco Álvarez, Martha Flores Romero, José Antonio Herrera Jiménez, Andrés Medina Guzmán y Francisco Ramos Quiroz.

De acuerdo con las versiones que circulan en Palacio Legislativo, el PRI habría logrado concretar en esa conformación más del 50 por ciento del control para poder incidir en la definición final del Comité.

El grupo seleccionador emitió la convocatoria para la integración del Comité a la que se inscribieron 24 aspirantes, realizándose ya las comparecencias de cada uno de ellos a fin de estar en condiciones de definir a los cinco que prevé la Ley.

Esta lista de aspirantes se conforma por Edgar Martínez Altamirano, Marco Antonio Medina Cortés, Roberto Clemente Ramírez Suárez, Enrique Guzmán Muñiz, Miguel Ángel Calderón Arreola, Leónides Luviano Frutis, Víctor Hugo Lemus Vargas, Elvia Higuera Pérez, Luis Javier Ochoa López, Rafael Villaseñor Villaseñor, Martha Rivera Garibay, Rodrigo Mora Espinosa, Rosmi Berenice Bonilla Ureña, Carlos Salvador Rodríguez Camarena, Elizabeth Vázquez Bernal, Juan José Tena García, Eduardo Rangel Hernández, Oscar William Márquez Barbosa, Pedro Hernández Cruz, Griselda Sesento García, César Augusto Mendoza Moreno, Alfonso Augusto Ortega Caire, Silvestre Pineda Pineda, y María Isabel Cendejas Linares.

Unidad de Evaluación y Control

Otra disputa política se da por la definición del titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán en donde se prevén impugnaciones de aspirantes por irregularidades detectadas en el proceso.

Dicha unidad será actuará a modo de contraloría del trabajo de la Auditoría, y pese a no estar previsto en la norma los legisladores permitieron la intervención del titular del órgano de fiscalización José Luis López Salgado quien emitió opiniones sobre cada uno de los participantes.

El auditor estaría inclinando la balanza para la definición de Luis Arturo Soledad Vázquez, quien ha sido colaborador cercano con él.

Incluso durante el examen de conocimiento practicado a los aspirantes, asesores de los diputados perredistas y la diputada Belinda Iturbide Díaz harían acto de presencia en el lugar para checar lo que se contestaba en computadora, lo que motivó un escrito de protesta ya por parte de uno de los concursantes.

Además entre los participantes está María Bertha Quintana León, hermana de la diputada priista priista Socorro de la Luz Quintana, quien cuenta con el respaldo tricolor.

Asimismo entre los aspirantes está Jorge Buenavista Roa, asesor de la legisladora Belinda Iturbide quien está promoviendo que quede en el cargo.

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