La crisis de inseguridad e ingobernabilidad que se vive en Guerrero con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el hallazgo de múltiples fosas clandestinas, coloca a esta entidad como un terreno fértil para las actividades criminales, que navegarían entre las existencia de los cárteles y la corrupción dentro de las instituciones públicas.
Recientemente en el estado sureño, al caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, se sumó otro hecho igual de aberrante, como lo fue la aparición nueve nuevas fosas ilegales, con restos humanos, mochilas y bolígrafos, indicio que hace pensar en que ahí fueron enterrados los de la normal rural de Ayotzinapa.
Una vez consumada la petición de licencia por parte del otrora gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero, el mandatario interino Rogelio Ortega Martínez, informó que se plantea la creación de una comisión especial que investigue el caso.
Dentro de las muchas críticas que produjo de medios y organizaciones, nacionales e internacionales, la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, afirmó que el gobernador provisional mantiene nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que datan de 2002.
De acuerdo a la organización, con base en correos electrónicos hallados la computadora personal de un líder guerrillero, Martínez –a quien también le achacan vínculos con secuestradores— habría pedido dinero prestado a los representantes de las FARC.
Para la organización InSight Crime, luego de que el gobierno federal interviniera en Michoacán para combatir el crimen organizado, fue Guerrero que se erigió como el paraíso de los delincuentes. Por ejemplo en 2013, la entidad tuvo la tasa de asesinatos más alta del país.
De igual forma, se apunta como uno de los factores de semejante violencia a la desintegración de Los Rojos –escisión de los Beltrán Leyva— que dio pie a enfrentamientos por territorios entre las pequeñas fracciones que quedaron.
Otro de los factores que está directamente involucrado con la violencia, es la corrupción oficial. En este caso, al grupo criminal Guerreros Unidos se le acusa de estar coludido con las autoridades locales en la desaparición de los normalistas.
