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Va Congreso sobre prestaciones del Sindicato

Va Congreso sobre prestaciones del Sindicato

En la mira del Congreso del Estado se encuentran las prestaciones de quienes integran el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), esto tras determinarse la baja de 310 empleados de confianza al interior de la Cámara.

Luego de que la LXXV Legislatura local incrementara en diciembre la nómina del Congreso en más 160 espacios, ahora bajo el argumento de combatir el déficit financiero se instrumentó una medida para despedir a los trabajadores “excedentes” de confianza, incluyendo en el paquete a empleados que tienen laborando en la Cámara varias legislaturas.

Mientras en lo formal y oficial se argumenta que el interés es combatir el déficit, son diversos los diputados que han dado testimonio público que el objetivo es repartir entre los legisladores los recursos que queden libres tras los despidos.

La secretaria de Finanzas, Rocío Pineda Gochi sostiene que ni corriendo a los 310 empleados catalogados como “excedentes”, le alcanza el dinero al Congreso, por lo que ahora plantea la revisión de las prestaciones de los sindicalizados.

Así se evidencia en un oficio fechado el pasado lunes y que está dirigido a la diputada Mónica Valdez Pulido, presidenta del Comité de Administración y Control, en donde Rocío Pineda da cuenta de los avances que se tienen sobre el acuerdo tomado por el Comité y la Junta de Coordinación Política el 23 de junio de 2022, y sobre el que el presidente de la Junta, Fidel Calderón Torreblanca le turnó el pasado 18 de julio el oficio JCP/FCT/076/22.

El oficio turnado por la secretaria de Finanzas a la presidenta del Comité bajo el número SAF/1527/2022, ya está en manos de la presidencia de la Mesa Directiva, así como de los coordinadores parlamentarios, quienes tienen conocimiento pleno del asunto.

Conforme se evidencia en el documento, el gasto nominal del Congreso, abarca un promedio de 1220 empleados, a quienes Rocío Pineda no alude como trabajadores sino como “personas”. El monto de recursos anual que la Cámara requiere para pagarles es de 622 millones 461 mil 141 pesos, sin embargo, para este 2022 sólo se presupuestaron para este rubro 549 millones 320 mil 603 pesos, lo que hace un faltante de 73 millones 140 mil 538 pesos.

De acuerdo con lo planteado con la funcionaria, ni corriendo a los 310 empleados se logra cubrir el faltante, pues ello sólo representaría 50 millones 76 mil 319 pesos, por lo que aún faltarían ajustar otro 23 millones 64 mil 218 pesos.

Es así como propone diversas acciones, una de ellas pone en la mira las prestaciones de los sindicalistas.

De manera específica plantea “revisar la naturaleza de las prestaciones sindicales y su incorporación presupuestal al rubro de prestación de servicios personales”.

Pese a la inconformidad que entre la plantilla laboral legislativa que han generado las medidas asumidas, y pese a los señalamientos de que el recurso se usará para ser distribuido entre los diputados, sólo nueve legisladores manifestaron formalmente su rechazo a la medida.

En el oficio de Rocío Pineda se da cuenta de ello: “Para efecto de la aplicación del acuerdo (de la JUCOPO y el Comité), tal como se instruyó en reunión de los citados órganos legislativos, se convocó, por conducto de los diputados coordinadores, a cada diputado para definir la integración de su plantilla, teniendo como resultado a la fecha (que), sólo han acudido a esta Secretaría 21 diputados, de los cuales 8 han manifestado negativa a la medida de disminución del personal”.

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